Diputados: Junaeb expuso por presuntas irregularidades en alimentación escolar

 Junaeb expuso por presuntas irregularidades en alimentación escolar

Desde la Junaeb, Fernando Peña informó sobre la licitación del PAE 2021-2023, las observaciones de la Contraloría y la denuncia ante el Ministerio Público por eventuales irregularidades.


La comisión investigadora sobre eventuales irregularidades en la entrega de raciones por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) durante el período 2019-2024, en la Región de O’Higgins, recibió al director nacional del organismo, Fernando Peña, quien se refirió a los hechos relacionados con la empresa Soser y al pago de más de 14.000 millones de pesos por raciones que no se habrían entregado.


La autoridad entregó antecedentes sobre la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2021-2023 (ver presentación), proceso que, actualmente, forma parte de una investigación del Ministerio Público. Su exposición abordó modificaciones de contratos, ajustes en las raciones y observaciones formuladas por la Contraloría General de la República. Así, por ejemplo, indicó que, en dicho periodo, se efectuaron pagos por un total de $14 mil 363 millones por productos que no se sirvieron a las y los menores.


Informó que, en 2019, la Junaeb contrató, vía trato directo, por $120 millones, a Inventia Consultores SpA para elaborar las bases de la licitación. Asimismo, dio cuenta de la eliminación de bandas de precios y de posteriores modificaciones de contratos y ajustes en la cantidad de raciones.


Asimismo, el representante de la Junaeb entregó datos sobre la denuncia presentada por el organismo ante el Ministerio Público, en mayo de 2026, luego de una auditoría interna. La causa indaga presuntos delitos de fraude al fisco, soborno, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias.


Finalmente, la Junaeb detalló las medidas adoptadas para reforzar sus mecanismos de control. Entre ellas se encuentran la restitución de bandas de precios mínimos y máximos, el retorno de la elaboración de las bases de licitación a equipos técnicos internos y la implementación del PAE Online para verificar las raciones entregadas según la matrícula de cada establecimiento.


A dichas medidas se suma la incorporación de un nuevo modelo de multas. También se avanzó en fortalecer el seguimiento de los contratos y en el control de la toma de razón de la Contraloría.


Llamado a perfeccionar el control en la Junaeb


En el debate, las y los parlamentarios señalaron que se trata de una situación lamentable, pero de la cual se deben extraer lecciones para perfeccionar y modernizar los mecanismos de control, con el fin de evitar que hechos similares se repitan, tanto en la Región de O’Higgins como en el resto del país.


En tal sentido, manifestaron inquietudes respecto de los mecanismos para medir las raciones efectivamente servidas y consumidas. Estimaron que contar con información precisa permitiría mejorar los modelos de gestión y determinar adecuadamente los pagos.


También plantearon la necesidad de establecer si las irregularidades detectadas en O’Higgins pudieron repetirse en otras regiones, por lo que solicitaron una revisión exhaustiva de los contratos de alimentación y de la eventual existencia de sobreprecios a nivel nacional.


Asimismo, cuestionaron que empresas que acumulan multas puedan continuar participando en nuevas licitaciones y propusieron revisar los mecanismos para restringir temporalmente su participación mientras no subsanen los incumplimientos.


Otro de los temas abordados fue la situación de las manipuladoras de alimentos. Particularmente, los despidos registrados en algunas comunas, junto con la necesidad de resguardar sus condiciones laborales.


Los parlamentarios, igualmente, pusieron énfasis en la calidad de la alimentación entregada a niños y niñas; el uso transparente de los recursos públicos; y la necesidad de avanzar en la modernización de la Junaeb.


Finalmente, expresaron reparos respecto del diseño de las bases de licitación, especialmente, por haber sido elaborada por una empresa externa constituida en 2019. En este contexto, pidieron determinar de qué manera este proceso pudo incidir en las situaciones que actualmente se investigan.

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