Cámara de Diputados apoyó fortalecimiento de la regulación sobre licencias médicas

 Cámara de Diputados apoyó fortalecimiento de la regulación sobre licencias médicas

El proyecto, enviado a tercer trámite, contempla nuevas exigencias para el otorgamiento de licencias médicas; un aumento de las sanciones para los infractores; y mayores facultades y personal para las entidades fiscalizadoras.

Octubre 28, 2024

La constatación de abusos, uso indiscriminado e, incluso, fraudes motivó al Ejecutivo a impulsar perfeccionamientos al sistema de licencias médicas, propuesta que la Cámara revisó hoy en segundo trámite y que respaldó, en general y en particular.

El proyecto (boletín 14845), despachado a tercer trámite, se revisó de acuerdo a los informes de las comisiones de Salud y de Hacienda, que rindió el diputado Agustín Romero (PREP).

Para sus fines, la iniciativa modifica la Ley 20.585, que regula el otorgamiento y uso de licencias médicas. El objetivo es fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores. La idea es proteger el sistema de seguridad social de abusos y fraudes. Así, se espera garantizar el correcto uso y otorgamiento de las licencias médicas a usuarios legítimos. Por otra parte, se promueve la transparencia y eficacia del sistema.

Del proyecto de licencias médicas

El proyecto de ley contiene cuatro artículos permanentes y cuatro transitorios. Estos, en síntesis, aluden al siguiente contenido:

Aumento sustancial de las multas.

Aumento de los periodos de suspensión para emitir futuras licencias médicas.

Facultades administrativas que permitan la notificación electrónica a los profesionales investigados, para una mayor efectividad del proceso sancionatorio.

Genera la obligación del profesional investigado de acompañar la ficha clínica o algún otro documento que acredite la atención médica.

Otorga facultad para investigar a contralores médicos de la Compin y de las isapres.

Faculta a la Superintendencia de Salud para iniciar una investigación sin ser necesariamente “evidente” la falta. Esto, toda vez que en la actualidad ese calificativo implica una dificultad para la entidad.

Aumenta la facultad y herramientas para un mejor control de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez). En particular, se les otorga competencia para suspender la emisión directa de licencias médicas.

Faculta a la Tesorería General de la República para retener multas en la devolución de impuestos de estos profesionales. Además, crea un registro público de sanciones y fija un plazo de dos años para la prescripción de la facultad de investigar a prestadores y emisores de licencias.

El gasto fiscal involucrado en este proyecto apunta al aumento de personal de la Suseso y de la Compin. En el primer caso, el monto ascenderá a $232 millones, en régimen; en el segundo, se llegará a $461 millones, en régimen.

Especificaciones

Entre sus normes, el texto define que solo podrán emitir licencias médicas, los médicos cirujanos, cirujano dentistas o matronas, que se encuentren debidamente inscritos y legalmente habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud que dispone la Superintendencia de Salud. En el caso de los médicos cirujanos que hayan obtenido o revalidado su título de médico cirujano, a partir del 19 de abril de 2009, les será exigible, además, haber aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina.

La licencia médica electrónica se materializará en un formulario especial electrónico. Este registrará todas las certificaciones, resoluciones y autorizaciones que procedan. De forma excepcional, podrán emitirse en soporte de papel por falta de medios tecnológicos o de conectividad. También en casos de profesionales autorizados previamente por la respectiva Compin.

El texto, igualmente, identifica las causales por las cuales se puede iniciar un procedimiento de investigación. Para ello se atenderá la ausencia de fundamento médico. Es decir, carencia de una patología que produzca incapacidad laboral temporal por el período y la extensión del reposo prescrito o sin una atención de salud asociada a su emisión.

Junto a lo anterior se especifican los procedimientos a seguir por las partes y los efectos para los investigados en caso de no entregar la documentación requerida. De igual modo, se describe el cuadro de sanciones. Acá se incluye la suspensión de la facultad para otorgar licencias médicas, que va hasta 180 días, en el primer tramo; a una condición perpetua, en el último. Junto a ello, se consideran multas que llegarán hasta 140 UTM, en el primer tramo, y hasta 600 UTM, para el más grave.

Adicionalmente, se contempla el envío al Ministerio Público de aquellos casos donde se acredite la falsedad de las licencias otorgadas. En la misma línea, se indican las sanciones penales para los infractores en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas o declaraciones de invalidez falsas.

Debate y votaciones

En la discusión participaron Helia Molina (PPD), Ana María Gazmuri (PAH), Jorge Saffirio (DEM), Daniel Lilayu (UDI), Hotuiti Teao (IND), Agustín Romero (PREP), María Candelaria Acevedo (PC) y Jorge Guzmán (Evop).

Las y los legisladores reconocieron la necesidad de enfrentar esta situación y que se mantengan las licencias médicas como un instrumento legítimo de protección social.

Asimismo, se manifestaron a favor de enfrentar las verdaderas mafias que se dedican a emitir documentos en grandes volúmenes. Así, por ejemplo, mencionaron que, en 2023, seis profesionales emitieron más de cinco mil licencias cada uno, por trastornos mentales, sin ser especialistas. Tuvieron, además, la tasa más alta de licencias rechazadas y con más días promedio.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, resaltó que la iniciativa se focaliza en los grandes emisores que representan menos del 1%. Por otra parte, remarcó que la propuesta no restringe el derecho de las y los trabajadores a requerir de una licencia médica en caso de una enfermedad justificada.

En las votaciones, el proyecto se respaldó en general por una contundente votación, así como la indicación formulada por la Comisión de Hacienda. Ella define que, tras la acreditación de la emisión de una o más licencias sin fundamento médico, “se deberá notificar a los empleadores respecto de los beneficiarios involucrados”.

Luego, en votación divida, se apoyó otra indicación del diputado Lilayu. Esta establece que la Suseso mantendrá, en su sitio web, un sistema de denuncia anónima de mal uso de licencia médica y un registro público de las sanciones aplicadas conforme al procedimiento establecido en esta ley, las que se incluirán desde que la resolución que las haya cursado se encuentre notificada.