Diputados: Con el objeto de abordar las problemáticas asociadas al comercio ilegal, la Comisión de Gobierno Interior comenzó el estudio de dos mociones parlamentarias.

 Con el objeto de abordar las problemáticas asociadas al comercio ilegal, la Comisión de Gobierno Interior comenzó el estudio de dos mociones parlamentarias.

La primera iniciativa (boletín 14735) tipifica como notable abandono de deberes, por parte del alcalde, la omisión reiterada de acciones para erradicar el comercio ambulante ilegal.

El texto señala en sus fundamentos que los alcaldes, como máxima autoridad comunal, tienen una serie de facultades que les permiten hacer frente a la proliferación del comercio ambulante ilegal, que se toma los bienes nacionales de uso público, de administración municipal.

En ese marco, la iniciativa propone una nueva causal para que se configure responsabilidad por parte del alcalde, por notable abandono de deberes.

De tal forma, el texto modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, al considerar que se configura este notable abandono de deberes “cuando el alcalde, en forma reiterada, hubiere permitido el uso indebido del espacio público por parte del comercio ilegal ambulante y no hubiere realizado acciones positivas para su erradicación”.

Durante el debate, si bien existió consenso en la necesidad de abordar la problemática, se plantearon dudas respecto de la forma en la que está redactada la propuesta, debido a que podría convertirse en una herramienta política para destituir al alcalde de turno.

Lavado de activos y comercio ilegal

En segundo término, la instancia inició el análisis del proyecto que modifica la Ley 19.913 (que creo la Unidad de Análisis Financiero y aborda el blanqueo de activos), para prevenir y sancionar con mayor rigurosidad el lavado de activos asociado al comercio ilegal (boletín 16808).

La iniciativa busca otorgar mayores herramientas a la Unidad de Análisis Financiero, en la prevención y detección del delito de lavado de activos relacionado con el comercio ilícito.

En esa línea, incorpora a las empresas de transporte de carga aérea, marítima o terrestre, vale decir, empresas de transporte y logística, entre las entidades obligadas a informar las transacciones que se desarrollan.

El objetivo que se busca es resguardar la recaudación fiscal y la libre competencia, atacando uno de los pilares básicos del crimen organizado.

Ambas iniciativas continuarán su tramitación en la sesión del 5 de mayo.