Diputados: Inteligencia económica: iniciativa avanza a Hacienda previo a la Sala

 Inteligencia económica: iniciativa avanza a Hacienda previo a la Sala

Seguridad Ciudadana finalizó el trámite de la norma sobre Inteligencia Económica, que establece medidas para prevenir y alertar sobre actividades ilícitas.

Publicada: 22 de enero de 2026

Tras finalizar la votación en particular, la Comisión de Seguridad Ciudadana despachó el proyecto (boletín 15975) que crea el Sistema de Inteligencia Económica, que busca hacer frente a delitos en esta área. La normativa continuará ahora su tramitación en la Comisión de Hacienda, antes de pasar a la Sala.

En su última sesión, la instancia rechazó una autorización destinada a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para que accediera a información bancaria sin autorización judicial previa.

La indicación del Ejecutivo buscaba que la UAF pudiera solicitar datos directamente a los bancos en casos excepcionales. Se concebía, únicamente, para operaciones sospechosas que involucren personas jurídicas, funcionarios públicos o delitos bajo su competencia. Además, según el Ejecutivo, garantizaba que el acceso fuera justificado y limitado.

Así, se planteaba que el director de la UAF autorizará cada solicitud con respaldo de las divisiones de Inteligencia Financiera y Jurídica. Mientras, la Auditoría Interna revisaría el cumplimiento de las condiciones legales. Se esperaba, asimismo, que la información mantuviera carácter secreto y solo podía usarse para análisis específicos o entregarse al Ministerio Público. Por último, la norma establecía que la UAF debía publicar cada año datos agregados sobre su uso para garantizar transparencia.

Posturas por el secreto bancario

La diputada Gloria Naveillan explicó que el acceso al secreto bancario debe realizarse mediante una decisión del Poder Judicial, como forma de resguardar la protección de los datos personales. Recalcó que esta postura no busca defender a empresarios ni a políticos, sino asegurar que el levantamiento del secreto bancario se realice con resguardos legales y dentro de un proceso formal.

Adicionalmente, sostuvo que no resulta adecuado otorgar al director de la UAF la facultad de levantar el secreto bancario por decisión propia respecto de cualquier persona. Pese a ello, estimó que el proyecto se fortaleció, ya que establece reglas claras para el acceso a la información y refuerza las capacidades de organismos como la UAF y el Servicio de Impuestos Internos, tanto en personal como en tecnología.

Por su parte, la diputada Alejandra Placencia cuestionó la demora en la tramitación del proyecto y afirmó que se perdió tiempo valioso para enfrentar el crimen organizado. Señaló que la discusión apunta a casos específicos de corrupción a gran escala y no a ciudadanos comunes.

Placencia lamentó que la oposición haya rechazado el levantamiento del secreto bancario, lo que, a su juicio, impidió perfeccionar herramientas clave. Añadió que expertos y la propia UAF coincidieron en que los países que cuentan con estas facultades logran mejores resultados en el combate del crimen organizado, especialmente, cuando el dinero ilícito circula a través del sistema bancario y afecta a instituciones públicas.

Fortalecimiento del sistema de inteligencia

En la comisión, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó que la comisión analizó la iniciativa durante 22 sesiones. Al respecto, coincidió en que el proyecto se fortaleció sustantivamente durante su tramitación, al pasar de un subsistema a un Sistema de Inteligencia Económica.

Asimismo, resaltó que la comisión aprobó modificaciones a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que ampliaron su mandato, incorporando el análisis financiero de asociaciones delictivas y criminales, además de nuevas herramientas para perseguir el juego ilegal.

La personera de Gobierno recordó que el proyecto reforzó el régimen sancionatorio, aumentando las multas para los sujetos obligados que no reporten adecuadamente a la UAF.

Por último, la subsecretaria Berner lamentó el rechazo a los cambios propuestos para ampliar la facultad de la UAF de solicitar el alzamiento del secreto bancario en sede administrativa.

Explicó que, aunque la UAF mantiene esta atribución en sede judicial, la negativa a permitir solicitudes conjuntas para casos vinculados a un mismo reporte dificulta el seguimiento oportuno del dinero del crimen organizado.