diputados: Piden extender plazo para acogerse a bono especial de retiro a funcionarios públicos

Proyecto de Acuerdo -presentado por diputado Fernando Meza- solicita al Presidente de la República prorrogar la vigencia de la Ley 20.212, que otorgó un bono especial de retiro a los funcionarios públicos que cumplieran los requisitos para jubilar y no lo habían hecho. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados por 45 votos a favor y 4 abstenciones.

El diputado Fernando Meza (PRSD), quien impulsó el pronunciamiento de la Cámara en esta materia, recordó que la Ley 20.212, publicada el 29 de agosto de 2007 -producto de un acuerdo entre el Gobierno de la entonces Presidenta Bachelet y la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF)- además de entregar una serie de asignaciones especiales para incentivar el desempeño de los servidores públicos, estableció una bonificación especial de retiro para favorecer la renovación del personal estatal.

Agregó el parlamentario que la vigencia de tal beneficio expira el 31 de julio del año en curso, lo que deja fuera de su aplicación a quienes cumplan las exigencias de la norma legal fuera de la data mencionada. Tal situación, según el diputado Meza, “aparece contrario a la equidad, a la justicia social y a la debida igualdad que debe existir entre las personas frente a la ley”.

“Carece de toda justificación el que un grupo de funcionarios haya sido favorecido por el Estado y el resto de los mismos, en igualdad de condiciones, no sean considerados y queden al margen de los aludidos beneficios por el sólo hecho de cumplir la edad o los años de servicio después de expirado el plazo de vigencia del texto legal”, aseveró el legislador radical.

Por tal razón presentó este Proyecto de Acuerdo, que la Cámara de Diputados aprobó, y que solicita al Presidente Piñera que envíe urgentemente una modificación de la Ley 20.212 a fin de prorrogar hasta el año 2014 la posibilidad de acogerse al bono de retiro y, junto con ello, que aquéllos funcionarios que cumplían los requisitos para tal fin al momento de dictarse la ley y que no lo hicieron, dispongan de un plazo de dos años, a contar del 30 de julio de 2010, para acogerse al mismo.

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