Diputados: Sala despachó proyecto que busca prevenir caídas desde departamentos

 

Sala despachó proyecto que busca prevenir caídas desde departamentos

La iniciativa, despachada a tercer trámite, modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Busca garantizar la instalación de sistemas de seguridad que prevengan caídas desde departamentos en altura.

La Sala aprobó y despachó a tercer trámite un proyecto (boletines 17012, 179301, 17591, 17594 y 18037) que modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Su objetivo es asegurar que los reglamentos de los condominios no puedan impedir la instalación de sistemas de seguridad destinados a prevenir caídas accidentales desde departamentos ubicados en altura.

La iniciativa se aprobó en general por la unanimidad de 139 votos a favor. Luego, se ratificó el texto despachado desde la Comisión de Vivienda en cuatro votaciones.

La iniciativa establece que propietarios, arrendatarios y ocupantes podrán instalar mallas de protección de alta resistencia o sistemas que limiten la apertura de ventanas u otros mecanismos que cumplan con las normas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para prevenir caídas.

No obstante, los reglamentos de copropiedad podrán fijar estándares mínimos de calidad, así como condiciones para la instalación y mantención de estos dispositivos, con el propósito de resguardar la seguridad y mantener la homogeneidad del edificio.

Además, el proyecto incorpora un nuevo artículo que reconoce expresamente el derecho de los copropietarios que residan con menores de 12 años o con personas con necesidades especiales que presenten un mayor riesgo de caídas a implementar estas medidas de protección en unidades ubicadas sobre el primer piso.

La propuesta también dispone que, cuando la instalación implique aumentar la superficie edificada del departamento, deberán obtenerse los permisos que exige la normativa vigente. Asimismo, los sistemas de seguridad deberán contar con certificación del fabricante o proveedor respecto de su vida útil, correcta instalación y mantenimiento, siendo estos responsables civilmente por los daños que puedan derivarse de fallas o defectos.

Finalmente, se establece un plazo de 18 meses para que los condominios adecuen sus reglamentos de copropiedad. Mientras ello no ocurra, las disposiciones que prohíban o restrinjan injustificadamente la instalación de estos sistemas de seguridad se considerarán sin efecto.

Facultad versus obligatoriedad

Participaron del debate Daniel Lilayú, Macarena Santelices, Marcos Barraza, Javier Olivares, Juan Carlos Beltrán, Álvaro Jofré, Javier Muñoz, Marisela Santibáñez, Roberto Arroyo, Chiara Barchiesi, Jorge Guzmán, Cristian Mella, Raúl Leiva, Tatiana Urrutia, Pier Karlezi, Cristian Neira, Sofía González, Carlo Arqueros, Mario Olavarría, Carolina Tello, Claudia Reyes, Patricio Pinilla, José Antonio Rivas, Irací Hassler, Agustín Romero, Alejandra Valdebenito, Carlos Chandía, Cristián Tapia, Alejandro Bernales, Jaime Coloma, José Antonio Kast Adriasola, Carolina Cucumides, Enrique Bassaletti, Carlos Cuadrado, Flor Weisse, Francisco Orrego, Marlene Pérez, Leandro Kunstmann, Tomás Kast, Benjamín Moreno, Alejandro Riquelme, Eduardo Cretton, Luis Sánchez, Ricardo Neumann, Benjamín Lorca y Cristián Araya.

Durante la discusión, las y los diputados valoraron esta propuesta, estimándola como una avance necesario para prevenir caídas desde edificios de altura, en especial, de menores de edad. De ahí que varios recordaron el caso de Valentín, niño de 5 años, que falleció al caer desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz, región del Biobío, en junio de 2025. También recordaron la muerte de Isidora, una niña de 2 años que cayó desde el piso 11, en la comuna de Las Condes.

Uno de los principales puntos del debate, que motivó una de las votaciones separadas, fue la norma que regula la instalación de los sistemas de seguridad. Quienes solicitaron dicha votación argumentaron que la Comisión de Vivienda reemplazó el carácter obligatorio aprobado por el Senado por uno facultativo, eliminando, además, las sanciones y los mecanismos de fiscalización contemplados originalmente.

En ese contexto, se preguntaron por qué el Estado puede exigir medidas de seguridad, como el grabado de la placa patente en los vehículos, pero no establecer como estándar que los departamentos en altura cuenten con estos elementos de protección para prevenir caídas.

Finalmente, algunos parlamentarios expresaron reparos sobre las obligaciones y la responsabilidad civil que el proyecto establece para fabricantes, proveedores e instaladores, estimando necesario revisar esos aspectos para resguardar un equilibrio entre la seguridad y una regulación proporcional.