Gobierno ingresa proyecto que penaliza a las empresas que laven dinero o financien el terrorismo
La iniciativa legal (Boletín 6423), ingresada a trámite este martes a la Cámara de Diputados, es una exigencia impuesta por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), actualmente con 30 países miembros, para que Chile forme parte de ella.
Chile recibió en mayo de 2007 una invitación formal para ingresar como miembro pleno a la OCDE, junto a Estonia, Israel, Rusia y Eslovenia. No obstante, su ingreso solo se materializará si cumple con las diversas normas impuestas, entre las cuales se encuentra la Convención para combatir el Cohecho a Funcionario Público Extranjero.
El proyecto de ley establece que el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el cohecho a funcionarios públicos, serán investigados por el Ministerio Público “que deberá iniciar dicha investigación con el fin de determinar la responsabilidad legal de la persona jurídica correspondiente”.
“Para ello, el Ministerio Público contará con todas las herramientas investigativas y procesales que le proporciona tanto este proyecto, como las normas contenidas en las leyes especiales que regulan la persecución de cada uno de los delitos de que trata esta iniciativa legal, así como las normas del Código Procesal Penal que por expresa mención del proyecto se aplican supletoriamente”, señala la iniciativa legal.
Chile recibió en mayo de 2007 una invitación formal para ingresar como miembro pleno a la OCDE, junto a Estonia, Israel, Rusia y Eslovenia. No obstante, su ingreso solo se materializará si cumple con las diversas normas impuestas, entre las cuales se encuentra la Convención para combatir el Cohecho a Funcionario Público Extranjero.
El proyecto de ley establece que el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el cohecho a funcionarios públicos, serán investigados por el Ministerio Público “que deberá iniciar dicha investigación con el fin de determinar la responsabilidad legal de la persona jurídica correspondiente”.
“Para ello, el Ministerio Público contará con todas las herramientas investigativas y procesales que le proporciona tanto este proyecto, como las normas contenidas en las leyes especiales que regulan la persecución de cada uno de los delitos de que trata esta iniciativa legal, así como las normas del Código Procesal Penal que por expresa mención del proyecto se aplican supletoriamente”, señala la iniciativa legal.
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