Diputados: La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones comenzó el estudio del proyecto de ley sobre asignación de direcciones IP y deber de información en los proveedores de acceso a internet

 La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones comenzó el estudio del proyecto de ley sobre asignación de direcciones IP y deber de información en los proveedores de acceso a internet (boletín 16.858).

La moción de autoría de la diputada Chiara Barchiesi propone modificar la ley General de Telecomunicaciones, para crear la obligación a las compañías de generar una dirección IP diferente para cada cliente. La parlamentaria planteó que con esta medida se fortalecerán las herramientas de persecución penal en materia de delitos vinculados al abuso sexual infantil en entornos digitales.

La legisladora recalcó que la iniciativa apunta a mejorar el acceso a la información por parte de las policías y el Ministerio Público. Esto, porque en la actualidad existe una falta de uniformidad en la respuesta de las empresas de telecomunicaciones al ser requeridas. Agregó que, mientras algunas entregan información de manera expedita, otras exigen intermediación judicial o derechamente no la proporcionan.

Barchiesi aseguró que esto limita la labor investigativa, pues aunque la policía detecte actividades ilícitas en línea, enfrenta obstáculos para identificar el domicilio de los posibles autores.

Visión de Subtel

Sobre el tenor de la iniciativa, la comisión escuchó a la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido. La personera expresó que existe disposición para respaldar y perfeccionar la propuesta, ya que al gobierno le preocupa la persecución de delitos en el contexto digital.

En dicho sentido, Garrido se refirió al funcionamiento de internet y explicó que las direcciones IP son identificadores numéricos que se asignan de manera dinámica y temporal a los usuarios. Esto debido a la limitación de direcciones disponibles en el protocolo actual (IPv4) y la coexistencia con nuevas tecnologías (IPv6).

Por lo mismo, planteó que la asignación de direcciones IP fijas o únicas por usuario presenta importantes dificultades técnicas, ya que implicaría modificar la arquitectura actual de internet. Además, esto podría generar riesgos en materia de seguridad y privacidad, al permitir la identificación permanente de los usuarios en la red.

De igual manera, advirtió que los delincuentes iguamente pueden utilizar herramientas de anonimización, como redes privadas virtuales (VPN), lo cual limitaría la eficacia de una medida de este tipo.

En ese sentido, indicó que la solución no necesariamente radica en establecer direcciones IP fijas, sino más bien en mejorar los mecanismos de coordinación institucional. Esto es, mejorar los tiempos de respuesta de las empresas de telecomunicaciones y los criterios para el acceso a la información por parte de las autoridades, resguardando siempre el marco legal vigente, en particular, la protección de las comunicaciones privadas.

Empresas de Telecomunicaciones

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, Alfie Ulloa, reiteró que las direcciones IP funcionan como identificadores temporales dentro de la red, siendo asignadas dinámicamente por sesión de conexión y no de manera permanente a un usuario, domicilio o dispositivo. Añadió que, una vez finalizada una sesión, la dirección IP es reutilizada por otros usuarios. Ver presentación

Por esta razón, el representante gremial coincidió en que, desde el punto de vista técnico, no es factible avanzar según la propuesta en trámite. Asimismo, recalcó que esta complejidad se incrementa al considerar las conexiones móviles, donde la asignación IP varía dinámicamente según la red y la ubicación del usuario, lo que impide determinar con precisión una dirección física específica.

Respecto a las críticas por la colaboración con las autoridades, Ulloa afirmó que las empresas tienen la obligación legal de conservar y entregar información cuando es requerida en el marco de investigaciones. Pero, precisó que la identificación de usuarios depende de variables como el momento exacto de la conexión y otros datos técnicos, como los puertos utilizados.

Dudas por viabilidad técnica

En su mayoría, las y los diputados compartieron la preocupación que motiva el proyecto de ley sobre la persecución de delitos digitales. Sin embargo, manifestaron ciertas aprehensiones.

Pier Karlezi, por ejemplo, consideró que la implementación de direcciones IP fijas podría resultar impracticable. Además, generar riesgos relevantes en materia de privacidad, tales como, una mayor exposición a ciberataques, robo de identidad, recopilación masiva de datos personales, clonación de cuentas y otras vulneraciones de seguridad informática.

A su vez, Ignacio Achurra expresó su sorpresa por las discrepancias de la autoridad sectorial respecto a la persecución penal en entornos digitales, pese a que el Ejecutivo le asignó urgencia a este proyecto. A su juicio, se debería priorizar el proyecto que está hoy en el Senado, que modifica la normativa vigente para incorporar herramientas como la georreferenciación y que reduce los plazos de entrega en casos de alta complejidad (boletín 16.974).

El proyecto -aprobado y despachado por la Cámara a segundo trámite en marzo de 2025- fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico en determinados delitos cuya investigación requiere celeridad. Leer nota relacionada