CRA N°2: Contraloría advierte falta de evidencia para validar Estados Financieros de 73 entidades públicas
En su segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), emitido este miércoles 24 de diciembre, la Contraloría General dio a conocer los principales hallazgos detectados durante la revisión de Estados Financieros de 73 entidades públicas entre los años 2020 y 2024.
El reporte revela que en el 100% de los casos revisados se emitió “abstención de opinión”, lo que significa que no fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas.
Este resultado se debe a que los auditores no lograron obtener evidencia suficiente y adecuada que respalde los saldos contables, principalmente por debilidades en los controles internos, inconsistencias en registros contables y falta de análisis que sustente las cifras reportadas. También se detectaron problemas en los sistemas informáticos y en la gestión de recursos.
La CGR revisó en el período antes mencionado 50 instituciones del Gobierno Central y 23 del Sector Municipal. En todos los casos se aplicó la abstención debido a situaciones como falta de análisis de la entidad fiscalizada que explique y sustente sus saldos contables, controles internos débiles o inexistentes, registros contables con inconsistencias que no fueron aclaradas, y debilidad en los controles generales de tecnología de la información sobre los sistemas informáticos contables y/o de operación.
Todas estas situaciones impidieron asegurar la confiabilidad de la información financiera presentada por las entidades fiscalizadas, impactando en sus decisiones estratégicas y demuestran riesgo de gestión financiera deficiente, errores o fraudes. En total, son $15,9 billones de recursos involucrados: un 91% corresponde al Gobierno Central y el 9% restante al Sector Municipal.
Como resultado de dichas auditorías, durante el período antes mencionado, la CGR dispuso acciones disciplinarias, incluyendo 27 sumarios, 10 procedimientos internos y 10 remisiones a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.
Este escenario refleja riesgos significativos en la gestión financiera y la transparencia de las entidades públicas, afectando la confianza y la toma de decisiones estratégicas.
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