Diputados : Promueven mayor protección de la infraestructura penitenciaria

 Promueven mayor protección de la infraestructura penitenciaria

El proyecto, aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite, sanciona de forma más gravosa a quién destruya infraestructura penitenciaria o bienes ubicados en su interior.

Publicada: 18 de  marzo de 2026

 

Incorporar en la legislación vigente una mayor sanción para quienes destruyan infraestructura penitenciaria o bienes ubicados en su interior, sin estar autorizado para tal efecto, es el objetivo de un proyecto (boletín 16944) aprobado por la Sala de la Cámara.

El texto se respaldó, en general y en particular, por 142 votos a favor y una abstención. Con esto, quedó en condiciones de pasar a su segundo trámite, al Senado.

La iniciativa se originó en una moción impulsada por Cristián Araya. También la firman Jaime Araya, Chiara Barchiesi, Benjamín Moreno, Agustín Romero y Luis Sánchez. Asimismo, la suscribieron los exdiputados José Miguel Castro, Andrés Jouannete, Henry Leal y Andrés Longton.

La propuesta toma en consideración que, existiendo recursos limitados en un escenario delictual complejo, es imprescindible proteger la infraestructura penitenciaria. La idea es precaver daños a la propiedad y prevenir la comisión de la delincuencia intrapenitenciaria.

Asimismo, se busca agravar la situación de precariedad que se vive al interior de las cárceles.

Según explicó Cristián Araya, el proyecto surgió a raíz de los disturbios ocurridos en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas).

De la sanción por daño a infraestructura penitenciaria

El texto original de la moción se reemplazó en la Comisión de Seguridad Ciudadana por una indicación planteada por el Gobierno pasado. Su objetivo fue evitar problemas de interpretación respecto del sujeto activo del delito. También, se buscó reducir el riesgo de revisiones judiciales no deseadas. Junto a esto, se propone contribuir a mantener la armonía con las facultades disciplinarias de Gendarmería y la proporcionalidad en la aplicación de sanciones administrativas.

La enmienda modifica un artículo del Código Penal, donde se describe un listado de acciones que se castigarán por causar daño a la propiedad y cuyo importe exceda de cuarenta unidades tributarias mensuales. La pena para estos casos será de reclusión menor, en sus grados medio a máximo (desde 541 días a 5 años). Además, se considera una multa de once a 20UTM.

En este marco, se incluyen instalaciones, dependencias o bienes muebles de establecimientos penitenciarios, destinados al cumplimiento de funciones propias de dichos recintos.

Debate del proyecto

La discusión de este proyecto que busca fomentar la protección de la infraestructura penitenciaria se inició en el periodo anterior. En dichas sesiones intervinieron diversos exlegisladores y cuatro diputados que continuaron en la Cámara: Daniel Lilayu, Juan Carlos Beltrán, Stephan Schubert y Marcos Ilabaca.

En la presente jornada se sumaron Raúl Leiva, Cristián Neira, Javier Olivares, Tomás Kast, Carlos Chandía, Héctor Barría, Hotuiti Teao, Mauro González, Guillermo Ramírez, Matías Fernández, Pier Karlezi, Chiara Barchiesi, Roberto Arroyo, José Montalva, Lorena Pizarro, Luis Pardo, Sebastián Videla, César Valenzuela, Macarena Santelices, Francisco Orrego, Cristián Araya, Eduardo Durán, Joanna Pérez, Enrique Bassaletti, Andrés Celis, Diego Vergara y Daniel Valenzuela.

En los comentarios, se planteó que la destrucción de la infraestructura penitenciaria es una fractura al sistema de seguridad. Además, constituye un mayor riesgo para las y los funcionarios de Gendarmería y para los propios reos. De tal modo, se consideró que sancionar de manera más drástica estas acciones dará una señal clara que el daño tiene consecuencias más profundas y que no se avalará la impunidad.

Algunos calificaron positivamente la propuesta, pero evaluaron que las sanciones son insuficientes. Por ello, dijeron que esperan que en el Senado el texto se corrija y se presenten más medidas sancionatorias.

Para otros, en tanto, pese a reconocer la finalidad positiva del proyecto, estimaron que no tendrá un efecto real. De ahí, evaluaron que la amenaza de una multa no va a disuadir a que reos de alta peligrosidad destruyan infraestructura penitenciaria o que se promueva un mayor acatamiento. En tal plano, instaron a generar otras medidas, como reforzar el control interno, aumentar el personal, mejorar sus condiciones y fomentar la segregación según peligrosidad.