Diputados de diversas colectividades reaccionaron tras aprobación de reforma a la Educación Superior
Diputados de diversas colectividades reaccionaron tras aprobación de reforma a la Educación Superior
Publicado el 18 de julio del 2017
Desde el oficialismo calificaron el proyecto como algo histórico para la educación en Chile, mientras que desde la oposición resaltaron que este no es un proyecto que trate de mejorar la calidad de vida de los estudiantes o la calidad de la educación.
Luego de aprobarse el proyecto de ley sobre Educación Superior, diputados de diversas colectividades se manifestaron a favor y en contra de una propuesta que tiene como propósito la creación y fortalecimiento de la institucionalidad del sistema.
El presidente de la Comisión de Educación, diputado Rodrigo González (PPD), consideró como algo histórico el poder contar con un nuevo sistema de educación superior donde exista una mayor regulación y se sancione el lucro. “Es histórico que, por primera vez, después del año 1981, donde la dictadura dio las normas de educación superior, podamos tener un nuevo sistema regulado que va a permitir que se mantenga el financiamiento del aporte fiscal directo y un régimen que fortalezca el Consejo de Rectores y las universidades del Estado”.
Desde la bancada socialista, el diputado Daniel Melo señaló que con este proyecto de ley se da un paso fundamental para instalar en Chile un nuevo modelo para la educación superior. “Se pone fin al lucro, se avanza en un sistema que garantiza la educación como un derecho social, y esto no va a depender del gobierno de turno, sino que de una política de Estado que llegó para quedarse”, enfatizó.
En tanto, el diputado Independiente Roberto Poblete (independiente pro PS), indicó que a partir de hoy hay una vuelta de página en la historia de la educación chilena y se abren espacios en post de lograr mayor igualdad. “Aquí hay una buena noticia y es que se consagra la gratuidad y se aseguran recursos para que miles de familias vulnerables puedan enviar a sus hijos a estudiar. De hecho, en este proyecto se establece de forma permanente la política de gratuidad hasta el 60% más vulnerable a partir del 2018, con la opción de avanzar en cobertura dependiendo de las condiciones económicas del país”, explicó.
Por su parte, la diputada Yasna Provoste (DC) aclaró que la iniciativa forma parte de las profundas convicciones defendidas sin éxito en la Comisión de Educación. “Hoy día vemos cómo este Parlamento ha consagrado por ley el lucro y creo que esto tiene que ver con las dificultades o con las sombras que tiene este proyecto. Pero también esta iniciativa tiene el rostro de la realidad de un país que queremos construir con más igualdad y oportunidades, por cierto, la aprobación de la gratuidad, el garantizar que a partir del año 2018 vamos a llegar al sexto decil, en que esto deje de ser una glosa y que sea un financiamiento por ley de la República, es decir, que pase de ser una política pública y se convierta en una política de Estado”, declaró.
Promesa de la gratuidad
Para el diputado Giorgio Jackson (Ind) esta no es la reforma por la cual se ha marchado durante tantos años. “Hay mucha frustración, principalmente, porque llevamos muchos años protestando por una reforma que sea integral y que permita garantizar la educación como un derecho. Hace 50 años se enarbolaba con éxito una reforma universitaria en nuestro país que permitiera democratizar las instituciones y su acceso, luego del Golpe de Estado y de que se instalara un modelo neoliberal y después de las movilizaciones estudiantiles, teníamos la oportunidad de cambiar los ejes del sistema. Lamentablemente, a pesar de que pusimos indicaciones, esta parece ser más la reforma del Ministro de Hacienda que una reforma que responda completamente a los intereses educativos de un sistema distinto”, argumentó.
El diputado Rojo Edwards (RN), resaltó que este no es un proyecto que trate de mejorar la calidad de vida de los estudiantes o la calidad de educación, sino más bien es un proyecto de poder que consagra la intervención del Estado en la educación superior de todos los chilenos.
“Este es un proyecto que vende humo, promete gratuidad que, si consideramos el crecimiento que tiene el país en el día de hoy, probablemente no la alcancemos hasta el tricentenario de la nación. Es un proyecto elitista, por cuanto pone tantas trabas a las universidades para seguir siendo universidades que probablemente muchas de ellas van a tener que degradarlas a institutos profesionales, como lo han dicho claramente los parlamentarios de la Nueva Mayoría. Al igual que lo hicieron con la Ley de Inclusión, en el cual algunos colegios han tenido que cerrar y muchos otros colegios particulares subvencionados han tenido que traspasarse a particulares pagados”, subrayó.
CAE
En relación al crédito con aval del Estado, el parlamentario afirmó que lleva cuatro años el proyecto del expresidente Sebastián Piñera para cambiar el CAE, en la misma línea de lo que propone hoy el Ejecutivo, pero que ha estado durmiendo todos estos años. “No le creemos al Gobierno que realmente quiera cambiar el CAE, pero hacer lo que estaba haciendo el Frente Amplio era una irresponsabilidad, porque derogaba el CAE sin entregar ningún otro mecanismo”.
Mientras tanto, el diputado UDI Felipe De Mussy, hizo un llamado al gobierno a ser responsable con los dineros del Estado, recalcando que es momento de priorizar. “De aquí al año 2019, estaremos invirtiendo más de 2.000 millones de dólares en gratuidad, es decir, cinco veces el presupuesto del Sename y dos veces el presupuesto de las pensiones solidarias de nuestro país. En régimen, esto va a aumentar a casi 5.000 millones de dólares, o sea, 10 veces el presupuesto del Sename y más de tres veces el presupuesto de las pensiones solidarias”, dijo el parlamentario.
Desde el Ejecutivo, la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró que el 7 de noviembre es el plazo que se ha fijado para enviar al proyecto que deroga el CAE al Parlamento. “No tenemos espacio antes, no es un tema de voluntad, las dos comisiones de Educación están absolutamente copadas con reformas, lo vamos a tramitar, y lo que hemos dicho, que el primero de enero de 2019, debería estar absolutamente ese proyecto en ejecución. Y por lo tanto en ese mismo momento, desaparece el CAE. Desaparecerlo antes, no es porque tenga que quedarse, no lo queremos el CAE, pero desaparecerlo antes y dejar a todos los estudiantes en la incertidumbre si van a tener o no van a tener respaldo, es una cosa muy compleja.
Asimismo, la Secretaria de Estado agregó que para despacharlo en esta administración le van a poner todo el empeño posible, pero depende del Parlamento, pues “no tiene que ser un proyecto muy largo ni complejo, más bien es una decisión política de cómo se termina y por qué mecanismo se reemplaza”.
Publicado el 18 de julio del 2017
Desde el oficialismo calificaron el proyecto como algo histórico para la educación en Chile, mientras que desde la oposición resaltaron que este no es un proyecto que trate de mejorar la calidad de vida de los estudiantes o la calidad de la educación.
Luego de aprobarse el proyecto de ley sobre Educación Superior, diputados de diversas colectividades se manifestaron a favor y en contra de una propuesta que tiene como propósito la creación y fortalecimiento de la institucionalidad del sistema.
El presidente de la Comisión de Educación, diputado Rodrigo González (PPD), consideró como algo histórico el poder contar con un nuevo sistema de educación superior donde exista una mayor regulación y se sancione el lucro. “Es histórico que, por primera vez, después del año 1981, donde la dictadura dio las normas de educación superior, podamos tener un nuevo sistema regulado que va a permitir que se mantenga el financiamiento del aporte fiscal directo y un régimen que fortalezca el Consejo de Rectores y las universidades del Estado”.
Desde la bancada socialista, el diputado Daniel Melo señaló que con este proyecto de ley se da un paso fundamental para instalar en Chile un nuevo modelo para la educación superior. “Se pone fin al lucro, se avanza en un sistema que garantiza la educación como un derecho social, y esto no va a depender del gobierno de turno, sino que de una política de Estado que llegó para quedarse”, enfatizó.
En tanto, el diputado Independiente Roberto Poblete (independiente pro PS), indicó que a partir de hoy hay una vuelta de página en la historia de la educación chilena y se abren espacios en post de lograr mayor igualdad. “Aquí hay una buena noticia y es que se consagra la gratuidad y se aseguran recursos para que miles de familias vulnerables puedan enviar a sus hijos a estudiar. De hecho, en este proyecto se establece de forma permanente la política de gratuidad hasta el 60% más vulnerable a partir del 2018, con la opción de avanzar en cobertura dependiendo de las condiciones económicas del país”, explicó.
Por su parte, la diputada Yasna Provoste (DC) aclaró que la iniciativa forma parte de las profundas convicciones defendidas sin éxito en la Comisión de Educación. “Hoy día vemos cómo este Parlamento ha consagrado por ley el lucro y creo que esto tiene que ver con las dificultades o con las sombras que tiene este proyecto. Pero también esta iniciativa tiene el rostro de la realidad de un país que queremos construir con más igualdad y oportunidades, por cierto, la aprobación de la gratuidad, el garantizar que a partir del año 2018 vamos a llegar al sexto decil, en que esto deje de ser una glosa y que sea un financiamiento por ley de la República, es decir, que pase de ser una política pública y se convierta en una política de Estado”, declaró.
Promesa de la gratuidad
Para el diputado Giorgio Jackson (Ind) esta no es la reforma por la cual se ha marchado durante tantos años. “Hay mucha frustración, principalmente, porque llevamos muchos años protestando por una reforma que sea integral y que permita garantizar la educación como un derecho. Hace 50 años se enarbolaba con éxito una reforma universitaria en nuestro país que permitiera democratizar las instituciones y su acceso, luego del Golpe de Estado y de que se instalara un modelo neoliberal y después de las movilizaciones estudiantiles, teníamos la oportunidad de cambiar los ejes del sistema. Lamentablemente, a pesar de que pusimos indicaciones, esta parece ser más la reforma del Ministro de Hacienda que una reforma que responda completamente a los intereses educativos de un sistema distinto”, argumentó.
El diputado Rojo Edwards (RN), resaltó que este no es un proyecto que trate de mejorar la calidad de vida de los estudiantes o la calidad de educación, sino más bien es un proyecto de poder que consagra la intervención del Estado en la educación superior de todos los chilenos.
“Este es un proyecto que vende humo, promete gratuidad que, si consideramos el crecimiento que tiene el país en el día de hoy, probablemente no la alcancemos hasta el tricentenario de la nación. Es un proyecto elitista, por cuanto pone tantas trabas a las universidades para seguir siendo universidades que probablemente muchas de ellas van a tener que degradarlas a institutos profesionales, como lo han dicho claramente los parlamentarios de la Nueva Mayoría. Al igual que lo hicieron con la Ley de Inclusión, en el cual algunos colegios han tenido que cerrar y muchos otros colegios particulares subvencionados han tenido que traspasarse a particulares pagados”, subrayó.
CAE
En relación al crédito con aval del Estado, el parlamentario afirmó que lleva cuatro años el proyecto del expresidente Sebastián Piñera para cambiar el CAE, en la misma línea de lo que propone hoy el Ejecutivo, pero que ha estado durmiendo todos estos años. “No le creemos al Gobierno que realmente quiera cambiar el CAE, pero hacer lo que estaba haciendo el Frente Amplio era una irresponsabilidad, porque derogaba el CAE sin entregar ningún otro mecanismo”.
Mientras tanto, el diputado UDI Felipe De Mussy, hizo un llamado al gobierno a ser responsable con los dineros del Estado, recalcando que es momento de priorizar. “De aquí al año 2019, estaremos invirtiendo más de 2.000 millones de dólares en gratuidad, es decir, cinco veces el presupuesto del Sename y dos veces el presupuesto de las pensiones solidarias de nuestro país. En régimen, esto va a aumentar a casi 5.000 millones de dólares, o sea, 10 veces el presupuesto del Sename y más de tres veces el presupuesto de las pensiones solidarias”, dijo el parlamentario.
Desde el Ejecutivo, la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró que el 7 de noviembre es el plazo que se ha fijado para enviar al proyecto que deroga el CAE al Parlamento. “No tenemos espacio antes, no es un tema de voluntad, las dos comisiones de Educación están absolutamente copadas con reformas, lo vamos a tramitar, y lo que hemos dicho, que el primero de enero de 2019, debería estar absolutamente ese proyecto en ejecución. Y por lo tanto en ese mismo momento, desaparece el CAE. Desaparecerlo antes, no es porque tenga que quedarse, no lo queremos el CAE, pero desaparecerlo antes y dejar a todos los estudiantes en la incertidumbre si van a tener o no van a tener respaldo, es una cosa muy compleja.
Asimismo, la Secretaria de Estado agregó que para despacharlo en esta administración le van a poner todo el empeño posible, pero depende del Parlamento, pues “no tiene que ser un proyecto muy largo ni complejo, más bien es una decisión política de cómo se termina y por qué mecanismo se reemplaza”.
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