Diputados: Aprueban eliminar discriminación en plazos para el ingreso de documentos en el Archivo Nacional
Aprueban eliminar discriminación en plazos para el ingreso de documentos en el Archivo Nacional
Publicado el 20 de julio del 2018
La iniciativa legal, enviada a trámite al Senado, da cuenta de los plazos diferenciados y menores que poseen las regiones extremas del país para el ingreso de determinados documentos públicos y privados al Archivero Nacional.
Por 123 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, en general y en particular, el proyecto (boletín 11722) que busca eliminar una situación discriminativa que afecta a las regiones extremas, que pasa por la aplicación de plazos diferenciados y menores que el resto de las zonas del país, para el ingreso de determinados documentos públicos y privados al Archivero Nacional.
El informe de la Comisión de Cultura, replicando los antecedentes de la moción, ingresada en mayo de este año, informa que el Decreto con Fuerza de Ley 5,200, publicado en el año 1929, y emanado del entonces Ministerio de Educación Pública, regula disposiciones comunes al resguardo de documentos, cultura y patrimonio considerados relevantes para la nación; y creó la Dirección de Bibliotecas y Archivo.
Se indica que entre los órganos regulados se encuentra el Archivero Nacional, encargado de la custodia y conservación de documentos históricos, de carácter público, pero también privados, tales como protocolizaciones notariales, inscripciones conservatorias e incluso expedientes judiciales de los juzgados de letras y de los desaparecidos juzgados del crimen.
En dicho cuerpo legal -se acota en el informe- se especifica que deberán ser ingresados al Archivero Nacional los protocolos notariales, los registros de hipotecas, los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio y de minas, los libros copiadores de sentencias de los Tribunales de Justicia y los Expedientes judiciales de las provincias de Tarapacá y Antofagasta y de los Territorios de Aysén y Magallanes, que hayan cumplido treinta años de antigüedad, situación que se diferencia de la regla general que se aplica al resto de las regiones, que establece un plazo de 80 años para los mismos documentos.
En pro de acabar con esta diferenciación, el proyecto, ahora enviado a consideración del Senado, elimina la norma específica ya citada, dejando a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes bajo la norma general.
Publicado el 20 de julio del 2018
La iniciativa legal, enviada a trámite al Senado, da cuenta de los plazos diferenciados y menores que poseen las regiones extremas del país para el ingreso de determinados documentos públicos y privados al Archivero Nacional.
Por 123 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, en general y en particular, el proyecto (boletín 11722) que busca eliminar una situación discriminativa que afecta a las regiones extremas, que pasa por la aplicación de plazos diferenciados y menores que el resto de las zonas del país, para el ingreso de determinados documentos públicos y privados al Archivero Nacional.
El informe de la Comisión de Cultura, replicando los antecedentes de la moción, ingresada en mayo de este año, informa que el Decreto con Fuerza de Ley 5,200, publicado en el año 1929, y emanado del entonces Ministerio de Educación Pública, regula disposiciones comunes al resguardo de documentos, cultura y patrimonio considerados relevantes para la nación; y creó la Dirección de Bibliotecas y Archivo.
Se indica que entre los órganos regulados se encuentra el Archivero Nacional, encargado de la custodia y conservación de documentos históricos, de carácter público, pero también privados, tales como protocolizaciones notariales, inscripciones conservatorias e incluso expedientes judiciales de los juzgados de letras y de los desaparecidos juzgados del crimen.
En dicho cuerpo legal -se acota en el informe- se especifica que deberán ser ingresados al Archivero Nacional los protocolos notariales, los registros de hipotecas, los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio y de minas, los libros copiadores de sentencias de los Tribunales de Justicia y los Expedientes judiciales de las provincias de Tarapacá y Antofagasta y de los Territorios de Aysén y Magallanes, que hayan cumplido treinta años de antigüedad, situación que se diferencia de la regla general que se aplica al resto de las regiones, que establece un plazo de 80 años para los mismos documentos.
En pro de acabar con esta diferenciación, el proyecto, ahora enviado a consideración del Senado, elimina la norma específica ya citada, dejando a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes bajo la norma general.
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