Ministra de Justicia explicó a la Comisión de Deportes el detalle de la fiscalización realizada a la ANFP. Finalizada la reunión , miembros de la Comisión ingresaron un proyecto de ley que faculta al Ministerio de Justicia a acudir con fuerza pública cuando una corporación se niegue a entregar la información en un proceso de fiscalización.

Publicado el 27 de noviembre del 2015

La Secretaria de Estado aseguró ante los diputados que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional se negó a entregar documentación contable y aseveró que volverán a solicitarla al organismo.



    Hasta la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados concurrió la Ministra del Justicia, Javiera Blanco, para explicar el detalle de la investigación que la cartera se encuentra realizando debido a los supuestos sueldos irregulares que habría recibido la mesa directiva encabezada por el expresidente de la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue.

    Sobre la fiscalización, Blanco comunicó que, hace unos días atrás, solicitaron a la ANFP información que les permitiera saber si se han efectuado modificaciones de estatutos, obteniendo como respuesta de parte de la corporación una negativa en torno a la entrega de documentos. “Llama poderosamente la atención que una institución se niegue a un Ministerio que, por ley, tiene facultades de fiscalización permanente, porque quien nada hace nada teme”, comentó la Secretaria de Estado.

    En el mismo contexto, la Ministra insistió en que de nada ayuda que una institución como la ANFP, que se supone que no tiene nada que ocultar, le diga al Ministerio de Justicia "no entre" y que, además, aduzca en la explicación que es un error del Ministerio haber pedido información que ya se tenía.

    Asimismo, hizo un llamado a la ANFP a no seguir mintiendo y a entregar toda la información necesaria para poder arribar a un adecuado cambio y modificación de estatutos. "Estamos hablando de corporaciones sin fines de lucro, por eso hemos establecido que no solo hay que modificar los estatutos, sino que, también, recuperar los pagos indebidos y establecer algunas medidas indemnizatorias para las afectaciones que se habían hecho a la corporación producto de estos pagos”, puntualizó.

    En la misma línea, la Ministra del Deporte, Natalia Riffo, lamentó la situación en la que se encuentra la ANFP y aseguró que acá hay dos temas: uno judicial, respecto del cual el Gobierno está tomando acciones, como corresponde; y otro que tiene que ver con el desarrollo de un deporte que mueve a la ciudadanía y que le da alegría.

    "Por tanto, nosotros consideramos inaceptable que la dirigencia en el mundo del fútbol esté pasando por estas problemáticas y esperamos que se establezcan los hechos para seguir avanzado y desarrollando una cultura deportiva sana”, remarcó.

    “La ANFP le mintió al país”

    Por su parte, el diputado Jaime Pilowsky (DC) criticó el accionar de la ANFP y recalcó que “ellos le mintieron al país señalando que la no entrega de información era por un error de comunicación". "La Ministra nos entregó una fotocopia en que, de puño y letra, el abogado de la ANFP niega la entrega de los libros contables, porque, a su juicio, no había un procedimiento administrativo que facultara al Ministerio para realizar el requerimiento”, comentó.

    En tanto, el diputado Matías Walker (DC) solicitó que el Consejo de Defensa del Estado evalúe la disolución judicial de la personalidad jurídica de la ANFP. “Esta es una oportunidad para adecuar los estatutos de la corporación, para hacerlos mucho más transparentes respecto del manejo de los recursos”, planteó.

    Sobre el mismo punto, el parlamentario pidió al Gobierno otorgarle urgencia al proyecto de ley, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, que le da mayores facultades a la Superintendencia de Valores y Seguros para fiscalizar a las sociedades anónimas deportivas profesionales.

    Finalizada la reunión con la Secretaria de Estado, miembros de la Comisión ingresaron un proyecto de ley que faculta al Ministerio de Justicia a acudir con fuerza pública cuando una corporación se niegue a entregar la información en un proceso de fiscalización. El proyecto fue firmado por los diputados Tucapel Jiménez (PPD), Matías Walker (DC), Osvaldo Urrutia (UDI) y Pedro Browne (IND).