Diputados: Aprueban proyecto que impide definir nuevos sitios prioritarios sin reglamento

 

Aprueban proyecto que impide definir nuevos sitios prioritarios sin reglamento

La iniciativa derivada al Senado establece que no podrán determinarse nuevos sitios prioritarios para la conservación mientras no se publique el reglamento que debe fijar los criterios y procedimientos para su declaración.

La Sala de la Cámara aprobó -por 74 votos a favor, 51 en contra y 9 abstenciones- el proyecto que modifica la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para impedir la determinación de nuevos sitios prioritarios para la conservación mientras no se encuentre publicado el reglamento que establece el procedimiento y los criterios para su declaración (boletín 18030).

La iniciativa, de origen parlamentario y remitida al Senado, fue aprobada en general por la Sala el pasado 9 de junio (ver nota relacionada) y retornó a la Comisión de Agricultura por la presentación de propuestas de modificación. No obstante, dicha comisión confirmó la redacción de la propuesta original.

En sus fundamentos, el proyecto recuerda que la citada ley 21.600 estableció nuevas reglas para determinar sitios prioritarios para la conservación. Sin embargo, aún está pendiente el reglamento que fija los criterios y procedimientos para su declaración.

En ese sentido, ante los cuestionamientos por la determinación de estos sitios sin contar con dicha normativa, el proyecto busca impedir nuevas declaraciones hasta la publicación del reglamento respectivo. Esto con el fin de otorgar mayor certeza jurídica y transparencia al proceso.

Sitios prioritarios: debate por su regulación

Informó el proyecto el diputado Daniel Lilayu. Participaron del debate Cristian Contreras, Francisco Crisóstomo, Matías Fernández, Stephanie Jéldrez, Nathalie Castillo, Javier Olivares, Carolina Cucumides, Eileen Urqueta, Bernardo Salinas, Ignacio Urcullú, Andrés Celis, Nelson Venegas, Marcos Barraza, Jaime Araya, José Antonio Rivas, Roberto Arroyo, Claudia Reyes.

Desde un punto de vista se plantea que la ley debe aplicarse correctamente, respetando la ecología y la protección de las especies amenazadas, pero sin perjudicar a las personas que viven o desarrollan actividades productivas. Expusieron que el desarrollo también debe llegar a los territorios por lo que la protección ambiental no puede traducirse en restricciones para sus habitantes.

Plantearon que el objetivo no es debilitar la protección del medio ambiente, sino asegurar que la determinación de los sitios prioritarios se realice de manera clara, coherente y con criterios técnicos conocidos.

Indicaron que definir estos sitios sin contar con el reglamento genera incertidumbre para el desarrollo de proyectos, la inversión y el empleo. Recalcaron que no se puede avanzar a ciegas. A su juicio, exigir que primero se dicte el reglamento permitiría equilibrar la protección ambiental con el desarrollo y garantizar que la conservación se realice de manera transparente y justa.

Desde otra postura, la norma corresponde a un intento por frenar una herramienta de protección ambiental. Advierten que, ante el retraso del reglamento, no se puede esperar a que los proyectos inmobiliarios o industriales estén avanzados para evaluar si los ecosistemas podrían o no verse afectados. Plantean que se necesita mayor protección ambiental, resguardar los sitios prioritarios y evitar el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y el avance de actividades extractivas.

Al respecto, plantearon que congelar la determinación de sitios prioritarios podría debilitar la protección de ecosistemas y biodiversidad. Especialmente, porque el proyecto no establece un plazo para la dictación del reglamento, lo cual genera el riesgo de que la suspensión se prolongue indefinidamente.

Por último, cuestionaron que se argumente la búsqueda de certeza jurídica y mayores facilidades para la inversión, que pueden transformarse en una flexibilización de las exigencias ambientales.