Senado aborda situación de las fundaciones de derecho público con financiamiento estatal
Senado aborda situación de las fundaciones de derecho público con financiamiento estatal
Mientras senadoras y senadores de oposición denuncian el abandono de sectores vulnerables y el fin de programas históricos para mujeres rurales; desde el Ejecutivo se explican las medidas por déficits que superan los 3.900 millones de pesos en conjunto.
Sala de sesiones
En una sesión especial marcada por la presencia de sindicatos y dirigentes sociales en las tribunas, el Senado analizó la crisis que afecta a instituciones de derecho público vinculadas a la política social.
El foco principal estuvo en el anunciado cierre de la Fundación de las Familias y los ajustes en Prodemu, que han generado una fuerte controversia entre el Ejecutivo y representantes de la oposición.
Durante el debate intervinieron las y los senadores Daniel Núñez, Batriz Sánchez, Alejandra Sepúlveda, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Ricardo Celis y Alfonso De Urrestio.
Entre las intervenciones, se calificó el cierre de la Fundación de las Familias como una contradicción con el discurso oficial de fortalecimiento del tejido social, señalando que se retira al Estado de los barrios donde hay mayor presencia de criminalidad.
Manifestaron que estas medidas son "decisiones políticas" que dejan en el desamparo a más de 100.000 personas vulnerables.
Asimismo, alertaron sobre la descontinuación del programa Indap-Prodemu, calificando de "brutal" la eliminación de una iniciativa que ha capacitado a 35 mil mujeres rurales desde 1992.
En respuesta, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, aseguró que la medida busca la eficiencia de los recursos públicos, revelando que la Fundación de las Familias arrastra una deuda acumulada de 1.350 millones de pesos que compromete su viabilidad. "No se trata de reducir la política social, sino de fortalecerla y hacerla más eficiente", sostuvo la secretaria de Estado.
Santiago García-Huidobro, presidente del directorio de la Fundación de las Familias, refrendó los problemas de liquidez y estrés financiero estructural que han enfrentado y que les han obligado al cierre de ciertos centros, ajustes de equipos y disminución de cobertura territorial.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Judith Marín, fue enfática en detallar la "ausencia de control" en administraciones anteriores de Prodemu, lo que generó un déficit de 2.600 millones de pesos.
Según la ministra, el 80% del presupuesto de dicha fundación se destina a remuneraciones, lo que ha obligado a rescindir contratos de arriendo en diversas regiones y buscar alternativas como el teletrabajo para sus funcionarios.
Las y los senadores solicitaron recibir información sobre el destino de la infraestructura física de los centros comunitarios y la garantía de que no habrá "abandono territorial" en las zonas más pobres del país.
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