Hospital de Los Ángeles: Contraloría formula reparos por más de $1.500 millones por irregularidades en gestión

 Foto Contraloría General de la República

Gastos injustificados, falta de cumplimiento en licitaciones son algunas de las deficiencias por lo que se iniciarán procedimientos disciplinarios y se enviarán los antecedentes al Ministerio Público y al Servicio de Impuestos Internos.

Dos informes de auditoría realizados por la Contraloría Regional del Biobío dieron cuenta de diversas irregularidades en la gestión, licitaciones y contrataciones de servicios en el complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles. Estas situaciones derivaron en la formulación de reparos por más de $1.500 millones de pesos, la apertura de procedimientos disciplinarios, y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos.

Se trata de los informes N°636 y 700, ambos emitidos esta semana. En el primero, se detectaron gastos insuficientemente acreditados en el pago en exceso de horas no ejecutadas de servicios de aseo y, seguridad y vigilancia; en la ejecución del convenio de suministros de ferretería; en pagos a una empresa para las mantenciones y adquisición de accesorios de equipos médicos; pago en exceso a en servicios de “Apoyo de servicios logísticos para el Departamento de Abastecimiento” y “Servicio de apoyo para el Departamento de Operaciones”. Por estos conceptos, la Contraloría formulará un reparo por $1.112.415.223.

Durante la fiscalización también se constataron irregularidades en la ejecución del convenio de mantención, debido a que las guías de servicio exigidas por las bases de licitación fueron suscritas por el único accionista de la empresa y por un funcionario que, entre el 15 de febrero y 18 de abril de 2023, no cumplía funciones en el hospital. Asimismo, se verificó el pago de mantenciones de equipos dados de baja en 2022, y de la falta de registros sobre repuestos cambiados.

Se comprobó además que los centros de costos del centro asistencial no efectuaron solicitudes formales de mantención para equipos médicos, cuyas necesidades que fueron identificadas por la Unidad de Equipos Médicos, lo que generó una concentración de funciones en esa unidad. También se advirtió que los informes técnicos fueron elaborados por profesionales sin acreditación técnica en equipos médicos.

Por otra parte, se evidenció una concentración de funciones en jefaturas que participaron en múltiples etapas de los procesos de compra, contraviniendo la legislación vigente. Otro hallazgo señala que el jefe de la Unidad de Administración de Servicios vulneró el deber de abstención al emitir certificados de acreditación de experiencia para empresas licitantes y, simultáneamente, integrar la comisión evaluadora, además de actuar como contraparte técnica en contratos vigentes con dichas empresas, afectando con su conducta la imparcialidad y contraviniendo el principio de probidad administrativa.

Asimismo, se advirtió que el hospital efectuó adquisiciones por $477.533.970 mediante trato directo, pero no acreditó la inexistencia de otros proveedores ni la pertinencia de recurrir a esta modalidad. Se constató que el recinto asistencial contrató servicios de personal especializado durante 2023 y 2024, también mediante trato directo, careciendo de las resoluciones exentas que los aprobaran y que justificaran la idoneidad técnica. Esto, además de observarse que las labores contratadas corresponden a funciones propias y habituales del establecimiento.

El recinto asistencial también autorizó la contratación por trato directo del “Servicio de Orientadores de Atención al Público” por $141.395.169, para dar continuidad a una licitación anterior, no obstante, las funciones corresponden a labores propias y habituales del hospital.

Se verificó que las contrataciones con la empresa para proveer personal de apoyo en el Departamento de Abastecimiento incluyeron funciones como digitadores, asistentes y conductor de grúa horquilla, relacionadas con procesos de recepción, almacenamiento y distribución de insumos clínicos y generales, labores que constituyen funciones propias del organismo.

 

Pagos y trabajos sin respaldo

Por su parte, el informe N°700 dio cuenta del pago de $563.109.772, en la ejecución de dos convenios de Mantención de Obras Menores, sin contar con la documentación suficiente que respaldaran los gastos, imposibilitando la trazabilidad y su revisión en terreno.

Asimismo, se estableció que hubo el pago de $215.504.478, en la ejecución de tres convenios para la “Mantención y Reparación de Cubiertas de Techumbres, Canales y Bajadas de Aguas Lluvia”, donde tampoco se contaba con la documentación suficiente para respaldar los gastos, impidiendo ubicarlos y efectuar una revisión en terreno de las obras.

También se pagó un total de $11.302.500 por la provisión e instalación de seis bombas sumergibles elevadoras de aguas lluvia, sin que exista evidencia gráfica o física de la recepción y puesta en marcha de este equipamiento.

Se constató el pago en exceso de $8.089.000, durante la ejecución del “Convenio de Obras Menores”, debido a la aprobación de cantidades de obras mayores a lo realmente ejecutado en terreno.

Las irregularidades detectadas por la Contraloría vulneran los principios de eficiencia y eficacia e infringen el principio de control establecido en la legislación. En este caso, se formulará un reparo por $798.305.750, y se enviarán los antecedentes al Ministerio Público.

Finalmente, se estableció que se otorgó un mayor plazo de ejecución en el contrato "Conservación de oficinas boxes y áreas comunes del centro de costo de Oncología”, el cual no aparece debidamente sustentado documentalmente, actuación que imposibilitó a esa administración aplicar la sanción correspondiente al cobro del 1% del valor total del contrato.

Fuente: Contraloría General de la República