Diputados: Moción plantea regular el derecho al acceso de las personas con discapacidad a la educación
Moción plantea regular el derecho al acceso de las personas con discapacidad a la educación
Publicado el 29 de abril del 2014
El proyecto, presentado por diputados de la bancada de Renovación Nacional y el independiente Joaquín Godoy, da cuenta que la discriminación, en general, es el cuarto motivo más recurrente en las denuncias efectuadas a nivel nacional en la Superintendencia de Educación.
Buscando avanzar en igualdad, un grupo de diputados de la bancada de Renovación Nacional y el independiente Joaquín Godoy, liderados por Nicolás Monckeberg, presentó un proyecto (boletín 9292) que modifica la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, regulando el derecho al acceso de las personas con discapacidad a la educación.
La moción, destinada a la Comisión de Educación para su estudio, fue ingresada a trámite legislativo el pasado 3 de abril por el diputado Nicolás Monckeberg junto a sus compañeros de RN Germán Becker, Bernardo Berger, Gonzalo Fuenzalida, Rosauro Martínez, Leopoldo Pérez, Paulina Núñez y Jorge Rathgeb y el independiente Joaquín Godoy.
Específicamente, la propuesta indica que toda discriminación por razón de discapacidad en el acceso a los establecimientos educacionales será considerado como una infracción grave.
La moción destaca que nuestro ordenamiento jurídico interno asegura a las personas el derecho a la igualdad (artículo 19, N° 2 de la Constitución) y define como obligatorias la educación básica y media, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. Asimismo, agrega, dichos preceptos son reforzados por la Ley General de Educación (y los principios ahí contenidos, particularmente el de “universalidad”) y por la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad.
“En particular y tratándose de la educación, el artículo 34 establece que el Estado garantizará a las personas con discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a los establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado”, recordaron los autores.
Cuestionaron, sin embargo, que uno de los puntos débiles de esta última normativa es que, a diferencia de otras que avanzan en igualdad de condiciones (por ejemplo en lo relativo al acceso al transporte), no presentan obligaciones para quien debiera ser el ente rector, en este caso, el Ministerio de Educación, que no se encuentra obligado a elaborar un Reglamento que tenga por objeto aterrizar y materializar el contenido de la norma citada.
Esta situación, recalca la moción, “ha dado espacios para que se discrimine a las personas con discapacidad en el acceso a los establecimientos educacionales”. “Resulta preocupante que la discriminación, en general, es el cuarto motivo más recurrente en las denuncias efectuadas a nivel nacional en la Superintendencia de Educación, según muestra el informe evacuado por este organismo sobre el periodo enero - diciembre del año 2013”, precisaron.
Publicado el 29 de abril del 2014
El proyecto, presentado por diputados de la bancada de Renovación Nacional y el independiente Joaquín Godoy, da cuenta que la discriminación, en general, es el cuarto motivo más recurrente en las denuncias efectuadas a nivel nacional en la Superintendencia de Educación.
Buscando avanzar en igualdad, un grupo de diputados de la bancada de Renovación Nacional y el independiente Joaquín Godoy, liderados por Nicolás Monckeberg, presentó un proyecto (boletín 9292) que modifica la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, regulando el derecho al acceso de las personas con discapacidad a la educación.
La moción, destinada a la Comisión de Educación para su estudio, fue ingresada a trámite legislativo el pasado 3 de abril por el diputado Nicolás Monckeberg junto a sus compañeros de RN Germán Becker, Bernardo Berger, Gonzalo Fuenzalida, Rosauro Martínez, Leopoldo Pérez, Paulina Núñez y Jorge Rathgeb y el independiente Joaquín Godoy.
Específicamente, la propuesta indica que toda discriminación por razón de discapacidad en el acceso a los establecimientos educacionales será considerado como una infracción grave.
La moción destaca que nuestro ordenamiento jurídico interno asegura a las personas el derecho a la igualdad (artículo 19, N° 2 de la Constitución) y define como obligatorias la educación básica y media, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. Asimismo, agrega, dichos preceptos son reforzados por la Ley General de Educación (y los principios ahí contenidos, particularmente el de “universalidad”) y por la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad.
“En particular y tratándose de la educación, el artículo 34 establece que el Estado garantizará a las personas con discapacidad el acceso a los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a los establecimientos de educación especial, según corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado”, recordaron los autores.
Cuestionaron, sin embargo, que uno de los puntos débiles de esta última normativa es que, a diferencia de otras que avanzan en igualdad de condiciones (por ejemplo en lo relativo al acceso al transporte), no presentan obligaciones para quien debiera ser el ente rector, en este caso, el Ministerio de Educación, que no se encuentra obligado a elaborar un Reglamento que tenga por objeto aterrizar y materializar el contenido de la norma citada.
Esta situación, recalca la moción, “ha dado espacios para que se discrimine a las personas con discapacidad en el acceso a los establecimientos educacionales”. “Resulta preocupante que la discriminación, en general, es el cuarto motivo más recurrente en las denuncias efectuadas a nivel nacional en la Superintendencia de Educación, según muestra el informe evacuado por este organismo sobre el periodo enero - diciembre del año 2013”, precisaron.
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