Diputados: Aprueban mejoras al Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo

 Aprueban mejoras al Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo

El proyecto, que pasa a segundo trámite, al Senado, aumenta el aporte fiscal de $100.000 millones a $185.000. Además, autoriza a comprometer hasta el 90% de los recursos para diagnósticos y tratamientos.

Publicada: 28 enero 2026

Por unanimidad, la Sala aprobó el proyecto que optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. La iniciativa (boletines 17567 y 15047) se analizó previamente en las comisiones de Salud y Hacienda. Con este respaldo, la norma queda en condiciones de pasar a segundo trámite al Senado.

El proyecto modifica el marco legal que creó el sistema de protección financiera para estas enfermedades, conocido como Ley Ricarte Soto, junto a otras normas. Y, de acuerdo a lo explicado por la ministra (S) Andrea Albagli en la Sala, se estructura en tres ejes. El primero, es aumentar los recursos para el Fondo, de $100.000 millones a $185.000 millones, lo que significa un incremento del 85%.

Luego, se busca asegurar el uso eficiente de los recursos parar dar sustentabilidad al sistema. Y, finalmente, se consideran cambios a la integración de la Comisión de Recomendación Priorizada y nuevas competencias a la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control.

Mejoras para tratamientos de alto costo

Junto al aumento de recursos para el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, el proyecto también eleva el límite de gasto anual, de un 80% al 90%. La medida busca enfrentar la proyección del ministerio, que señala que, en 2027, el fondo dejará de ser sostenible. Esto se debe a que, de no modificarse su funcionamiento, los egresos comenzarán a superar los ingresos totales.

Por otro lado, se busca garantizar el uso eficiente de los recursos. Para esto, el proyecto considera un fortalecimiento del rol de la Subsecretaría de Salud Pública. En específico, se apunta al monitoreo continuo del umbral de alto costo y la supervisión de la efectividad de los tratamientos de alto costo.

En cuanto al eje participativo, la propuesta modifica la Comisión de Recomendación Priorizada. Se reduce el número de expertos, de 12 a 5; y se mantienen dos pacientes. Para ellos, se establece una remuneración de 8 UF por sesión ($317.000 app) y la obligación de declaración de intereses acorde a la ley de probidad pública.

Además, se establece que la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control podrá generar advertencias fundadas sobre problemas de eficacia o seguridad. Junto a esto, podrá contribuir activamente al monitoreo de tecnologías en comunicación directa con la Subsecretaría de Salud.

Debate parlamentario

El informe de la Comisión de Salud lo expuso en la Sala el diputado Tomás Lagomarsino. En tanto, el de la Comisión de Hacienda lo presentó el diputado Agustín Romero. Además, participaron en el debate las y los diputados Carlos Bianchi, Bernardo Berger, Ana María Gazmuri, Marta Bravo, Hernán Palma, Felipe Camaño y Patricio Rosas.

Aunque en términos generales valoraron el avance del proyecto, algunas intervenciones lo consideraron insuficiente, especialmente respecto del aumento del fondo. En esta línea, plantearon que el alza anunciada de $100 mil a $185 mil millones no es tal, ya que no considera el crecimiento registrado en años recientes. Por lo tanto, el aumento efectivo sería solo cercano a $30 mil millones, lo que no resuelve el déficit.

También se enfatizó en la necesidad de impulsar innovación en salud, con mayor participación de Chile en investigación biomédica. En paralelo, se relevó la importancia de traspasar de forma más eficiente las coberturas al GES para incluir nuevas patologías y tratamientos.

Asimismo, se valoró la reducción de integrantes de la comisión técnica y permitir una dieta que apoye un trabajo eficiente y responsable.