Diputados: Sala aprobó ampliación de “ley del mono”

 Sala aprobó ampliación de “ley del mono”

La moción busca ampliar la vigencia y alcance del régimen excepcional de regularización de viviendas. Además, establece que los municipios podrán prestar asesoría gratuita a familias vulnerables.

La Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto (boletín 18189) que modifica la ley N°20.898, conocida como “ley del mono”, para ampliar el régimen excepcional de regularización de viviendas y actualizar la fecha de su aplicación.

El objetivo es dar una respuesta a la realidad habitacional de los últimos años donde existió un aumento en la autoconstrucción. En esta dirección se busca entregar certeza jurídica a miles de familias.

Para ello, la iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2029 el plazo para regularizar las construcciones. Junto a esto, establece este procedimiento simplificado para edificaciones realizadas hasta antes del 28 de noviembre de 2025 y que no cuenten con recepción definitiva total o parcial.

La moción parlamentaria, impulsada por el diputado DC, Javier Muñoz, también modifica la citada ley del mono para elevar el avalúo fiscal máximo de las viviendas que pueden acogerse a este sistema simplificado. De este modo, se podrán acoger a este régimen de regularización viviendas de hasta 2.000 UF.

Superficie de las viviendas

Otro cambio relevante es la ampliación de la superficie máxima de las propiedades incluidas en el procedimiento de regularización y el costo de este trámite.

La norma propuesta considera un primer tramo a costo cero, para viviendas de 90 a 120 metros cuadrados. El segundo tramo, en tanto, llegará hasta los 180 metros cuadrados. En este caso, el pago asociado a la regularización alcanzará el 50% del monto habitual de pago.

En materia de plazos, dispone que las direcciones de Obras Municipales (DOM) deberán, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, revisar el cumplimiento de las normas urbanísticas de la respectiva petición.

Finalmente, durante la votación en la Sala, esta aprobó una indicación de la diputada Emilia Nuyado, que señala que las municipalidades podrán conformar equipos comunales de regularización de viviendas. Integradas por profesionales y técnicos, su objetivo será prestar asistencia gratuita a personas pertenecientes al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares, adultos mayores, personas con discapacidad y habitantes de sectores rurales.

Intervenciones parlamentarias

Durante el debate, las y los diputados valoraron ampliamente la iniciativa por considerar que entrega una solución concreta a miles de familias que aún no pueden regularizar sus viviendas. En esa línea, destacaron que la denominada “ley del mono” reconoce una realidad extendida en el país, marcada por procesos de autoconstrucción desarrollados con esfuerzo y ahorro familiar.

Sin embargo, varias intervenciones plantearon la necesidad de abordar desafíos pendientes vinculados a la planificación territorial y a la capacidad de los municipios para implementar adecuadamente la normativa. Asimismo, algunos parlamentarios advirtieron que los procesos de regularización suelen implicar exigencias técnicas y costos que muchas familias no están en condiciones de asumir, por lo que llamaron a generar mecanismos que faciliten su acceso. También se relevó la importancia de avanzar en regulaciones que reconozcan de mejor manera las particularidades de los territorios rurales.

Por otra parte, uno de los principales puntos de atención durante la discusión se relacionó con los estándares de seguridad de las construcciones. En ese contexto, distintas intervenciones coincidieron en que ampliar los procesos de regularización no debe transformarse en incentivos para construir al margen de la normativa vigente. Advirtieron, al respecto, que el proyecto no puede desconocer exigencias básicas de seguridad ni permitir la regularización de viviendas emplazadas en zonas de riesgo, como, por ejemplo, áreas expuestas a derrumbes o catástrofes naturales. Por ello, enfatizaron en la necesidad de mantener resguardos mínimos que protejan la vida e integridad de las personas.

Intervinieron en el debate las y los diputados Daniel Lilayu, Cristian Neira, Gonzalo Winter, Bernardo Salinas, Álvaro Jofré, Juan Carlos Beltrán, Héctor Ulloa, Javier Muñoz, José Montalva, Alex Nahuelquin, Ana María Gazmuri, Francisco Crisóstomo, Emilia Nuyado, Leandro Kunstmann, Nelson Venegas, Alejandra Valdebenito, Sofía González, Carlos Cuadrado, Jaime Coloma, Roberto Arroyo, Carlos Bianchi, Eileen Urqueta, René Manuel García, Javier Olivares, Tomás Kast, Andrea Macías, Omar Sabat, Carolina Cucumides, Flor Contreras y Valentina Cáceres.