Diputados: Diez solicitudes de resolución cierran periodo legislativo 2022-2026

 Diez solicitudes de resolución cierran periodo legislativo 2022-2026

Las solicitudes de resolución abordaron peticiones en materia de regulación laboral de los choferes de taxis colectivos, violencia digitial contra NNA y medidas en favor de adultos mayores y docentes, entre otras.

Publicada: 6 de marzo de 2026

La última semana legislativa de la Cámara de Diputadas y Diputados del periodo 2022-2026, contempló la aprobación de diez solicitudes de Resolución.

Estas son peticiones formuladas por 1 a 10 diputadas/os al Presidente de la República, para que este instruya o adopte medidas en ámbitos de la administración del Estado, que son de su exclusiva competencia.

Entre las materias consideradas en las peticiones aprobadas en estas últimas jornadas, está la regulación laboral de los choferes de taxis colectivos, combatir la violencia digitial contra NNA, medidas en favor de adultos mayores y docentes, así como acciones de prevención del cáncer de mamas, entre otras.

Taxis colectivos

Presentada por el diputado Marco Antonio Sulantay, la resolución 1630 solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio del Trabajo para realizar gestiones administrativas o jurídicas para regular la relación contractual de los choferes de taxis colectivos.

El legisaldor explica que actualmente la resolución explica que la relación que existe entre los choferes de taxi colectivo y el propietario del vehículo no se encuentra amparada bajo un régimen especial, y es posible identificar al menos 3 tipos contractuales:

Contrato de trabajo

Contrato de arrendamiento entre el conductor y el dueño del vehículo, a partir de la cual el primero se obliga a pagar una renta al segundo (forma más habitual).

Acuerdo de explotación mutua, repartiendo las ganancias entre conductor y propietario, en razón de una proporción previamente pactada.

Por ello, y debido a los distintos criterios adoptados por la jurisprudencia administrativa y las consecuencias negativas que pueden originarse en la práctica para ambas partes, surge la necesidad de regular este vínculo, a partir de un estatuto especial.

Violencia digital

Por su parte, la resolución 1632 solicita que los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Transportes, Ciencia y de la Mujer, desarrollen de manera conjunta una política pública destinada a prevenir y combatir la violencia digital contra niños, niñas y adolescentes.

La solicitud encabezada por la diputada Ana María Bravo, también plantea que en la elaboración de esta política se incorpore la participación activa de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Igualmente a representantes del sector empresarial de las telecomunicaciones, a fin de garantizar un enfoque integral, colaborativo y con base en los derechos humanos.

Adultos Mayores

Reconocer la realidad que enfrentan los adultos mayores es el fundamento de la resolución 1633 que plantea establecer un mecanismo alternativo a la huella dactilar como métiodo de validación de identidad.

La propuesta presentada por María Luisa Cordero, Juan Carlos Beltrán, Eduardo Durán, Marcia Raphael y Hugo Rey recuerda que, por consecuencias propias del envejecimiento, la huella dactilar se vuelve difusa o ilegible para los dispositivos de captura digital.

En esa línea, se solicita que los organismos competentes, públicos y privados, que exigen verificación biométrica, establezcan un mecanismo de excepción para las personas adultas mayor de la obligación de registrar huella dactilar cuando esta no sea legible, disponiendo en su reemplazo métodos alternativos de validación de identidad que sean gratuitos, accesibles y reconocidos de forma obligatoria en todo el territorio nacional.

Seguridad marítima

El diputado Jorge Guzmán, por su parte, presentó la resolución 1634 donde pide al gobierno presentar iniciativas legales para implementar medidas en el ámbito de la seguridad marítima y pesquera.

Entre las propuestas plantea establecer un registro obligatorio de comunicaciones por VHF de emergencia, con envío inmediato a Capitanías de Puerto. Además, regular la responsabilidad de empresas proveedoras de servicios satelitales marítimos y la entrega obligatoria de grabaciones de cámaras a bordo a autoridades al momento de recalada y desembarque.

Además, crear un contrato especial de trabajo para pescadores artesanales, ampliar la cobertura de accidentes laborales para trabajadores marítimos y pescadores y definir áreas específicas para tránsito y fondeo de embarcaciones, entre otros temas.

Cáncer de mama

Las diputadas Camila Flores y Camla Musante son autoras de la Resolución 1635 que apunta a fortalecer las medidas de prevención del cáncer de mamas.

En el texto se recalca que es urgente avanzar en la implementación de mayores medidas preventivas para un diagnóstico a tiempo que permita detener la curva ascendente de mortalidad en nuestro país.

Las legisladoras plantean medidas como, rebajar la edad de inicio del acceso universal y gratuito a la mamografía, incorporando a mujeres menores de 50 años; establecer cobertura universal e integral de los costos asociados al tratamiento del cáncer de mama, incluidas las intervenciones quirúrgicas, terapias, medicamentos y acompañamiento psicosocial. Además, implementar campañas nacionales de educación y prevención, orientadas -especialmente- a mujeres jóvenes, respecto de los factores de riesgo y la importancia en el diagnóstico temprano.

Ganadería camélida

La ganadería camélida es una actividad productiva ancestral desarrollada por pueblos originarios del norte del país. Esta constituye un patrimonio cultural y social de alto valor, que ha sido fundamental para la subsistencia y el desarrollo de las comunidades altoandinas, aportando fibras, carne y subproductos que contribuyen a la seguridad alimentaria, a la soberanía económica local y al fortalecimiento de la identidad cultural de estos territorios.

En ese contexto, la Resolución 1636, presentada por José Miguel Castro, Yovana Ahumada y Jaime Araya solicita al Primer Mandatario establecer mediante decreto supremo el 9 de mayo de cada año como el día nacional de la ganadería camélida.

Los legisladores destacan que en un contexto de despoblamiento progresivo y reducción de la masa ganadera en comparación con décadas pasadas, y la declaración de la ONU que estableció al año 2024 como el Año Internacional de los Camélidos, refuerza la pertinencia y oportunidad de avanzar en esta línea en nuestro país.

Conectividad vial

En tanto, la Resolución 1637, de autoría de la diputada Coca Ericka Ñanco, solicita la realización de estudios de factibilidad y medidas presupuestarias para la construcción de un puente vehicular en el sector Rapocura, comuna de Cholchol, Región de La Araucanía.

Como fundamentos, explica que, actualmente, el sector cuenta únicamente con una pasarela peatonal que estaría en estado crítico, lo que representa un grave riesgo para la seguridad de los habitantes.

La legisladora añadió que aunque restauren la pasarela, aún subsistirá la limitación de acceso vehicular, especialmennte para vehículos de emergencia como ambulancias o carros de bomberos.

Escuelas especiales

La Sala de la Cámara también aprobó dos resoluciones vinculadas a la educación especial. La primera de ellas, del diputado Juan Carlos Beltrán, solicita al Presidente de la República que se adopten medidas urgentes para solucionar la crisis de financiamiento que afecta a las Escuelas Especiales.

Estas instituciones atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales, como discapacidades de aprendizaje, físicas, sensoriales, cognitivas o emocionales. Por ello, la resolución 1639 propone crear una subvención especial o financiamiento adicional exclusivo para estas escuelas, así como el aumento del monto de la subvención actual para este tipo de establecimientos.

Por su parte, la resolución 1641, de la diputada Mónica Arce, solicita que los docentes diferenciales sean incluidos expresamente como beneficiarios del bono de reconocimiento profesional establecido en la ley 20.158.

Este beneficio se conforma en un 75% por concepto de título y un 25% por mención. Sin embargo, su interpretación restrictiva ha excluido a las y los docentes diferenciales, al no considerar sus menciones como vinculadas a un subsector o nivel educativo.

Autorización sanitaria de establecimientos veterinarios

Por último, la resolución 1640, de la diputada Ana María Bravo, solicita al Primer Mandatario que instruya al Ministerio de Salud para incorporar en el DFL N° 1, del Ministerio de Salud, que determina las materias que requieren de autorización sanitaria, a las clínicas veterinarias, centros de atención veterinaria y hoteles de mascotas.

El objetivo es garantizar que estos establecimientos cuenten con condiciones mínimas de seguridad, higiene y control sanitario, resguardando tanto la salud pública como el bienestar animal. Esto, además, otorga a las familias la certeza de que sus mascotas son atendidas en espacios regulados y fiscalizados por la autoridad competente.