Cámara de Diputados aprobó proyecto que modifica la tributación específica a la minería
Publicado el 15 de septiembre del 2010
Con 57 votos a favor y 54 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del Ejecutivo que modifica la tributación específica de la minería incorporando una tasa efectiva de entre el 5% y un 9% sobre el margen operacional de las compañías mineras. Adicionalmente, con 96 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, se aprobó una indicación del Ejecutivo que crea un Fondo de Inversión y Reconversión Regional, alimentado con 100 millones de dólares anuales provenientes de esta nueva tributación y cuyos recursos se distribuirán en un tercio a las regiones mineras y los otros dos tercios a las restantes regiones.
El proyecto establece un nuevo régimen impositivo a la actividad minera. Este nuevo régimen general se incorporará de manera permanente, en el texto de la Ley de Impuesto a la Renta, con una tasa efectiva de entre un 5% y un 9% sobre el margen operacional minero.
Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto propone adicionalmente para los actuales contribuyentes un sistema de sujeción voluntaria al régimen del nuevo impuesto específico. Esto significa que los explotadores mineros que actualmente sean titulares de un régimen de invariabilidad tributaria cuya fuente es un contrato de inversión extranjera celebrado con el Estado de Chile, podrán acogerse voluntariamente al nuevo régimen del Impuesto específico.
El Gobierno presentó una indicación que crea un Fondo de Inversión y Reconversión Regional cuyos recursos se aplicarán para el financiamiento de obras de desarrollo de los gobiernos regionales y municipalidades del país. La indicación contempla destinar al Fondo unos 100 millones de dólares anuales por cuatro años a partir de 2011, o su equivalente en pesos.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que las modificaciones que introduce el proyecto al régimen impositivo a la actividad minera producirá mayores ingresos fiscales estimados en $ 166.200 millones para el año 2011, $ 189.100 millones para el año 2012 y $ 140.800 millones para el año 2013.
El diputado Carlos Montes (PS) afirmó que este tema es tanto o más importante que la nacionalización del cobre porque las decisiones que se tomen afectarán seriamente el futuro del país y del cobre. “No estamos por la invariabilidad tributaria porque perjudica a Chile, no corresponde y es una muy mala solución El Gobierno no ha querido dialogar sustantivamente sobre nada y presentó el mismo proyecto en circunstancias que para definir el rol del cobre se requiere amplio acuerdo y no se puede pretender pasar a llevar la mitad de este país, a la oposición, los trabajadores del cobre y los municipios mineros. Advertimos que si se llega a aprobar esto las grandes empresas mineras mantendrán la incertidumbre porque nosotros no entramos en el compromiso de la invariabilidad y cuando podamos y tengamos votos suficientes esto lo vamos a cambiar”, señaló.
El diputado Guillermo Teillier (PC) expresó que “se debe terminar con la invariabilidad en el cobre, el año 2018 a las empresas que están sujetas a ella y ahora para las nuevas inversiones. Además, a nosotros nos parece que hay un trato discriminatorio respecto de Codelco y las empresas extranjeras, porque estas pagan menos impuestos que las nacionales. Creemos que si se estableciera un royalty del 10 por ciento los recursos que obtendríamos anualmente fluctuarían entre 4 mil y 5 mil millones de dólares anuales, lo que sí sería un aporte al desarrollo de Chile”.
El diputado José Miguel Ortiz (DC) manifestó que “esto es una migaja que se le quiere plantear a las grandes empresas mineras privadas del cobre. Nosotros estamos en contra de la invariabilidad porque eso significa amarra las manos de los próximos gobiernos. Los dueños del cobre son los chilenos y no el gobierno de turno por eso, por eso propusimos que se conforme una comisión del más alto nivel para modificar el DL-600, que es del año 1975 cuando Chile estaba completamente aislado de los negocios. Planteamos como alternativa la Ley Reservada del Cobre, que resiste mil millones de dólares más”.
El diputado Miodrag Marinovic (Indep) sostuvo que, como parlamentario regionalista, quiere cobrar más a las empresas mineras y sus dueños. “Este proyecto hace que accionistas y dueños de las mineras paguen más de lo estaban pagando hace años atrás. Por primera vez las platas de una riqueza no renovable, que se va acabar, van a ir en beneficio de los habitantes y trabajadores que lo producen. Lo hemos conseguido y no ha sido fácil, fue una negociación dura y difícil, pero las regiones van a ser beneficiadas por primera vez con un reconocimiento importante donde parte de los impuestos de una actividad van a ser reinvertidos en ellas. El cobre no es de todos los chilenos, debe ser preferentemente de los habitantes de las regiones mineras y por eso era de toda lógica que incorporáramos en este proyecto que las regiones tuvieran la participación que corresponde”.
El diputado Enrique Accorsi (PPD) planteó que “Chile es el único país del mundo que regala sus recursos naturales. Ni siquiera estamos tocando la Ley de Concesión Plena de 1981, que no existe en ninguna parte, ley antidemocrática aprobada entre cuatro paredes que debe ser derogada. El decreto Ley 600 también debe ser derogado, porque cuando tenemos 58 tratados de libre comercio con las principales economías del mundo no podemos mantener este decreto ley para garantizar las inversiones extranjeras, eso no resiste ningún análisis. Hay que recuperar los recursos naturales, a las mineras que están en Chile les cuesta cero pesos producir el cobre en Chile, porque se llevan los subproductos, el oro, la plata y el molibdeno, además nos engañan con las tributaciones que pagan. Estamos hipotecando las posibilidades del desarrollo de nuestro país hasta el año 2025 así que decir no a la invariabilidad es una cuestión de principio”.
El diputado Nicolás Monckeberg (RN) expresó que a través de este proyecto “tenemos la oportunidad histórica de llegar a los niveles más altos de nuestra historia en la tributación a las empresas mineras y colocarnos en la vanguardia de aquellos países del mundo que recaudan más recursos con la minería. Esto lo podemos hacer sin perder un punto de competitividad y darnos el lujo de llegar a tasas del 42,8 por ciento que nos pondrá por sobre países como Canadá, Australia y Estados Unidos. Esta Cámara en forma responsable apoyó el 2005 una tasa del 4% específica a la minería y una invariabilidad de 12 años para darle estabilidad a las empresas. Y hoy podemos duplicar esta tasa, llegando casi a un 9% y con una invariabilidad menor de ocho años. Esto ha sido gradual y es fruto de que hemos hecho las cosas bien”.
El diputado Marcos Espinosa (PRSD) manifestó que “celebro las rentabilidades operacionales que han tenido las mineras privadas, las millonarias inversiones que han realizado en nuestro país y los puestos de trabajo que se han creado gracias a ellas pero es preocupante que su aporte económico al Estado sea prácticamente nulo: sólo un uno por ciento del PIB por concepto de impuesto específico a la minería. Rechazamos este proyecto porque constituye a nuestro juicio una verdadera agresión a los intereses del Estado de Chile y particularmente a las comunas mineras”.
El diputado Ernesto Silva (UDI) expresó que “la minería tiene tasas adecuadas de tributación, incluyendo impuesto a la renta, adicional, patentes e impuesto específico y no es verdad que la tasa chilena efectiva en recaudación sea más baja que la de países desarrollados, en esto ha faltado rigor en la discusión. Las decisiones en minería son de horizontes de largo plazo y pareciera ser que cedemos a la tentación de querer ver precios transitorios como una solución permanente. Nos parece razonable aprovechar una mayor tasa de recaudación cuando los ciclos económicos de la minería son positivos por eso creemos que se debe avanzar”.
Tras su despacho por la Cámara, el proyecto pasó a cumplir segundo trámite en el Senado.
Con 57 votos a favor y 54 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del Ejecutivo que modifica la tributación específica de la minería incorporando una tasa efectiva de entre el 5% y un 9% sobre el margen operacional de las compañías mineras. Adicionalmente, con 96 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, se aprobó una indicación del Ejecutivo que crea un Fondo de Inversión y Reconversión Regional, alimentado con 100 millones de dólares anuales provenientes de esta nueva tributación y cuyos recursos se distribuirán en un tercio a las regiones mineras y los otros dos tercios a las restantes regiones.
El proyecto establece un nuevo régimen impositivo a la actividad minera. Este nuevo régimen general se incorporará de manera permanente, en el texto de la Ley de Impuesto a la Renta, con una tasa efectiva de entre un 5% y un 9% sobre el margen operacional minero.
Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto propone adicionalmente para los actuales contribuyentes un sistema de sujeción voluntaria al régimen del nuevo impuesto específico. Esto significa que los explotadores mineros que actualmente sean titulares de un régimen de invariabilidad tributaria cuya fuente es un contrato de inversión extranjera celebrado con el Estado de Chile, podrán acogerse voluntariamente al nuevo régimen del Impuesto específico.
El Gobierno presentó una indicación que crea un Fondo de Inversión y Reconversión Regional cuyos recursos se aplicarán para el financiamiento de obras de desarrollo de los gobiernos regionales y municipalidades del país. La indicación contempla destinar al Fondo unos 100 millones de dólares anuales por cuatro años a partir de 2011, o su equivalente en pesos.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que las modificaciones que introduce el proyecto al régimen impositivo a la actividad minera producirá mayores ingresos fiscales estimados en $ 166.200 millones para el año 2011, $ 189.100 millones para el año 2012 y $ 140.800 millones para el año 2013.
El diputado Carlos Montes (PS) afirmó que este tema es tanto o más importante que la nacionalización del cobre porque las decisiones que se tomen afectarán seriamente el futuro del país y del cobre. “No estamos por la invariabilidad tributaria porque perjudica a Chile, no corresponde y es una muy mala solución El Gobierno no ha querido dialogar sustantivamente sobre nada y presentó el mismo proyecto en circunstancias que para definir el rol del cobre se requiere amplio acuerdo y no se puede pretender pasar a llevar la mitad de este país, a la oposición, los trabajadores del cobre y los municipios mineros. Advertimos que si se llega a aprobar esto las grandes empresas mineras mantendrán la incertidumbre porque nosotros no entramos en el compromiso de la invariabilidad y cuando podamos y tengamos votos suficientes esto lo vamos a cambiar”, señaló.
El diputado Guillermo Teillier (PC) expresó que “se debe terminar con la invariabilidad en el cobre, el año 2018 a las empresas que están sujetas a ella y ahora para las nuevas inversiones. Además, a nosotros nos parece que hay un trato discriminatorio respecto de Codelco y las empresas extranjeras, porque estas pagan menos impuestos que las nacionales. Creemos que si se estableciera un royalty del 10 por ciento los recursos que obtendríamos anualmente fluctuarían entre 4 mil y 5 mil millones de dólares anuales, lo que sí sería un aporte al desarrollo de Chile”.
El diputado José Miguel Ortiz (DC) manifestó que “esto es una migaja que se le quiere plantear a las grandes empresas mineras privadas del cobre. Nosotros estamos en contra de la invariabilidad porque eso significa amarra las manos de los próximos gobiernos. Los dueños del cobre son los chilenos y no el gobierno de turno por eso, por eso propusimos que se conforme una comisión del más alto nivel para modificar el DL-600, que es del año 1975 cuando Chile estaba completamente aislado de los negocios. Planteamos como alternativa la Ley Reservada del Cobre, que resiste mil millones de dólares más”.
El diputado Miodrag Marinovic (Indep) sostuvo que, como parlamentario regionalista, quiere cobrar más a las empresas mineras y sus dueños. “Este proyecto hace que accionistas y dueños de las mineras paguen más de lo estaban pagando hace años atrás. Por primera vez las platas de una riqueza no renovable, que se va acabar, van a ir en beneficio de los habitantes y trabajadores que lo producen. Lo hemos conseguido y no ha sido fácil, fue una negociación dura y difícil, pero las regiones van a ser beneficiadas por primera vez con un reconocimiento importante donde parte de los impuestos de una actividad van a ser reinvertidos en ellas. El cobre no es de todos los chilenos, debe ser preferentemente de los habitantes de las regiones mineras y por eso era de toda lógica que incorporáramos en este proyecto que las regiones tuvieran la participación que corresponde”.
El diputado Enrique Accorsi (PPD) planteó que “Chile es el único país del mundo que regala sus recursos naturales. Ni siquiera estamos tocando la Ley de Concesión Plena de 1981, que no existe en ninguna parte, ley antidemocrática aprobada entre cuatro paredes que debe ser derogada. El decreto Ley 600 también debe ser derogado, porque cuando tenemos 58 tratados de libre comercio con las principales economías del mundo no podemos mantener este decreto ley para garantizar las inversiones extranjeras, eso no resiste ningún análisis. Hay que recuperar los recursos naturales, a las mineras que están en Chile les cuesta cero pesos producir el cobre en Chile, porque se llevan los subproductos, el oro, la plata y el molibdeno, además nos engañan con las tributaciones que pagan. Estamos hipotecando las posibilidades del desarrollo de nuestro país hasta el año 2025 así que decir no a la invariabilidad es una cuestión de principio”.
El diputado Nicolás Monckeberg (RN) expresó que a través de este proyecto “tenemos la oportunidad histórica de llegar a los niveles más altos de nuestra historia en la tributación a las empresas mineras y colocarnos en la vanguardia de aquellos países del mundo que recaudan más recursos con la minería. Esto lo podemos hacer sin perder un punto de competitividad y darnos el lujo de llegar a tasas del 42,8 por ciento que nos pondrá por sobre países como Canadá, Australia y Estados Unidos. Esta Cámara en forma responsable apoyó el 2005 una tasa del 4% específica a la minería y una invariabilidad de 12 años para darle estabilidad a las empresas. Y hoy podemos duplicar esta tasa, llegando casi a un 9% y con una invariabilidad menor de ocho años. Esto ha sido gradual y es fruto de que hemos hecho las cosas bien”.
El diputado Marcos Espinosa (PRSD) manifestó que “celebro las rentabilidades operacionales que han tenido las mineras privadas, las millonarias inversiones que han realizado en nuestro país y los puestos de trabajo que se han creado gracias a ellas pero es preocupante que su aporte económico al Estado sea prácticamente nulo: sólo un uno por ciento del PIB por concepto de impuesto específico a la minería. Rechazamos este proyecto porque constituye a nuestro juicio una verdadera agresión a los intereses del Estado de Chile y particularmente a las comunas mineras”.
El diputado Ernesto Silva (UDI) expresó que “la minería tiene tasas adecuadas de tributación, incluyendo impuesto a la renta, adicional, patentes e impuesto específico y no es verdad que la tasa chilena efectiva en recaudación sea más baja que la de países desarrollados, en esto ha faltado rigor en la discusión. Las decisiones en minería son de horizontes de largo plazo y pareciera ser que cedemos a la tentación de querer ver precios transitorios como una solución permanente. Nos parece razonable aprovechar una mayor tasa de recaudación cuando los ciclos económicos de la minería son positivos por eso creemos que se debe avanzar”.
Tras su despacho por la Cámara, el proyecto pasó a cumplir segundo trámite en el Senado.
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