Diputados de Seguridad Ciudadana comprometieron rápido despacho a proyecto que hace efectiva penas para hurto y robo
Diputados de Seguridad Ciudadana comprometieron rápido despacho a proyecto que hace efectiva penas para hurto y robo
Publicado el 06 de abril del 2015
La propuesta legal, presentada ayer por el Ejecutivo, se inserta dentro de un Plan de Seguridad que impulsa la actual administración y que busca superar los negativos índices de criminalidad y de inseguridad en el país. Legisladores de todos los sectores expresaron su apoyo a la iniciativa y expresaron su voluntad para perfeccionar la normativa.
Su apoyo a la propuesta legal y su compromiso de realizar un rápido trámite legislativo entregaron los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana respecto del proyecto (boletín 9885) recién presentado por el Ejecutivo, que facilita la aplicación efectiva de las penas fijadas para los delitos de robo, hurto y receptación y que mejora la persecución penal de dichos delitos.
La iniciativa, que se inserta dentro de un Plan de Seguridad que impulsa la actual administración y que busca superar los negativos índices de criminalidad y de inseguridad en el país, fue expuesta por el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, quien estuvo acompañado por los Subsecretario de Justicia y de Prevención del Delito, Ignacio Suárez y Antonio Frey, respectivamente.
A grandes rasgos, el Secretario de Estado explicó que el proyecto busca establecer criterios para que delitos como el robo y el asalto con violencia tengan la aplicación de penas efectivas a través de una asimilación a las normas de la llamada "Ley Emilia", que se aplica a conductores en estado de ebriedad que provocan accidentes con resultado de muerte. En particular, la iniciativa castiga duramente a las bandas criminales, con agravamiento de las penas para los robos de gran escala e impacto social; e impide bajar la pena fijada por la ley, aunque se presenten atenuantes.
En el caso de reincidentes, se contempla que pasen mayor tiempo presos/privados de libertad (un 45% tienen hoy penas menores o igual a un año) y se restringirían las penas sustitutivas, beneficios intra penitenciarios y la libertad condicional; en tanto que para los primerizos, se considera que en el caso de robos violentos contra las personas y en hogares, estén al menos un año privados de libertad, mientras que para los no violentos y hurtos, se otorgará una segunda oportunidad para reinsertarse en la sociedad.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputado Matías Walker (DC), expresó su contento por el tenor de la propuesta y manifestó, a nombre de sus colegas, la voluntad de priorizarla dentro de la agenda legislativa. "Vamos a dar una tramitación rápida a este proyecto que pretende aplicar las penas ya contempladas en nuestra legislación. No hay un aumento de penas, sino que queremos que las que existen en el Código Penal se cumplan efectivamente para los delitos de robo, hurto y receptación, que son muy frecuentes y de mayor connotación social y en los cuales tenemos un porcentaje de reincidencia superior al 50%, incluso, antes de un año", puntualizó.
Anunció que, en esta semana, escucharan al Fiscal Nacional y al Defensor Público Nacional y que, después de dichas intervenciones, procederán a votar la idea de legislar. "Queremos despachar este proyecto de ley no más allá de dos semanas más porque entendemos que para la ciudadanía es lejos la prioridad número uno en este momento", precisó.
Estimó que hay bastante coincidencia al interior de la Comisión respecto de los temas abordados en el proyecto y adelantó que, para agilizar la tramitación, trabajarán en conjunto con los equipos técnicos del Ejecutivo para definir las indicaciones que pudieran perfeccionarlo.
Resaltó que este no es un tema entre Gobierno y oposición, sino que es un tema de seguridad ciudadana, la preocupación principal de todos los chilenos y reiteró la disposición para trabajar de manera conjunta y con un sentido de altura de miras de modo que las penas que contempla nuestra legislación en los delitos de mayor connotación social se cumplan efectivamente.
El diputado Arturo Squella (UDI) apoyó esta posición y recalcó que la propuesta legal enfrenta de manera correcta el problema de la delincuencia, que es una de las principales demandas ciudadanas, atacando los delitos que generan mayor sensación de temor. "Creo que en parte importante está contenido en este proyecto de ley una de las principales demandas, que no solo nosotros desde la Alianza hemos hecho, sino que principalmente las hemos recogido desde la ciudadanía", comentó.
Consideró que el cumplimiento efectivo de las penas que están consagradas en nuestro ordenamiento jurídico es fundamental y recordó que hoy, aproximadamente el 50% de la población penal cumple su pena en libertad, lo que calificó negativamente.
Evaluó que los diputados de la Alianza apoyarán el proyecto, pero expresó su temor que los sectores de izquierda se marginen, teniendo presente el tratamiento de otros proyectos presentados por la derecha en una línea similar a la de la actual iniciativa del Gobierno.
Publicado el 06 de abril del 2015
La propuesta legal, presentada ayer por el Ejecutivo, se inserta dentro de un Plan de Seguridad que impulsa la actual administración y que busca superar los negativos índices de criminalidad y de inseguridad en el país. Legisladores de todos los sectores expresaron su apoyo a la iniciativa y expresaron su voluntad para perfeccionar la normativa.
Su apoyo a la propuesta legal y su compromiso de realizar un rápido trámite legislativo entregaron los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana respecto del proyecto (boletín 9885) recién presentado por el Ejecutivo, que facilita la aplicación efectiva de las penas fijadas para los delitos de robo, hurto y receptación y que mejora la persecución penal de dichos delitos.
La iniciativa, que se inserta dentro de un Plan de Seguridad que impulsa la actual administración y que busca superar los negativos índices de criminalidad y de inseguridad en el país, fue expuesta por el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, quien estuvo acompañado por los Subsecretario de Justicia y de Prevención del Delito, Ignacio Suárez y Antonio Frey, respectivamente.
A grandes rasgos, el Secretario de Estado explicó que el proyecto busca establecer criterios para que delitos como el robo y el asalto con violencia tengan la aplicación de penas efectivas a través de una asimilación a las normas de la llamada "Ley Emilia", que se aplica a conductores en estado de ebriedad que provocan accidentes con resultado de muerte. En particular, la iniciativa castiga duramente a las bandas criminales, con agravamiento de las penas para los robos de gran escala e impacto social; e impide bajar la pena fijada por la ley, aunque se presenten atenuantes.
En el caso de reincidentes, se contempla que pasen mayor tiempo presos/privados de libertad (un 45% tienen hoy penas menores o igual a un año) y se restringirían las penas sustitutivas, beneficios intra penitenciarios y la libertad condicional; en tanto que para los primerizos, se considera que en el caso de robos violentos contra las personas y en hogares, estén al menos un año privados de libertad, mientras que para los no violentos y hurtos, se otorgará una segunda oportunidad para reinsertarse en la sociedad.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputado Matías Walker (DC), expresó su contento por el tenor de la propuesta y manifestó, a nombre de sus colegas, la voluntad de priorizarla dentro de la agenda legislativa. "Vamos a dar una tramitación rápida a este proyecto que pretende aplicar las penas ya contempladas en nuestra legislación. No hay un aumento de penas, sino que queremos que las que existen en el Código Penal se cumplan efectivamente para los delitos de robo, hurto y receptación, que son muy frecuentes y de mayor connotación social y en los cuales tenemos un porcentaje de reincidencia superior al 50%, incluso, antes de un año", puntualizó.
Anunció que, en esta semana, escucharan al Fiscal Nacional y al Defensor Público Nacional y que, después de dichas intervenciones, procederán a votar la idea de legislar. "Queremos despachar este proyecto de ley no más allá de dos semanas más porque entendemos que para la ciudadanía es lejos la prioridad número uno en este momento", precisó.
Estimó que hay bastante coincidencia al interior de la Comisión respecto de los temas abordados en el proyecto y adelantó que, para agilizar la tramitación, trabajarán en conjunto con los equipos técnicos del Ejecutivo para definir las indicaciones que pudieran perfeccionarlo.
Resaltó que este no es un tema entre Gobierno y oposición, sino que es un tema de seguridad ciudadana, la preocupación principal de todos los chilenos y reiteró la disposición para trabajar de manera conjunta y con un sentido de altura de miras de modo que las penas que contempla nuestra legislación en los delitos de mayor connotación social se cumplan efectivamente.
El diputado Arturo Squella (UDI) apoyó esta posición y recalcó que la propuesta legal enfrenta de manera correcta el problema de la delincuencia, que es una de las principales demandas ciudadanas, atacando los delitos que generan mayor sensación de temor. "Creo que en parte importante está contenido en este proyecto de ley una de las principales demandas, que no solo nosotros desde la Alianza hemos hecho, sino que principalmente las hemos recogido desde la ciudadanía", comentó.
Consideró que el cumplimiento efectivo de las penas que están consagradas en nuestro ordenamiento jurídico es fundamental y recordó que hoy, aproximadamente el 50% de la población penal cumple su pena en libertad, lo que calificó negativamente.
Evaluó que los diputados de la Alianza apoyarán el proyecto, pero expresó su temor que los sectores de izquierda se marginen, teniendo presente el tratamiento de otros proyectos presentados por la derecha en una línea similar a la de la actual iniciativa del Gobierno.
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