PODER JUDICIAL RINDE HOMENAJE A JUEZ MÁRTIR RAMÓN ARAYA ARENAS magistrado asesinado -el 20 de mayo de 1911, en Quillota, en represalia a una sentencia judicial que adoptó.
“Juez Ramón Araya Arenas”, es el nombre que desde el pasado viernes 27 de diciembre, identifica al edificio que alberga al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y al Juzgado Garantía de Quillota, en honor del magistrado asesinado -el 20 de mayo de 1911, en dicha ciudad- en represalia a una sentencia judicial que adoptó.
La ceremonia donde se descubrió la placa que da cuenta de este homenaje estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, y contó con la presencia de los ministros del máximo tribunal del país Hugo Dolmetch, Pedro Pierry y Lamberto Cisternas; el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia; el ministro del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen; y el alcalde de Quillota, Luis Mella, además de familiares del homenajeado.
La placa -ubicada en el hall principal del edificio- simboliza el reconocimiento del Poder Judicial y de la comunidad de Quillota a la labor de un juez intachable, lo que fue destacado por el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, y por Cristián Araya Escobar, bisnieto del magistrado Araya, quienes fueron los oradores de la jornada.
Un crimen por encargo
El asesinato del magistrado Ramón Araya provocó gran conmoción en la comunidad de la época, que se vio impactada por la trama que precedió al crimen, los que fueron clarificados tras una acuciosa investigación encabezada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Carlos Silva Domínguez, quien pudo determinar que el asesino había actuado pagado y siguiendo instrucciones de personas que tenían incidencias judiciales y fallos adversos.
El 25 de mayo de 1911, uno de los sospechosos aprendidos confesó la autoría material del homicidio del juez Ramón Araya, señalando como instigadores a Eloy Pérez Olmos y Juan de Dios Calderón. El primero había sido condenado por el juez Ramón Araya por el delito de incendio, por lo que contactó a Calderón a fin que este consiguiera un sicario que diera muerte al magistrado, lo que finalmente Alfredo Brito hizo a cambio de la suma de cuatrocientos pesos.
El proceso judicial siguió su camino, y el 17 de octubre siguiente la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la condena a muerte impuesta al autor material, Alfredo Brito, y a presidio perpetuo a los instigadores, Pérez Olmos y Calderón, pena que, el 3 de junio de 1912, fue ratificada por la Corte Suprema, que desechó el último recurso de casación interpuesto por la defensa. La ejecución de esta sentencia se realizó en la Cárcel de Quillota.
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