Diputados: Nuevo marco legal reconoce y protege a los recolectores de residuos domiciliarios

 

Nuevo marco legal reconoce y protege a los recolectores de residuos domiciliarios

La iniciativa, originada por el Ejecutivo y apoyada hoy por la Sala de la Cámara, atiende a las condiciones laborales de estos trabajadores, junto con darles garantías tanto a estos como a los empleadores, ya sean particulares o municipios.

Julio 29, 2024

Reconocer la labor de las y los recolectores de residuos domiciliarios, así como fortalecer su protección en salud y seguridad, robusteciendo para ello su acceso a la atención que presta el seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Esa es la finalidad de un proyecto (boletín 16846) impulsado por el Gobierno que hoy aprobó la Sala de la Cámara en forma unánime y derivó a segundo trámite.

El informe de la Comisión de Trabajo lo rindió la diputada Ximena Ossandón (RN). En él se comunica que la ley establece las condiciones sanitarias y ambientales en las que se deben desarrollar las labores de recolección de residuos sólidos domiciliarios con el objeto de gestionar, de manera preventiva, los riesgos laborales asociados a ellas. Así, se espera proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras que desempeñan estas tareas.

En todo lo que no contemple la presente regulación, se atenderá a lo establecido en la Ley 16.744. Ella establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Se entenderá como labor de recolección de residuos domiciliarios aquella realizada por barredores, conductores o choferes y peonetas en camiones recolectores. Esto, en el contexto del cumplimiento, por parte de las municipalidades o los gobiernos regionales, del mandato legal vigente. Este concepto se aplicará, indistintamente, de la calidad contractual de las personas que ejercen las labores señaladas.

Subcontratación y nuevos requerimientos

El proyecto, de igual modo, regula la subcontratación de los servicios. De este modo, se espera garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos necesarios para el desarrollo de la labor. Asimismo, para priorizar aquellas ofertas que contemplen mejores condiciones laborales.

Por otra parte, obliga a las municipalidades y a los gobiernos regionales a verificar el cumplimiento de las obligaciones sanitarias, ambientales y laborales de las empresas concesionarias. Y, en caso de tomar conocimiento de eventuales infracciones, deberán informarlas y otorgar un plazo máximo para su corrección. De mantenerse estas, entrega facultades para accionar de manera subrogada y aplicar sanciones contractuales o legales.

El texto, además, garantiza a las y los trabajadores la provisión de agua potable y acceso a servicios higiénicos. Junto a ello, se les debe entregar lugares habilitados, limpios y en buen estado, para alimentarse, ducharse y cambiarse vestimenta durante toda su jornada laboral.

Otras normas de esta normativa regulan la provisión de asistencia frente a emergencias o contingencias; y exige un protocolo de prevención y gestión de riesgos, junto con la debida capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, demanda la entrega de implementos de seguridad necesarios para la labor.

Finalmente, entre otras normas, se incorpora a las y los recolectores a los programas de vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores. De igual modo, se describe el marco de fiscalización y sancionatorio de esta ley.

Debate de la propuesta

Expusieron en la discusión Sara Concha (CSC), Felipe Donoso (UDI), Marta González (IND), Carolina Tello (FA), Juan Santana (PS), Felipe Camaño (IND), Andrés Celis (RN), Carlos Bianchi (IND), Luis Alberto Cuello (IND), Hotuiti Teao (Evop), José Carlos Meza (PREP), Camila Musante (IND), Carla Morales (RN), Catalina Pérez (FA), Marcos Ilabaca (PS), Ricardo Cifuentes (DC), Daniel Lilayu (UDI), Rubén Darío Oyarzo (IND), María Luisa Cordero (IND), Emilia Nuyado (PS), Viviana Delgado (IND), Consuelo Veloso (IND), Eduardo Durán (RN), Marta Bravo (UDI), Matías Ramírez (PC), Daniel Melo (PS), Raúl Soto (PPD), Sebastián Videla (IND), Gael Yeomans (FA), Juan Carlos Beltrán (RN), Helia Molina (PPD), Cosme Mellado (PR), Miguel Mellado (RN), Héctor Ulloa (IND), Marcela Riquelme (IND), Cristián Tapia (IND), Henry Leal (UDI) y Lorena Pizarro (PC).

Aprovechando la presencia en las tribunas de representantes de las y los recolectores de residuos domiciliarios del país, y coincidiendo con su día nacional, ofrecieron un cálido reconocimiento a su labor en sus diversos testimonios.

Estimaron que el país está en deuda con ellos y valoraron que esta propuesta avance en reivindicaciones mínimas en materia de salud y condiciones de trabajo. Igualmente, algunos llamaron a que exista una real protección. Así, aspiraron a que se tome esta ley como un punto de partida para nuevas mejoras en sus condiciones laborales.

Gobierno

Por el Ejecutivo participó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. Aclaró algunas de las dudas expresadas en el debate, por ejemplo, en torno a las exigencias que tendrá el reglamento para condicionar el equipamiento que se les deberá entregar a las y los trabajadores.

También especificó que se avanzará en una mesa tripartita (Gobierno, empleadores y trabajadores) el tema de la salud profesional. Asimismo, recordó que los municipios dispondrán de mayores recursos para sus gastos a través de la Ley de Royalty Minero.

Remarco que esta propuesta es fruto de un largo trabajo que busca fomentar la entrega de mejores condiciones laborales y mayores salarios. “Con este proyecto se puede reafirmar que, para que esta sociedad funcione, todos los trabajadores y trabajadoras son importantes… Todos son necesarios y tienen la misma dignidad y estándares de trabajo decente”, puntualizó.

Inversión de interés social

Además del tema de los recolectores, la Sala aprobó y despachó a segundo trámite una iniciativa (boletín 16993) que modifica la Ley de Presupuestos de 2024, en lo referente al financiamiento de programas de inversión regional. En concreto, autoriza a los gobiernos regionales a considerar como “unidad técnica” a la empresa que ejecute un proyecto de saneamiento rural o ubicado en territorios insulares, tales como agua potable, alcantarillado y disposición y tratamiento de aguas servidas.

Adicionalmente, permite traspasar recursos considerados para inversión regional en proyectos en áreas rurales sobre electrificación. También relativos a gas, generación de energía, telefonía celular y comunicaciones.

Tras la entrega del informe de la Comisión de Hacienda, por parte de la diputada Camila Rojas (FA), intervinieron en el debate Flor Weisse (UDI), Marta González (IND), Carolina Tello (FA), Frank Sauerbaum (RN) y Felipe Camaño (IND). En sus exposiciones manifestaron su apoyo a la iniciativa.

Estimaron que va en la línea correcta para facilitar proyectos de interés social y entregar a los gobiernos regionales la directriz necesaria para que los recursos, efectivamente, se destinen a dichos fines.

La iniciativa se aprobó en general por la unanimidad de los presentes y, luego, se ratificó el resto del articulado en otra votación. Pasó al Senado.