OPINIÓN: El costo del robo de cables

OPINIÓN: El costo del robo de cables

Juan Manuel Taladriz 

Seremi de Energía Los Ríos

 

Hablar de robo de cables puede parecer, a primera vista, un delito contra la propiedad. Pero cuando se sustrae cobre de una red eléctrica, las consecuencias son mucho mayores, detrás de cada cable cortado puede haber familias sin suministro, sistemas de agua o regadío afectados, actividades productivas paralizadas y comunidades educativas y rurales que deben esperar horas para recuperar un servicio esencial.

 

En Los Ríos conocemos de cerca esta realidad. Los antecedentes reportados por SOCOEPA, COOPREL y SAESA–Luz Osorno dan cuenta de pérdidas que superan los $647 millones y de casi 58 mil metros de cable de cobre sustraídos, además del robo de transformadores, reguladores y otros equipos fundamentales para el funcionamiento de las redes eléctricas.

 

A ello se suma el reciente trabajo de la PDI y el Ministerio Público, que permitió investigar 15 robos de cobre cometidos principalmente en sectores rurales de nuestra región, con daños estimados en cerca de $300 millones. Este resultado es una señal importante, estos delitos se pueden investigar, perseguir y enfrentar cuando existe coordinación.

 

Pero no podemos actuar solamente después de ocurrido el robo.

 

Como Ministerio de Energía tenemos la responsabilidad de preocuparnos por la continuidad y seguridad del suministro eléctrico. Por eso hemos sostenido conversaciones con el Seremi de Seguridad Pública para avanzar en la conformación de una mesa regional que permita abordar este fenómeno de manera coordinada, convocando a las instituciones de seguridad, policías, empresas y organismos competentes.

 

Los Ríos tiene una extensa ruralidad y miles de familias dependen de redes que recorren grandes distancias y sectores aislados. Allí, cortar un cable no significa solamente llevarse cobre. Significa dejar a una familia sin luz, afectar el trabajo de un agricultor o interrumpir servicios indispensables para una comunidad.

 

El robo de infraestructura eléctrica requiere una respuesta firme y coordinada. Ese es el desafío que debemos asumir como región.