Diputados: Buscan incorporar nuevo criterio de adjudicación para contratos administrativos de suministro y prestación de servicios
Buscan incorporar nuevo criterio de adjudicación para contratos administrativos de suministro y prestación de servicios
Publicado el 31 de agosto del 2015
La iniciativa destaca la importancia de que las normas que regulan esta actividad sean siempre mirando el interés general, en cuanto a la satisfacción de las necesidades públicas, más que a cada contrato en particular.
Considerando que la contratación administrativa ha sido fundamental para la modernización del Estado y el desarrollo de un sector de la economía de nuestro país, un grupo de diputados UDI, encabezado por Osvaldo Urrutia, presentó un proyecto (boletín 10265) que busca modificar la Ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicio, para incorporar un nuevo criterio de adjudicación para contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
La moción, derivada a la Comisión de Hacienda para su estudio, fue ingresada el pasado 19 de agosto por el diputado Urrutia junto a sus compañeros de partido Felipe De Mussy, Patricio Melero y Ernesto Silva.
“Estimamos necesario que los contratos administrativos siempre incorporen dentro de sus criterios objetivos de adjudicación, normas que tiendan a favorecer a los ciudadanos cuando ellos sean directamente los usuarios, por ejemplo, tratándose de un contrato de concesión municipal para establecer estacionamientos de superficie”, afirmaron los parlamentarios.
Del mismo modo, en cuanto al plazo de duración de los contratos, “estimamos que estos se deben ajustar a los montos de inversión involucrados, en una relación directamente proporcional a su tiempo de duración. De esta manera, se evitarán atentados a la libre competencia y la adopción de posiciones monopólicas por parte de algunos contratistas, que no tienen justificación alguna”.
Finalmente, los diputados señalaron que incorporando estos criterios generales en la ley, se pueden evitar algunas distorsiones que en la práctica se han presentado en los contratos en particular, como también en la protección al interés superior que debe resguardar toda actuación de los órganos del Estado.
Publicado el 31 de agosto del 2015
La iniciativa destaca la importancia de que las normas que regulan esta actividad sean siempre mirando el interés general, en cuanto a la satisfacción de las necesidades públicas, más que a cada contrato en particular.
Considerando que la contratación administrativa ha sido fundamental para la modernización del Estado y el desarrollo de un sector de la economía de nuestro país, un grupo de diputados UDI, encabezado por Osvaldo Urrutia, presentó un proyecto (boletín 10265) que busca modificar la Ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicio, para incorporar un nuevo criterio de adjudicación para contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
La moción, derivada a la Comisión de Hacienda para su estudio, fue ingresada el pasado 19 de agosto por el diputado Urrutia junto a sus compañeros de partido Felipe De Mussy, Patricio Melero y Ernesto Silva.
“Estimamos necesario que los contratos administrativos siempre incorporen dentro de sus criterios objetivos de adjudicación, normas que tiendan a favorecer a los ciudadanos cuando ellos sean directamente los usuarios, por ejemplo, tratándose de un contrato de concesión municipal para establecer estacionamientos de superficie”, afirmaron los parlamentarios.
Del mismo modo, en cuanto al plazo de duración de los contratos, “estimamos que estos se deben ajustar a los montos de inversión involucrados, en una relación directamente proporcional a su tiempo de duración. De esta manera, se evitarán atentados a la libre competencia y la adopción de posiciones monopólicas por parte de algunos contratistas, que no tienen justificación alguna”.
Finalmente, los diputados señalaron que incorporando estos criterios generales en la ley, se pueden evitar algunas distorsiones que en la práctica se han presentado en los contratos en particular, como también en la protección al interés superior que debe resguardar toda actuación de los órganos del Estado.
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