Diputados: Hacienda aprueba mejoras a Ley Ricarte Soto, sobre Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo

 Hacienda aprueba mejoras a Ley Ricarte Soto, sobre Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo

La propuesta aumenta el aporte fiscal y perfecciona reglas de sustentabilidad. Además, se autoriza a comprometer hasta el 90% de los recursos para diagnósticos y tratamientos.

Publicada: 20 de  enero de  2026

 

Optimizar el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. Ese es el objetivo del proyecto que aprobó la Comisión de Hacienda (boletines 17567 y 15047), que modifica el sistema de protección financiera para estas enfermedades, Ley Ricarte Soto.

La subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, presentó el proyecto previamente apoyado por la Comisión de Salud.

Explicó que el texto se estructura en 3 ejes:

Aumentar los recursos para el Fondo, de 100 mil millones a 185 mil millones, que significa un incremento del 85%.

Asegurar el uso eficiente de los recursos para dar sustentabilidad al sistema.

Cambios a la integración de la Comisión de Recomendación Priorizada y nuevas competencias a la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control.

Mejoras para tratamientos de alto costo

Junto al aumento de recursos para el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, el proyecto también permite elevar el límite de gasto anual de un 80% a un 90%. Estas medidas son relevantes, ya que la subsecretaria advirtió que la proyección señala que el 2027 el fondo dejará de ser sostenible. Esto porque, de no modificarse su funcionamiento, los egresos comenzarán a superar los ingresos totales.

Por otro lado, para garantizar el uso eficiente de los recursos, el proyecto considera un fortalecimiento del rol de la Subsecretaría de Salud Pública. En específico, en el monitoreo continuo del umbral de alto costo y la supervisión de la efectividad de los tratamientos.

En cuanto al eje participativo, la propuesta modifica la integración de la Comisión de Recomendación Priorizada. En este punto, reduce de 12 a 5 el número de expertos y mantiene dos pacientes. Para todos ellos se establece una remuneración de 8 UF por sesión ($317.000 app) y la obligación de declaración de intereses y patrimonio, acorde a la ley de probidad pública.

En cuanto a la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, se fija que podrá generar advertencias fundadas sobre problemas de eficacia o seguridad. Junto a esto, contribuir activamente al monitoreo de tecnologías en comunicación directa con la Subsecretaría de Salud.

Apoyo a la propuesta

Si bien las y los integrantes de la Comisión de Hacienda respaldaron la propuesta legal, hubo materias que recibieron algunos cuestionamientos. Por ejemplo, el pago de remuneración a quienes integran la Comisión de Recomendación Priorizada.

Esto porque diputados consideraron que no se requiere una dieta para quienes deseen compartir sus conocimientos en beneficio del país. Frente a esto, la subsecretaria precisó que la comisión no es un órgano que funciona permanentemente, sino solo en algunas etapas del proceso.

De todas maneras, se solicitó la votación separada de esta norma, la cual se aprobó por 5 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Con esto, la iniciativa quedó en condiciones de ser analizada en la Sala de la Cámara.