Diputados: A Sala prórroga de la vigencia del Plan de Emergencia Habitacional

 A Sala prórroga de la vigencia del Plan de Emergencia Habitacional

La iniciativa, despachada a la Sala por la Comisión de Vivienda, busca darle continuidad a los planes que se están realizando en el área de vivienda, sobre todo, considerando que la Ley 21.450 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

11 de diciembre de 2025

Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2029 el régimen normativo excepcional establecido en la Ley 21.450, sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y Plan de Emergencia Habitacional, es el objetivo principal del proyecto (boletín 17780) aprobado por la Comisión de Vivienda.

La iniciativa, respaldada en forma unánime, se despachó a la Sala en los mismos términos que el Senado.

La idea de la prórroga es garantizar la continuidad de los proyectos de vivienda. Asimismo, dar más tiempo para la gestión de suelo y la construcción de viviendas, de modo de evitar que queden paralizados.

En sus fundamentos, la propuesta indica que la citada Ley 21.450 permitió establecer, como una política prioritaria de Estado, el Plan de Emergencia Habitacional. Para esto, habilitó un régimen excepcional y transitorio para agilizar la gestión de suelo. Asimismo, buscó facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales con alto impacto urbano y social.

Sin embargo, y a pesar del esfuerzo, la magnitud del desafío habitacional sigue siendo significativa. Así, según se informó, más de 600 mil familias esperan una solución habitacional definitiva, mientras que miles de ellas viven hoy en condiciones de campamentos.

Regulación de la copropiedad

Doris González Encargada Nacional Secretaría Ejecutiva de condominios

La instancia legislativa, además, continúo la discusión general del proyecto, de autoría del  diputado Tomás Hirsch, que modifica la Ley 21.442, de copropiedad inmobiliaria. El texto (boletín 17889) aborda el tema de la administración y protección de los intereses de los copropietarios.

El objetivo es aumentar las exigencias para desempeñarse como administrador de condominios. Asimismo, se propone ampliar las sanciones para quienes hagan abuso de sus facultades y actúen de manera fraudulenta ante la comunidad de copropietarios. También limita las facultades que tienen los administradores para establecer multas a los copropietarios.

En la sesión, expuso Doris González, encargada nacional de la Secretaría Ejecutiva de Condominios. Señaló que la copropiedad del país es una forma de habitar que sigue en expansión. De tal modo, el 30,6 % de las viviendas en el espacio urbano, hoy día, está en el régimen de copropiedad. “Esto va en aumento. El 70% de las viviendas que se están construyendo, como Minvu, a lo largo del país, están bajo el régimen de copropiedad”, acotó.

Señaló que valora que la iniciativa otorgue normas urbanas y de construcción que establezcan certezas jurídicas. En este sentido, indicó que destacan que se instituyan exigencias para formar parte de los comités de administración, ya que, con ello, confiere seguridades a la comunidad y, también, a quienes ejercen esta labor. Sin embargo, advirtió que “la comunidad lo podría establecer en su reglamento de copropiedad si así lo desea”.

Planteó que sería difícil de pesquisar la propuesta del proyecto de que se entregue la obligación de rendición mensual de cuentas. Esto, debido a que no hay manera de acceder a la información, sino es reportada por la propia comunidad. Además, podría producir una extrema congestión en su administración.