Nueva Publicación de la CEPAL: Boletín de Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe
» Editorial
|
|
» Miradas y perspectivas
Editorial Estimadas lectoras y estimados lectores:
El presente número del Boletín de Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores aborda, desde diferentes puntos de vista, la situación de los derechos humanos de las personas mayores, al tiempo que permite intercambiar experiencias y conocimientos en materia de políticas públicas en América Latina y el Caribe. Publicamos este número a pocas semanas de haber conmemorado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago los 10 años del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, un acuerdo regional que promueve el desarrollo y los derechos de todos los grupos de población. Como parte del proceso de seguimiento de la implementación del Consenso de Montevideo, la CEPAL, Secretaría Técnica del Consenso, presentó el informe Población, desarrollo y derechos en América Latina y el Caribe: propuesta de segundo informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, y actualizó la plataforma virtual con nueva información sobre instituciones, leyes y políticas en materia de población y desarrollo. Específicamente, en su capítulo C, el Consenso de Montevideo aborda los temas del envejecimiento, la protección social y los desafíos socioeconómicos que suponen. El cuidado es un tema central para enfrentar los desafíos del rápido proceso de envejecimiento y contribuir a la realización de los derechos de las personas mayores en la región. Por ello, la CEPAL hace desde hace tiempo un llamado a transitar hacia una sociedad del cuidado. Todos los seres humanos somos potencialmente sujetos de cuidado a lo largo del ciclo de vida ya que las personas receptoras de cuidado incluyen niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad o enfermedades crónicas. La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) mostró claramente la importancia de las labores de cuidado, ya sean remuneradas o no remuneradas, para el funcionamiento de nuestras sociedades. Debido a la desigualdad de género, las mujeres son las que mayoritariamente proveen cuidados en los hogares. Por lo tanto, es necesaria la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, así como la intervención del Estado para proveer sistemas integrales de cuidados. También es importante destacar que, por resolución 77/317 de la Asamblea General, de 24 de julio de 2023, se proclamó el 29 de octubre Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. En dicha resolución se “invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones mundiales, regionales y subregionales, así como a otras partes interesadas pertinentes, como la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y los particulares, a que celebren anualmente el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo de manera adecuada a fin de concienciar sobre la importancia de los cuidados y el apoyo y su contribución clave a la consecución de la igualdad de género y la sostenibilidad de nuestras sociedades y economías, y sobre la necesidad de invertir en una economía del cuidado resiliente e inclusiva, incluido el desarrollo de sistemas de cuidados y apoyo sólidos y resilientes”. Dos artículos de esta edición del Boletín abordan el tema de los cuidados. En el primero de ellos, “Políticas y sistemas integrales de cuidados de largo plazo para las personas mayores: análisis de experiencias en América Latina y el Caribe”, se comparten experiencias regionales sobre el diseño de sistemas y políticas de cuidados de largo plazo para las personas mayores. En él se analiza el papel de la protección social frente a los cambios demográficos y se hacen recomendaciones estratégicas para avanzar en la consolidación de respuestas nacionales encaminadas al diseño e implementación de sistemas integrales de cuidados de largo plazo. El segundo, “Cuidados al final de la vida y derechos de las personas mayores”, se centra en los cuidados al final de la vida, instante de la existencia en que la dignidad se vuelve absolutamente vital y que nadie debería afrontar en medio del sufrimiento. De ahí surge la crucial necesidad de que el Estado intervenga, asumiendo la responsabilidad de proporcionar las condiciones óptimas de los cuidados al final de la vida. En el artículo “El impacto socioeconómico del cambio demográfico: análisis comparativo entre América Latina y el Caribe y la República de Corea” se aborda el proceso de la transición demográfica y se analiza la contribución del bono demográfico al crecimiento económico. La experiencia de la República de Corea permite extraer una serie de orientaciones para los países de América Latina y el Caribe —en especial los más rezagados en el proceso de transición demográfica— a fin de aprovechar plenamente las oportunidades generadas durante el período de bono demográfico. Se informa en otro artículo sobre el proceso del Cuarto examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), llevado a cabo por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y coordinado por las comisiones regionales. El artículo expone las conclusiones generales y los avances y desafíos en la aplicación del Plan de Acción de Madrid por áreas prioritarias y temas correspondientes, centrándose en América Latina y el Caribe. En esta edición del Boletín se incluye, asimismo, una nota informativa, “Personas mayores en lucha colectiva: experiencia de participación política de las organizaciones de personas mayores en América Latina y el Caribe que forman parte de Grupo de Personas Mayores de la Mesa de Vinculación”, sobre las actividades llevadas adelante por Chile durante 2023 en el ejercicio de la Presidencia de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, que da seguimiento a la Declaración de Santiago: “Derechos humanos y participación de las personas mayores: hacia una sociedad del cuidado inclusiva y resiliente”, aprobada por los países de la región en la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe celebrada en diciembre de 2022. La Declaración de Santiago considera la plena y efectiva participación de las personas mayores como forma de avanzar hacia una sociedad del cuidado inclusiva y resiliente. En ella, los Gobiernos ratificaron su compromiso con las políticas y sistemas integrales de cuidado con perspectiva de interseccionalidad e interculturalidad, el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de quienes reciben y proveen cuidados de forma remunerada y no remunerada, considerando las cadenas globales de cuidado, y la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, las familias, las comunidades y las personas. Considerando que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos de las personas mayores y participan en diferentes órganos subsidiarios de la CEPAL, en este Boletín, el Grupo de Personas Mayores del Mecanismo de participación de sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible aborda la experiencia de participación política de las diferentes organizaciones de personas mayores y las acciones que llevan adelante en concordancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por último, se destaca que la CEPAL seguirá acompañando a los países de la región para enfrentar de los retos que impone el cambio demográfico y el envejecimiento de la población, aprovechando una de sus principales ventajas institucionales: la capacidad para favorecer el intercambio de conocimientos y de experiencias para promover la cooperación. Además, continuará con su compromiso con la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos, así como con la dignidad y las libertades de las personas mayores. La CEPAL hace suyas las palabras de António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas: “las personas de edad son fuentes inestimables de conocimientos y experiencia y tienen mucho que aportar a la paz, al desarrollo sostenible y a la protección de nuestro planeta”.
Reciban un cordial saludo,
Simone Cecchini Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) División de Población de la CEPAL Políticas y sistemas integrales de cuidados de largo plazo para las personas mayores: análisis de experiencias en América Latina y el Caribe
13 de diciembre de 2023|Enfoques Es así que en América Latina y el Caribe hay alrededor de ocho millones de personas mayores que requieren asistencia para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria, en particular comer, vestirse o bañarse, una cifra que podría triplicarse hacia 2050 y alcanzar los 27 millones de personas (Cafagna y otros, 2019). En la actualidad, el 1% de la población total de la región —una cantidad equivalente al 12% de las personas mayores de 60 años— es dependiente por motivos de enfermedad o discapacidad y requiere cuidados de largo plazo (Cafagna y otros, 2019). Se estima que en 2030 el 17% de la población será mayor de 60 años, que en 2050 esa proporción habrá aumentado a una cuarta parte de la población (Cafagna y otros, 2019, pág. 7), y que hacia 2100 casi un tercio de la población tendrá más de 65 años (Turra y Fernandes, 2021, pág. 14). Si se tiene en cuenta que hay más probabilidades de que las personas mayores de 60 años presenten alguna dependencia funcional, puede afirmarse que el envejecimiento poblacional conlleva un aumento considerable de las necesidades de cuidados (Cafagna y otros, 2019). Sin embargo, los cuidados que pueden ofrecer las familias en sus hogares se están reduciendo debido a los cambios que están experimentando en su estructura, en ámbitos como la disminución de la fecundidad, la reducción de su tamaño, su verticalización, el envejecimiento, las migraciones, los divorcios y el aumento de los hogares unipersonales (Huenchuan, 2009; Oddone, 2020, pág. 47). El aumento de la demanda de cuidados y el hecho de que ya no es posible ni deseable que las mujeres continúen proveyéndolos de manera informal han generado una crisis en el ámbito de los cuidados que hace cada vez más necesaria la corresponsabilidad social y la intervención del Estado para proveer sistemas integrales de cuidados (CEPAL, 2010; Comas-d’Argemir y Bofill-Poch, 2021). A fin de hacer frente a la crisis de los cuidados, los Estados de la región han impulsado, a través de distintas Conferencias Regionales sobre la Mujer, el reconocimiento del derecho humano al cuidado y un cambio del paradigma de desarrollo para avanzar hacia uno centrado en el cuidado de las personas y el medio ambiente, a fin de establecer una “sociedad del cuidado” (CEPAL, 2022a). El derecho al cuidado incluye el derecho de toda persona a acceder a los cuidados que requiera para garantizar su bienestar, el derecho de las personas a decidir no brindar cuidados, o brindarlos en condiciones dignas, y el derecho al autocuidado. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cuidado de largo plazo se ha definido como: […] el sistema de actividades realizadas por cuidadores informales (familia, amigos o vecinos) o por profesionales (trabajadores de la salud, trabajadores sociales y otros) para asegurar que una persona que no es plenamente capaz de su autocuidado pueda mantener el más alto nivel de calidad de vida posible, de acuerdo con sus preferencias individuales, con el mayor grado posible de independencia, autonomía, participación, realización personal y dignidad humana” (OMS, 2002, pág. 7). Entonces, ¿cómo puede definirse a las personas que no son plenamente capaces de proveerse autocuidados? Son aquellas que no pueden realizar actividades necesarias para la vida diaria sin la ayuda de otros por un período prolongado (OMS, 2015, citado en Cafagna y otros, 2019, pág. 6). Comer, vestirse, bañarse, acostarse y levantarse de la cama, ir al baño y contener los esfínteres se definen como actividades básicas de la vida diaria, en tanto que prepararse la comida, limpiar, lavar, tomar medicamentos, trasladarse a lugares más allá de la distancia que puede recorrerse a pie, ir de compras, gestionar los asuntos de dinero y utilizar el teléfono o Internet se definen como actividades instrumentales. En consecuencia, en la elaboración de las políticas de cuidado de largo plazo debe tenerse en cuenta que los grupos sociales con menos poder y menos recursos económicos, o aquellos que enfrentan discriminaciones múltiples, tienden a presentar mayores necesidades de cuidados de largo plazo y enfrentan mayores obstáculos para satisfacerlas. En el caso de las personas mayores, se requiere que las políticas de cuidados ofrezcan una amplia gama de servicios, a fin de responder de manera adecuada a las necesidades específicas de cada situación particular y, a su vez, garantizar su derecho a recibir cuidados en condiciones de igualdad y no discriminación (Huenchuan y Roqué, 2009; OEA, 2015). Junto con la educación, la salud y la seguridad social, las políticas integrales de cuidados han sido reconocidas como uno de los pilares fundamentales del bienestar social (ONU-Mujeres/CEPAL, 2021) o del sistema de protección social (Comas D’Argemir, 2015). Dichas políticas persiguen un doble propósito: por un lado, garantizar el derecho al cuidado de las personas dependientes y, por otro, redistribuir el trabajo de cuidados entre los diferentes actores responsables del cuidado, promoviendo la igualdad de género. En este sentido, es necesario diseñar sistemas integrales de cuidados que tengan en cuenta las cuestiones relativas al género, la interseccionalidad, la interculturalidad y los derechos humanos, que promuevan la corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres, el Estado, el mercado, las familias y la comunidad, y que incluyan políticas articuladas en torno al tiempo, los recursos, las prestaciones y los servicios públicos universales y de calidad, a fin de satisfacer las distintas necesidades de cuidado de la población como parte de los sistemas de protección social (CEPAL, 2020). Con respecto a los beneficios de la inversión en políticas integrales de cuidados, se ha demostrado que generan un dividendo triple que favorece el desarrollo económico de los países, a saber: i) en primer lugar, los cuidados y la educación que se brindan a la infancia repercuten de manera positiva en su desarrollo y en sus posibilidades futuras de acceder a mejores empleos; ii) en segundo lugar, los incentivos para formalizar el trabajo de cuidados, sean a través del Estado o del mercado, no solo permiten regular este sector para aumentar su calidad, sino que generan retornos en la forma de impuestos y aportes a la seguridad social, y iii) finalmente, la inversión en los sistemas de cuidados facilitaría la inserción de las mujeres en el mercado laboral y les permitiría aumentar los ingresos de sus hogares y romper el ciclo de la pobreza, que surge cuando no se tienen opciones para despojarse de la carga del trabajo de cuidados no remunerado (Bango y Cossani, 2021, pág. 19). También se ha reconocido que las políticas en materia de cuidados de largo plazo reducen el gasto en servicios sanitarios, ya que el número de emergencias se reduce y los cuidados mejoran la salud de las personas mayores (Cafagna y otros, 2019). Al respecto, Cafagna y otros (2019) consideran que los gobiernos deben ofrecer incentivos para hacer crecer el mercado de los servicios privados de cuidados de largo plazo, independientemente de que sean brindados por trabajadores y trabajadoras a cuenta propia, por residencias privadas de larga estadía, por empresas de servicios a domicilio o por empresas que brindan teleasistencia u otro tipo de soluciones de cuidados a través de la tecnología. Esto responde a que “pueden ser un poderoso motor de generación de empleo” (Cafagna y otros, 2019, pág. 48). Al respecto, la República de Corea es un ejemplo del crecimiento de este sector, ya que en menos de diez años ha logrado desarrollar un mercado de cuidados de largo plazo que emplea al 1% de la población, del cual el 95% son mujeres (Cafagna y otros, 2019, pág. 48). No obstante, existen algunas limitaciones para aplicar la propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los países de América Latina y el Caribe, una de las regiones con mayor desigualdad económica del mundo, en la que solo un sector reducido de la población podría pagar servicios privados de cuidados de largo plazo, que quedarían fuera del alcance de la mayoría. En consecuencia, si los Gobiernos de la región no logran garantizar los servicios de cuidados de largo plazo como un derecho humano cuya accesibilidad no se vea limitada por la posición económica de las personas, las medidas como las que sugiere el BID no harán más que profundizar las brechas de desigualdad en el ámbito del acceso a los cuidados. Por otro lado, la promoción de los servicios privados de cuidados debe ir acompañada de procesos y mecanismos de regulación y seguimiento impulsados por los gobiernos, a fin de asegurarse de que la lógica del lucro económico no se imponga por sobre las necesidades de cuidados de las personas mayores. En la República de Corea se vive un proceso de envejecimiento mucho más acelerado que en otros países del mundo debido a dos factores: por un lado, el rápido decrecimiento de su tasa de natalidad y, por el otro, el veloz incremento de la esperanza de vida. Se prevé que la población de ese país mayor de 65 años se duplicará en los próximos dos decenios, y pasará de 8,07 millones de personas (16,1%) en 2020 a 16,98 millones (35,3%) en 2040. Según las previsiones, el estadio de superenvejecimiento en la República de Corea se alcanzará en 2025, cuando la población de este grupo etario alcance el 20,3% del total de la población (Statistics Korea, 29 de septiembre de 2021). Por otro lado, debido al aumento del número de personas de 65 años y más, se espera que de aquí a 2040 la tasa de dependencia vinculada con el envejecimiento pase de 22,5 a 63,4 personas por cada 100 en edad de trabajar, y que el índice de envejecimiento aumente de 129,6 a 393,9 en el mismo período (Statistics Korea, 14 de abril de 2022) (véase el gráfico 1). Gráfico 1  Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de Statistics Korea, “Population Prospects of Koreans and Foreigners based on the 2021 Population. Projections: 2020-2040”, 14 de abril de 2022 [en línea] https://kostat.go.kr/board.es?mid=a20108080000&bid=11748 . En el año 2000, los diversos sistemas de seguros de salud se integraron en el servicio nacional de seguros de salud (National Health Insurance (NHIS)), un sistema de aplicación obligatoria supervisado por el Gobierno de la República de Corea que brinda cobertura a toda la población mediante un asegurador único. A través del sistema se brindan servicios de salud necesarios, desde tratamientos para lesiones hasta atención en casos de fallecimiento, y se garantiza la asistencia médica gratuita a quienes enfrentan dificultades para acceder a la seguridad social. Si bien fue reconocido como un sistema estable, una de sus vulnerabilidades es que no brinda servicios de cuidados para las personas mayores. Ante esta realidad y frente a los retos demográficos actuales, entre ellos las previsiones sobre la dinámica de la población en la República de Corea, se implementó el sistema de seguros para la atención de largo plazo (Long-Term Care Insurance (LTCI)). Mientras que el NHIS cubre los tratamientos médicos de personas de todas las edades, el LTCI es un seguro público y obligatorio que busca proporcionar servicios de cuidados específicamente dirigidos a las personas mayores, a fin de atender las necesidades que no se encontraban cubiertas antes de la creación del sistema. Gracias a la cobertura del LTCI, la prestación de los servicios ha pasado de centrarse en el proveedor a centrarse en las personas, con lo que personas de diferentes niveles de ingresos han podido acceder a servicios especializados ofrecidos por profesionales capacitados para realizar tareas de cuidados. Un aspecto importante que destacan Kim y Kwon (2021) es que los planes de financiamiento de ambos seguros (el LTCI y el NHIS) fueron diseñados por separado para evitar las cargas financieras imprevistas que podrían haber surgido si el LTCI se hubiese añadido tan solo como un componente adicional, así como para lograr una mejor recepción por parte de la población, al tratarse del pago de una nueva prima por un nuevo seguro que cubría un nuevo servicio. En poco más de una década, el país alcanzó la cobertura universal del LTCI. De acuerdo con Kim y Kang (2022), esto fue posible debido a tres factores: i) el diseño del sistema (que permitió ampliar la cobertura en los sectores formales e informales); su obligatoriedad; el tipo de designación de los proveedores de servicios médicos; el uso de cotizaciones bajas con paquetes pequeños de prestaciones sociales, y el suministro de cobertura familiar; ii) la vinculación de la operación con el sistema de registro civil y estadísticas vitales, lo que permitió la actualización permanente de datos; y iii) la aplicación de políticas flexibles para promover el liderazgo local. En cuanto a las limitaciones, se ha señalado que las personas cuidadoras se han enfrentado a diferentes problemas desde la creación del LTCI, en particular los bajos salarios y el incumplimiento de la normativa laboral, pues sus jornadas de trabajo son más largas que las que establece la legislación y no reciben capacitación para el trabajo; asimismo, las enfermedades músculo-esqueléticas, que en la actualidad son consideradas afecciones relacionadas con el envejecimiento y no con el trabajo de cuidado, no están contempladas en la cobertura (Chon y Kim, 2020). Además, la división entre el seguro de enfermedad y el seguro de cuidados de largo plazo parece tener un efecto negativo en la sostenibilidad del LTCI. De acuerdo con algunos estudios (Moon, 2022), esto se traduce en la fragmentación de los servicios, en la superposición de acciones en materia de salud y en una merma en la percepción de los usuarios en cuanto a la calidad de los servicios. Todo ello genera gastos que podrían solventarse si ambos seguros estuvieran integrados. Además, se plantea la necesidad de establecer normas más estrictas (prerrequisitos) para acceder a las prestaciones y de buscar estrategias como la integración de los servicios de cuidado y la operación del sistema para reducir los costos de los servicios médicos. La urgencia de avanzar hacia una sociedad del cuidado, donde se garanticen los derechos de las personas en cualquier momento del curso de su vida, se hace evidente cuando se analiza la evolución de las variables básicas —la fecundidad y la mortalidad— y su relación con los cambios económicos, sociales y culturales. Los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que entre 2020 y 2030 la población de 60 años y más en la región aumentará en 31,1 millones de personas y alcanzará los 114,9 millones de personas, una cantidad equivalente al 16,5% de la población total de América Latina y el Caribe. Para 2050, se estima que el grupo etario de 60 años y más alcanzará los 188,1 millones de personas, y representará alrededor del 25,1% de la población de la región (véase el grafico 6). La tasa de crecimiento natural disminuirá gradualmente hasta 2060, momento en que las tasas de fecundidad y de mortalidad registradas a finales del siglo XX y principios del XXI habrán descendido hasta ingresar en terreno negativo, lo que dará paso a un aumento significativo del peso relativo de las personas mayores de 60 años en la población total (véase el gráfico 2). Gráfico 2 América Latina y el Caribe: estimaciones y proyecciones de la población total y de 60 años y más, por decenios, 1950-2100 (En miles de personas a mitad del año)  Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de demografía (CELADE)–División de Población de la CEPAL, revisión 2022 y Naciones Unidas, 2022 Revision of World Population Prospects [en línea] https://population.un.org/wpp/ . La elevada informalidad existente en América Latina y el Caribe impacta profundamente en los niveles de protección social que cada país brinda a sus habitantes. Dichas diferencias tienen su origen en las características propias de los distintos mercados de trabajo, quelos países han buscado fortalecer promoviendo la formalización, la valorización del salario mínimo, el fortalecimiento de las instancias de negociación colectiva, la creación de seguros de desempleo, el establecimiento de políticas para favorecer la autonomía económica de las mujeres y la articulación de sistemas de capacitación y educación. Como estrategia fundamental, es necesario que la región avance hacia la universalización de la protección social, lo que implica no solo mejorar la cobertura y la calidad de las prestaciones, sino crear y fortalecer infraestructuras y sistemas de transferencias y, desde una mirada más reciente, considerar al cuidado como un pilar de la protección social (Minoldo y Peláez, 2023). Según Huenchuan (2013), la protección social en la vejez se basa en tres pilares: las pensiones, la atención básica de salud y los servicios sociales para la autonomía. La responsabilidad de los pilares referidos a las pensiones y a la atención de salud recae en el Estado; por otro lado, los servicios sociales para la promoción de la autonomía parten de una responsabilidad compartida entre la sociedad y el Estado para construir prestaciones sociosanitarias que fortalezcan la atención de las personas mayores. Para ampliar la cobertura de la protección social se requiere una revisión de los factores que determinan la falta de acceso, tales como la informalidad laboral, la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados, la brecha de género, la pertenencia étnica, el lugar de residencia (urbano o rural), y la situación migratoria, de salud y de discapacidad, entre otros. En el caso de las personas mayores, la ampliación de la cobertura implica: i) reconocer la diversidad en la vejez, es decir, considerar las distintas trayectorias laborales presentes y pasadas del grupo etario; ii) procurar la ampliación de la protección social para que incluya la economía informal; iii) desarrollar acciones específicas para garantizar la protección social de los distintos tipos de vejez en las zonas rurales; iv) desarrollar acciones específicas para garantizar la protección social de las personas mayores que cuidan, y v) considerar al cuidado como un pilar fundamental de los sistemas de protección social, al igual que lo son la salud y las pensiones. De acuerdo con la CEPAL, las políticas de cuidado abarcan aquellas acciones públicas referidas a la organización social y económica del trabajo destinadas a garantizar el bienestar físico y emocional cotidiano de las personas con algún nivel de dependencia. Según el Informe Avances y Retos legislativos en materia de Autonomía y Empoderamiento Económico de las mujeres en Iberoamérica (ONU-Mujeres/SEGIB, 2020), existen grandes desafíos legislativos para lograr la disminución de las brechas que impiden avanzar de manera equitativa hacia una organización social del cuidado en la región. Entre tales desafíos se cuentan la falta de legislación en materia de igualdad salarial; la persistencia de legislación que en la práctica restringe la libertad de elección de empleo de las mujeres y promueve la segregación ocupacional; la carencia de legislación que reconozca el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y la necesidad de redistribuirlo, y la ausencia de legislación que regule y proteja el trabajo doméstico y que prevenga la discriminación por sexo en la cobertura de pensiones. Para avanzar hacia el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es indispensable eliminar las leyes discriminatorias y avanzar legislativamente hacia la protección de los derechos de las personas, especialmente de las mujeres que realizan trabajos de cuidado tanto remunerados como no remunerados. Por otro lado, en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los Estados parte se comprometieron a “implementar políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos de crisis y recesiones económicas en la vida de las mujeres, y promover marcos normativos y políticas que dinamicen la economía en sectores clave, incluido el de la economía del cuidado” (CEPAL, 2020). Diagrama 1: Vinculación de las políticas de cuidado con otras políticas públicas y relación bidireccional con otras políticas  Fuente: Elaboración propia. El establecimiento de sistemas y políticas de cuidados de largo plazo en la región aún es limitado en la mayoría de los países. Esto se debe fundamentalmente a: i) la variabilidad de las aproximaciones al concepto de dependencia; ii) la falta de recursos económicos para brindar asistencia sanitaria a quienes requieren cuidados de largo plazo; iii) la falta de datos confiables y actualizados sobre la población con necesidades de cuidados de largo plazo, sobre la infraestructura existente y la que se necesita, sobre el personal calificado para hacer frente a este reto y sobre los cuidadores que son familiares o que no son profesionales; iv) la construcción social de los cuidados de largo plazo, que en muchos países mantiene una perspectiva familista (o familiarista), y v) la carencia de una perspectiva de derecho al cuidado. Si bien es cierto que las necesidades de cuidados de largo plazo no son exclusivas de las personas mayores o de las personas con enfermedades no transmisibles, las condiciones demográficas y epidemiológicas y la aparición del COVID-19 han puesto de manifiesto la necesidad de establecer políticas dirigidas a este sector. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Decenio de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable (2021-2030) han establecido entre sus metas la creación de sistemas de protección social que garanticen el acceso a este derecho. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2021), la relevancia del tema de los cuidados de largo plazo en la región se justifica en tres necesidades: i) llegar a un consenso sobre las definiciones, las normas y las herramientas para evaluar la dependencia; ii) elaborar un catálogo de estrategias e intervenciones para prevenir la discapacidad, mejorar la capacidad funcional y disminuir la dependencia, y iii) establecer un proceso para el diseño y la puesta en marcha de sistemas de cuidados de largo plazo que sean sostenibles desde el punto de vista financiero, asequibles, basados en los derechos humanos y de naturaleza multisectorial. Los sistemas de cuidados son un componente central del sistema de protección social y se definen como el conjunto de acciones públicas y privadas intersectoriales que se desarrollan de forma articulada para brindar atención directa a las personas y apoyar a las familias en el cuidado de los miembros del hogar. Esto incluye la atención de las personas dependientes, tales como los menores de edad, las personas con algún tipo de discapacidad, las personas mayores y los enfermos (Batthyány, 2015, pág. 25). En el mundo y en América Latina y el Caribe, los sistemas integrales de cuidados son un factor fundamental para el logro del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género y un elemento clave para la recuperación socioeconómica, ya que generan empleos directos e indirectos y favorecen el adecuado funcionamiento de otros sectores de la economía (ONU-Mujeres/CEPAL, 2020). Para lograr sistemas integrales de cuidados, es necesario desarrollar políticas de cuidados universales, solidarias, autónomas y basadas en la corresponsabilidad social. Eso no solo implica que los sistemas deben diseñarse conforme a mecanismos que permitan la participación equilibrada de los diferentes actores implicados, a saber, el Estado, el mercado, las familias y la sociedad, sino también que su organización debe basarse en el principio de equidad entre hombres y mujeres (véase el cuadro 1). Cuadro 1
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Envejecimiento en América Latina y el Caribe: inclusión y derechos de las personas mayores (LC/CRE.5/3), Santiago, 2022. ONU-Mujeres/CEPAL (2020) señalan que las políticas de cuidados deben estructurarse en torno a cinco componentes: i) los servicios que se proveen; ii) las regulaciones que se establecen; iii) la formación de las personas que cuidan de manera formal y no formal; iv) las acciones de gestión de la información y generación de conocimiento público sobre los cuidados, y v) las acciones de comunicación para la promoción del derecho al cuidado y del cambio cultural. Según María Noel Vaeza: “Para que las políticas de cuidados puedan conformarse como un sistema es necesario desarrollar, además, un modelo de gobernanza que incluya la articulación interinstitucional —a nivel nacional y territorial— entre todas las instituciones que implementan acciones orientadas al cuidado de distintas poblaciones objetivo, como forma de aprovechar de manera eficiente las capacidades instaladas a nivel estatal y a nivel social, desarrollando así un modelo de gestión que tienda a pasar de la lógica de los servicios a la lógica de las personas”[1]. Por ello, los sistemas de cuidados deben basarse en las perspectivas de género, de derechos, de interculturalidad y de interseccionalidad. La inclusión del cuidado en la agenda pública y su materialización en políticas públicas es reciente en la región. Sin embargo, a partir del posicionamiento del tema a nivel internacional y del reconocimiento de la relevancia del cuidado para el desarrollo de los países, en los últimos años se han registrado importantes avances a nivel legislativo, de políticas, de acciones y de registro de información, que han permitido a muchos países sentar las bases para la creación de sistemas públicos de cuidados (véase el cuadro 2).
Cuadro 2  Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Envejecimiento en América Latina y el Caribe: inclusión y derechos de las personas mayores (LC/CRE.5/3), Santiago, 2022. Bibliografía
_________________________________________________________________________________________________ [1] Véase CEPAL, “ONU Mujeres y CEPAL promueven la construcción de Sistemas Integrales de Cuidados en América Latina y el Caribe”, 16 de noviembre de 2021 [en línea] https://www.cepal.org/es/noticias/onu-mujeres-cepal-promueven-la-constru....
Nota: este artículo corresponde a un resumen del documento del mismo nombre cuya autora es Verónica Montes de Oca, quien agradece el apoyo de Kamila González, pasante del CELADE-División de Población de la CEPAL, en la revisión de este resumen. Fuente: CEPAL |
Comentarios