Senado: Pequeña propiedad raíz en emergencias: Medio Ambiente aprueba regularización extraordinaria para catástrofes
Pequeña propiedad raíz en emergencias: Medio Ambiente aprueba regularización extraordinaria para catástrofes
La medida busca convertirse en un procedimiento express para que las familias damnificadas puedan reconstruir con certeza jurídica.
Catástrofes
La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales -presidida por el senador Sergio Gahona- despachó el proyecto que establece un mecanismo extraordinario de regularización de la pequeña propiedad raíz y constitución de dominio ante situaciones de catástrofe.
La iniciativa, que cursa su segundo trámite constitucional, se tramita con urgencia “suma” y modifica el Decreto Ley 2.695 de 1979.
RESPUESTA FRENTE A CATÁSTROFES
Durante el debate se reconoció que Chile ha enfrentado de forma sistemática eventos climáticos y emergencias de gran magnitud, como los megaincendios forestales en Valparaíso (2024), los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío (2026) y los violentos sistemas frontales e inundaciones en Coquimbo y Atacama (2026), los cuales han destruido miles de viviendas y dejado a decenas de miles de personas damnificadas.
La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, explicó que tras la destrucción material provocada por estas emergencias, “la falta de un título de dominio regularizado se convierte en un "cuello de botella invisible", impidiendo que el Estado entregue subsidios de reconstrucción o apoyo habitacional a familias que poseen la propiedad material de sus terrenos, pero carecen de certeza jurídica”.
EL PROYECTO
El mensaje introduce normas permanentes que operan de manera excepcional durante un Estado Constitucional de Catástrofe y hasta seis meses después de su término y entre sus principales avances contemplan:
Reducción de plazos: transforma la tramitación ordinaria, que actualmente promedia 26 meses de espera, en un procedimiento exprés de aproximadamente 6 meses.
Gratuidad total para damnificados: remueve todos los costos de mensura, publicaciones, certificados, copias e inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces para las personas acreditadas mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).
Interoperabilidad entre organismos del Estado: elimina la tramitación manual de oficios; las instituciones públicas (Ministerio de Bienes Nacionales, SERVIU, Registro Civil, SII, municipios y Conservadores) compartirán información y certificados validados directamente para no exigírselos nuevamente al afectado.
Plazos administrativos estrictos: se fijan 15 días obligatorios para la emisión del informe jurídico fundado y 15 días para la realización de la mensura técnica en terreno.
Garantías y publicidad reforzada: mantiene la protección a derechos de terceros mediante publicaciones en el Diario Oficial, notificaciones en sitios web institucionales, letreros visibles en el inmueble y un sistema de oposición administrativa previa.
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