Diputados: Castigarán corrupción en actividades deportivas

 Castigarán corrupción en actividades deportivas

El proyecto aprobado por la Cámara sanciona con reclusión y multa a quienes predeterminen o alteren resultados de pruebas o encuentros deportivos. Asimismo, considera inhabilidades para directivos y administrativos de organizaciones deportivas.

Septiembre 11, 2024

La Sala de la Cámara aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto que tipifica el delito de corrupción en el deporte.

La iniciativa (boletines 14818 y 14774) se originó en un mensaje del Ejecutivo y en una moción presentada en la Cámara. Esta la impulsó el exdiputado Matías Walker y las diputadas Erika Olivera (DEM) y Marisela Santibáñez (IND).

El texto se respaldó en general y en particular por 97 votos a favor y 13 abstenciones.

Su objetivo es prevenir y sancionar conductas que vulneran la sana competencia deportiva, alterando o manipulando los resultados de partidos y competiciones por medios externos o ajenos a lo meramente deportivo.

Igualmente, promueve la adopción de medidas para excluir a quienes incurren en dichas prácticas del ámbito de las organizaciones deportivas. La idea es resguardar la integridad de la actividad deportiva.

Finalmente, la propuesta fortalece las inhabilidades y sanciones contra quienes incurran en estos delitos.

Sanciones penales

El texto modifica la Ley 19712, del Deporte, en lo referente al marco sancionatorio. Así, a través de una primera enmienda se castigará a quien dé, ofrezca o consienta en dar un beneficio económico, o de otra naturaleza, a una persona que se desempeñe o esté vinculado a una organización deportiva u organización deportiva profesional.

Lo anterior se entiende cuando se influya en la predeterminación o alteración en el resultado de pruebas, encuentros o competiciones oficiales. Este ilícito se sancionará con pena de reclusión menor en su grado medio, es decir, entre 541 días a 3 años.

Además, se aplicará una multa que duplique el provecho solicitado o aceptado. Ahora, en casos en que el beneficio no sea económico, se imputará una multa de 50 a 500 UTM.

Con la misma pena se castigará el recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para predeterminar o alterar o por haber alterado ilegalmente el resultado de una prueba, encuentro o competición oficial o de especial relevancia económica. Apunta específicamente a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva. También, a deportistas, árbitros, técnicos o jueces.

Por competencia de especial relevancia económica se entenderá aquella que se incluye en el calendario oficial de una organización deportiva o deportiva profesional. Además, refiere a aquellas donde más del 50% de los deportistas perciban retribuciones económicas, tanto laborales o subvenciones del Estado. Igualmente, se considerarán las que sean financiadas total o parcialmente por el Estado.

Inhabilidades por corrupción

El proyecto, igualmente, define inhabilidades para acceder a beneficios de la Ley del Deporte y participar en organizaciones deportivas. Específicamente, se dirige a personas condenadas por los delitos ya mencionados o por los previstos en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Asimismo, se incorporan inhabilidades específicas para ejercer los cargos directivos o administrativos en organizaciones deportivas y en organizaciones deportivas profesionales (Ley 20.019). Lo anterior, respecto a sanciones de la normativa propuesta y de la Ley 20.000.

Finalmente, se extenderá el deber de informar sobre operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El mandato recaerá en las Federaciones Deportivas, Federaciones Deportivas Nacionales, Comité Olímpico de Chile y Comité Paralímpico de Chile. Lo anterior se justifica en tanto dichas entidades reciben anualmente recursos públicos por montos iguales o superiores a mil UTM mensuales.

Debate

El informe de la Comisión de Deportes lo entregó el diputado Andrés Giordano (FA). Luego, participaron las y los diputados Andrés Celis (RN), Erika Olivera (DEM), Francisco Pulgar (IND), Marta Bravo (UDI), Marlene Pérez (UDI), Camila Musante (IND), Rubén Darío Oyarzo (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), Cristián Araya (PREP), Cristián Tapia (IND), Daniel Lilayu (UDI), Bernardo Berger (IND), Jorge Guzmán (Evópoli), Marcos Ilabaca (PS), Benjamín Moreno (REP), Diego Schalper (RN) y Andrés Longton (RN).

En su mayoría, las y los legisladores coincidieron en que hay que establecer nuevos estándares de integridad y transparencia en la actividad deportiva, que debe ser cuidada y protegida de hechos de corrupción. Por ello, se estimó necesario evitar arreglos de resultados y asegurar la competitividad.

Por otro lado, se remarcó que los intereses económicos alteran o distorsionan la competencia y la convierten en un simple espectáculo que da origen a apuestas ilegales. Al respecto, se mencionaron casos de corrupción como el “Fifagate” y el bloqueo del Instituto Nacional del Deporte a 17 clubes profesionales por recibir donaciones para divisiones juveniles contempladas para el deporte amateur.

En otra visión, algunos diputados de la bancada republicana expresaron críticas al proyecto. Consideraron que temas penales no deben considerar legislaciones particulares. El punto también fue compartido por legisladores RN y PS, que llamaron a perfeccionar la norma, porque se entra en excesivo detalle, lo que dificulta probar el tipo penal.