AUMENTO EN EL PRECIO DE ALIMENTOS AFECTARÁ LA POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El sostenido aumento en los precios de los alimentos y en el valor de los hidrocarburos tendrá graves efectos sobre la pobreza y la distribución del ingreso en los países de América Latina y el Caribe.
Así lo señala la CEPAL en su informe Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2007-2008. Según un ejercicio de simulación para aislar y evaluar el impacto del aumento de los precios de los alimentos, un incremento del 15% en el valor de estos productos implicaría un crecimiento de la pobreza de casi 3 puntos porcentuales, que afectaría a más de 15 millones de personas. Estas cifras equivalen a cerca de un tercio de las mejoras en los indicadores de pobreza entre 2002 y 2007.
La situación ha provocado un aumento de las demandas para que los sectores públicos protejan a los consumidores y así disminuir la transmisión hacia el mercado doméstico de los incrementos en los precios externos que han causado el deterioro en los niveles de ingreso de los grupos de menores recursos.
El aumento de los precios de los alimentos castiga más a quienes destinan una mayor proporción de su ingreso para adquirirlos, sostiene la CEPAL. Una familia de bajos ingresos destinará un mayor porcentaje de ellos a comprar los alimentos básicos para cubrir sus requerimientos nutricionales.
Los países enfrentan una difícil disyuntiva. Su capacidad para mitigar el efecto de estas alzas guarda estrecha relación con las holguras o espacios fiscales disponibles. Dentro de esos límites las alternativas de política se caracterizan por cuán amplio es el grupo beneficiario y el carácter temporal o permanente de las medidas.
Según la CEPAL, los programas focalizados son más eficientes en el largo plazo, suponen un menor costo fiscal y evitan el sacrificio de otros programas públicos de alta prioridad (como el gasto en salud, por ejemplo). Pero son más difíciles de implementar en el corto plazo y más exigentes en relación al tipo de institucionalidad y organización de las políticas sociales. A su vez, medidas de carácter amplio —como precios subsidiados— son más onerosas en términos de recursos y posible sacrificio de programas públicos de alto valor social, pudiendo inclusive ser regresivos. Aunque también pueden ser más efectivas en atender la urgencia de corto plazo.
El informe muestra que las alternativas de intervención estatal usadas por los países de la región para atenuar este impacto han sido variadas. Ellas incluyen medidas de tipo administrativo y el uso de instrumentos de política fiscal o comercial. Entre las medidas de uso más frecuente —según la cantidad de países que las implementaron— están aquellas destinadas a compensar el impacto de los aumentos de precios de estos productos sobre los consumidores. Estos instrumentos comprenden programas de distribución de alimentos, transferencias de ingresos y reducción de impuestos.
Las medidas administrativas que se han puesto en práctica en la región incluyen:
La implantación de cuotas o límites cuantitativos a las exportaciones, como ha ocurrido recientemente con el arroz en el Brasil, y la carne vacuna y los cereales en Argentina y Bolivia;
Los acuerdos y controles de precios en determinados mercados de alimentos, como en Argentina, Bolivia, Honduras, México y el Paraguay;
Los esquemas de liberalización que incluyan una reducción o eliminación de las restricciones de importaciones y barreras no arancelarias, como los que se puso en práctica en México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte; y
Los acuerdos bilaterales para la importación de alimentos o granos, como los implementados recientemente entre Bolivia y Argentina.
Entre los instrumentos de política que tienen impacto fiscal deben considerarse:
Las reducciones o eliminaciones impositivas (del IVA e impuestos específicos aplicables a alimentos o servicios conexos a los mercados de productos alimenticios, como el transporte de alimentos), como en el caso de El Salvador, Perú y Venezuela;
Los esquemas de liberalización que incluyan la reducción o eliminación de aranceles a las importaciones de granos, harinas y alimentos, como los implementados por Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú;
Los subsidios de precios al consumo de alimentos y harinas, como los aplicados en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y República Dominicana;
Las restricciones a las exportaciones mediante el establecimiento de aranceles a las exportaciones de alimentos y granos, como en el caso de Argentina;
Las compras de alimentos en el mercado internacional por parte del gobierno para su venta en el mercado interno a precios controlados, como en Bolivia, Ecuador, Honduras y México; y
El fomento de la producción de alimentos y granos mediante subsidios para la adquisición de fertilizantes y otros insumos, como en Guatemala, Haití y México.
Así lo señala la CEPAL en su informe Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2007-2008. Según un ejercicio de simulación para aislar y evaluar el impacto del aumento de los precios de los alimentos, un incremento del 15% en el valor de estos productos implicaría un crecimiento de la pobreza de casi 3 puntos porcentuales, que afectaría a más de 15 millones de personas. Estas cifras equivalen a cerca de un tercio de las mejoras en los indicadores de pobreza entre 2002 y 2007.
La situación ha provocado un aumento de las demandas para que los sectores públicos protejan a los consumidores y así disminuir la transmisión hacia el mercado doméstico de los incrementos en los precios externos que han causado el deterioro en los niveles de ingreso de los grupos de menores recursos.
El aumento de los precios de los alimentos castiga más a quienes destinan una mayor proporción de su ingreso para adquirirlos, sostiene la CEPAL. Una familia de bajos ingresos destinará un mayor porcentaje de ellos a comprar los alimentos básicos para cubrir sus requerimientos nutricionales.
Los países enfrentan una difícil disyuntiva. Su capacidad para mitigar el efecto de estas alzas guarda estrecha relación con las holguras o espacios fiscales disponibles. Dentro de esos límites las alternativas de política se caracterizan por cuán amplio es el grupo beneficiario y el carácter temporal o permanente de las medidas.
Según la CEPAL, los programas focalizados son más eficientes en el largo plazo, suponen un menor costo fiscal y evitan el sacrificio de otros programas públicos de alta prioridad (como el gasto en salud, por ejemplo). Pero son más difíciles de implementar en el corto plazo y más exigentes en relación al tipo de institucionalidad y organización de las políticas sociales. A su vez, medidas de carácter amplio —como precios subsidiados— son más onerosas en términos de recursos y posible sacrificio de programas públicos de alto valor social, pudiendo inclusive ser regresivos. Aunque también pueden ser más efectivas en atender la urgencia de corto plazo.
El informe muestra que las alternativas de intervención estatal usadas por los países de la región para atenuar este impacto han sido variadas. Ellas incluyen medidas de tipo administrativo y el uso de instrumentos de política fiscal o comercial. Entre las medidas de uso más frecuente —según la cantidad de países que las implementaron— están aquellas destinadas a compensar el impacto de los aumentos de precios de estos productos sobre los consumidores. Estos instrumentos comprenden programas de distribución de alimentos, transferencias de ingresos y reducción de impuestos.
Las medidas administrativas que se han puesto en práctica en la región incluyen:
La implantación de cuotas o límites cuantitativos a las exportaciones, como ha ocurrido recientemente con el arroz en el Brasil, y la carne vacuna y los cereales en Argentina y Bolivia;
Los acuerdos y controles de precios en determinados mercados de alimentos, como en Argentina, Bolivia, Honduras, México y el Paraguay;
Los esquemas de liberalización que incluyan una reducción o eliminación de las restricciones de importaciones y barreras no arancelarias, como los que se puso en práctica en México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte; y
Los acuerdos bilaterales para la importación de alimentos o granos, como los implementados recientemente entre Bolivia y Argentina.
Entre los instrumentos de política que tienen impacto fiscal deben considerarse:
Las reducciones o eliminaciones impositivas (del IVA e impuestos específicos aplicables a alimentos o servicios conexos a los mercados de productos alimenticios, como el transporte de alimentos), como en el caso de El Salvador, Perú y Venezuela;
Los esquemas de liberalización que incluyan la reducción o eliminación de aranceles a las importaciones de granos, harinas y alimentos, como los implementados por Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú;
Los subsidios de precios al consumo de alimentos y harinas, como los aplicados en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y República Dominicana;
Las restricciones a las exportaciones mediante el establecimiento de aranceles a las exportaciones de alimentos y granos, como en el caso de Argentina;
Las compras de alimentos en el mercado internacional por parte del gobierno para su venta en el mercado interno a precios controlados, como en Bolivia, Ecuador, Honduras y México; y
El fomento de la producción de alimentos y granos mediante subsidios para la adquisición de fertilizantes y otros insumos, como en Guatemala, Haití y México.
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