Diputados: Incineración de basura: Sala despachó proyecto que aumenta sanciones

 Incineración de basura: Sala despachó proyecto que aumenta sanciones

Sin embargo, por no alcanzarse el quórum requerido, se rechazó el artículo que ordenaba a las municipalidades implementar programas de educación ambiental, para fomentar el correcto manejo de los residuos y la promoción del reciclaje.

La Cámara aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto de ley que aumenta las sanciones a la incineración de basura. La norma (boletines 17522 y 17582) también pretendía promover la educación ambiental en el manejo de residuos. Sin embargo, esta última norma no alcanzó el quórum necesario para su aprobación.

El objetivo de la propuesta es garantizar la vida y la salud de las personas, así como proteger el medio ambiente. Esto, debido a que la incineración o quemas de basura generan altos niveles de contaminación atmosférica al liberarse sustancias tóxicas. Esta situación provoca un aumento de enfermedades respiratorias, oculares y cutáneas, junto a problemas cardiovasculares y de salud mental.

Además, se argumenta que la incineración de basura puede contaminar aguas subterráneas o generar incendios que, al propagarse, pueden causar daños significativos a la población.

Sanciones por incineración de basura

El proyecto modifica la Ley General de Bases del Medio Ambiente y otras normas para establecer como responsable de daño ambiental a quien ejecute incineración de basura sin autorización en las cercanías de lugares poblados.

En este marco se consideran residuos o desechos de papeles, neumáticos, demolición y construcción. También materias orgánicas o agrícolas, forestales, metales, fierros, cableado, madera o aserrín o cualquier otro desperdicio.

Además, se sanciona su realización en la vía pública, calles, parques, cerros, quebradas, bienes nacionales de uso público, propiedades fiscales, municipales o privadas. De igual modo, se incluyen caminos, accesos, sitios eriazos, áreas de conservación, playas o riberas de ríos o lagos, entre otros.

Todo lo anterior se aplicará cuando la conducta genere efectos nocivos para la salud, la flora o fauna de la zona afectada o ponga en peligro la vida de las personas.

La norma establece las sanciones para los responsables de acuerdo a lo contenido en el artículo 477 del Código Penal. Allí se imponen penas de presidio de hasta 10 años. Por otra parte, aumenta en un grado la pena si la conducta se lleva a cabo con la finalidad de vender, intercambiar u obtener lucro o ganancia de la incineración de residuos o sus derivados. Por ejemplo, lo que ocurre con metales recuperados producto de quemas no autorizadas.

Finalmente, como se mencionó más arriba, el texto establecía que las municipalidades debían implementar programas de educación ambiental. La idea era fomentar el correcto manejo de los residuos y la promoción del reciclaje. Además, debían generar sistemas de control para prevenir quemas de basura en áreas urbanas.

Debate en la Sala

El informe del proyecto lo entregó la diputada Marisela Santibáñez. En el debate intervinieron Marcela Hernando, Daniel Lilayu, Fabián Ossandón, Bernardo Salinas, Claudia Reyes, Carlos Carvajal, Luis Malla, Carlo Arqueros, Jorge Díaz, Juan Carlos Beltrán, Luis Pardo, Sebastián Videla, Jaime Mulet, Fernando Ugarte, Roberto Arroyo y Cristian Contreras.

Quienes respaldaron la norma se centraron en los beneficios para la salud de las comunidades. Alertaron que la exposición al humo tóxico se ha vuelto constante en algunas regiones. Por esto, valoraron endurecer las sanciones y la necesidad de establecer responsabilidades claras cuando el daño es evidente.

También se advirtió que estas acciones se replican en distintas regiones del país, por lo que la solución debería ser integral. Del mismo modo, se solicitó tomar medidas para incentivar el reciclaje y promover el uso de tecnologías avanzadas para la gestión de residuos.

Posiciones en contra

En las posiciones en contra, se cuestionó el diseño del proyecto. Se señaló que el aumento de sanciones resulta insuficiente sin mecanismos efectivos de fiscalización. Además, se advirtió la existencia de ambigüedades en el texto y posibles conflictos con la normativa vigente.

Igualmente, se planteó que la iniciativa podría afectar actividades hoy permitidas, como quemas autorizadas en ciertas zonas. Junto a esto, se acusó falta de definiciones claras, por ejemplo, en torno a la cercanía a áreas pobladas, lo que podría generar interpretaciones amplias.

Frente a dicho escenario, plantearon que el proyecto requiere modificaciones profundas para enfrentar las quemas ilegales, ya que, tal como está redactado, algunas disposiciones podrían no tener aplicación práctica.