Senado: Fortalecimiento de la Superintendencia de Salud: respaldan idea de legislar

 Fortalecimiento de la Superintendencia de Salud: respaldan idea de legislar

La norma amplía las facultades interpretativas y fiscalizadoras de la Intendencia de Prestadores de Salud -equiparándolas con las de la Intendencia de Fondos- y corrige las asimetrías en la resolución de controversias entre prestadores y pacientes.

Directo a la Sala, se dirige el proyecto iniciado en mensaje, que fortalece la Superintendencia de Salud. Esto luego que la Comisión de Salud aprobara -por unanimidad- en general el texto y comenzara a delinear las primeras indicaciones.

 

Durante sesiones sucesivas, la senadora Ximena Ordenes y sus pares Iván Flores (presidente), Juan Luis Castro, Francisco Chahuán y Sergio Gahona escucharon a actores relacionados con este cambio a la institucionalidad incluyendo al actual Superintendente, Víctor Torres.

 

En esta semana, la Comisión de Salud escuchó a la presidenta del Colegio Médico (COLMED), Anamaría Arriagada; el presidente de la Asociación de Clínicas, Javier Fuenzalida; la Superintendenta de Seguridad Social (SUSESO), Andrea Soto; el exsuperintendente de Salud, Sebastián Pavlovic; y la académica de la PUC, Lorena Camus. En la última sesión recibió las impresiones de la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza y el exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza.

 

Dado que se observaron un gran número de coincidencias respecto a las fortalezas y debilidades de la iniciativa, la Comisión acordó generar una mesa técnica para empezar a consensuar indicaciones. La idea es que cuando vuelva el proyecto a la Comisión de Salud, se destrabe rápido y pase a la Comisión de Hacienda, y de allí sea despachado a Sala.

 

PROYECTO

 

Cabe consignar que el proyecto busca modernizar y fortalecer el rol regulador de la Superintendencia de Salud, mediante una reestructuración institucional orientada a mejorar su eficiencia y eficacia, para lo que se crea un órgano colegiado de carácter técnico que la apoye en la toma de decisiones.

 

Asimismo, se amplían las facultades interpretativas y fiscalizadoras de la Intendencia de Prestadores de Salud -equiparándolas con las de la Intendencia de Fondos- y se corrigen las asimetrías en la resolución de controversias entre prestadores y pacientes. Asimismo, se plantea perfeccionar los mecanismos de protección de los derechos de las personas en el ámbito sanitario y modernizar el sistema de acreditación de prestadores, asegurando estándares de calidad a través de una supervisión continua y la aplicación de sanciones proporcionales, a los infractores.

 

PROS Y CONTRAS

 

Luego de dejar en evidencia los pros y contras de la propuesta que ya recibió cambios en su primer trámite, los expertos hicieron las siguientes recomendaciones:

Sincerar el informe financiero. La propuesta habla de contratar a 25 personas en la Superintendencia de Salud, lo que genera una serie de dudas dado una gran cantidad de cambios institucionales que se plantean.

Construir mejores indicadores de transparencia de los prestadores y seguros. Tanto la Intendencia de Prestadores de Salud como la Intendencia de Seguros y Fondos Previsionales, en el proyecto, deberán potenciar el trabajo de la Superintendencia en cuanto a proteger derechos de pacientes, mejorar la resolución de conflictos y aumentar la fiscalización. Al respecto, los expositores solicitaron explicitar mejor los indicadores. De hecho, se pidió que la norma tenga un enfoque más informativo que punitivo puesto que “con el afán de transparentar los litigios, se termina dañando la imagen de los prestadores individuales (médicos y profesionales sanitarios) e institucionales (clínicas, laboratorios, etc.)”. A su vez, se advirtió el peligro que puede significar publicar estados de resultados y balances financieros.

Separar roles. La Superintendencia deberá fiscalizar, dictar normas y arbitrar conflictos, de esta manera se cuestionó dicha concentración considerando el riesgo de discrecionalidad.

Evaluar el impacto de la creación de un Registro de Prestadores Sancionados. Se hizo ver el impacto que podría tener en la reputación de los prestadores públicos y privados puesto que los afectados estarán en esta nómina 5 años.

Fortalecer los procesos de mediación que hoy realiza la Superintendencia pensando en el rol de árbitro arbitrador. Y en cuanto a esto último, se admitió el “el aumento excesivo del derecho administrativo del proceso sancionatorio”.

Revisar la gobernanza del Consejo Asesor. En las audiencias, los distintos actores reconocieron que esta entidad debería tener autonomía haciendo el parangón con el modelo de la Comisión de Mercado Financiero (CMF). También se propuso rotar su presidencia, permitirle dictar normas generales, que sus miembros sean ratificados por el Congreso Nacional y que tenga un rol vinculante.