Piden análisis del impacto que puede tener en las leyes vigentes el secreto profesional de los creadores audiovisuales
Con el fin de despejar dudas respecto del efecto que puede tener en las leyes vigentes el establecimiento de un secreto profesional para los creadores audiovisuales, la Sala del Senado acordó remitir a la Comisión de Constitución el proyecto que regula la materia, a objeto de tener un pronunciamiento de esa instancia, antes de someterlo a votación en general.
No obstante, dicha decisión se adoptó en votación dividida, pues 14 senadores se pronunciaron a favor, 4 lo hicieron en contra, mientras que el senador Jorge Pizarro se abstuvo.
Respaldaron la medida los senadores Jorge Arancibia, Andrés Chadwick, Alberto Espina, Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Pablo Longueira, Evelyn Matthei, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Baldo Prokurica, Hosaín Sabag y Guillermo Vásquez. En contra se pronunciaron los senadores Jaime Gazmuri, Jaime Naranjo, Alejandro Navarro y Ricardo Núñez.
Cabe recordar que este proyecto fue aprobado previamente por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Educación, y establece que "los productores y los directores o realizadores de obras audiovisuales, nacionales o extranjeros, que ejerzan su actividad profesionalmente en el país y que se encuentren inscritos en el registro público que creará y administrará el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tendrán derecho a mantener reserva sobre las fuentes utilizadas en la creación de su obra audiovisual, la que se extenderá a los materiales que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni por orden judicial ni administrativa".
Agrega que "quien haga uso de este derecho será personalmente responsable de los delitos que pudiere cometer al difundir la obra respectiva".
EVENTUALES DELITOS
Durante el debate intervinieron los senadores Alberto Espina, Ricardo Núñez, Guillermo Vásquez, Hernán Larraín, Baldo Prokurica, Jaime Gazmuri y el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.
El primero en hacer uso de la palabra fue el senador Espina quien planteó sus aprensiones respecto de lo que podría suceder en caso de que una de las fuentes registradas en la obra audiovisual señale que ha cometido un delito grave. Esto, pues en su opinión se podría estar legislando en el sentido opuesto a lo que ha hecho el Senado con otros cuerpos legales, con los consiguientes efectos, por lo que consideró importante que se generen legislaciones coherentes y no antagónicas.
A su turno, el senador Núñez -quien integra la Comisión de Educación- explicó que la instancia se puso en el caso citado por el senador Espina y puso especial preocupación en tomar los resguardos necesarios para salvaguardar los derechos comunes. Asimismo, manifestó su molestia por el hecho de que se optara por remitir la iniciativa a la Comisión de Constitución, pues en la instancia que integra se trabajó acuciosamente.
Por su parte, el senador Vásquez también planteó sus dudas respecto de la eventualidad de que en un determinado reportaje alguien comunique que cometerá un atentado o un delito. No obstante, señaló que de aprobarse en general presentará indicaciones durante la discusión en particular.
A su turno, el senador Larraín reconoció que es complejo legislar sobre la materia pues se debe tomar una opción que permita salvaguardar la libertad de expresión y de información, con los debidos resguardos para proteger los derechos del resto de la comunidad.
En tanto, el senador Prokurica planteó que, dadas las diferencias de argumentos, era conveniente que la Comisión de Constitución se pronuncie jurídicamente sobre el tema.
Por su parte el senador Gazmuri precisó que los argumentos contrastantes no tienen que ver con dudas respecto de su constitucionalidad, sino que con cuáles son los criterios que están en contradicción. En tal sentido, se mostró partidario de que se tome en consideración el informe emitido por la Comisión de Educación.
No obstante, dicha decisión se adoptó en votación dividida, pues 14 senadores se pronunciaron a favor, 4 lo hicieron en contra, mientras que el senador Jorge Pizarro se abstuvo.
Respaldaron la medida los senadores Jorge Arancibia, Andrés Chadwick, Alberto Espina, Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Pablo Longueira, Evelyn Matthei, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Baldo Prokurica, Hosaín Sabag y Guillermo Vásquez. En contra se pronunciaron los senadores Jaime Gazmuri, Jaime Naranjo, Alejandro Navarro y Ricardo Núñez.
Cabe recordar que este proyecto fue aprobado previamente por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Educación, y establece que "los productores y los directores o realizadores de obras audiovisuales, nacionales o extranjeros, que ejerzan su actividad profesionalmente en el país y que se encuentren inscritos en el registro público que creará y administrará el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tendrán derecho a mantener reserva sobre las fuentes utilizadas en la creación de su obra audiovisual, la que se extenderá a los materiales que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni por orden judicial ni administrativa".
Agrega que "quien haga uso de este derecho será personalmente responsable de los delitos que pudiere cometer al difundir la obra respectiva".
EVENTUALES DELITOS
Durante el debate intervinieron los senadores Alberto Espina, Ricardo Núñez, Guillermo Vásquez, Hernán Larraín, Baldo Prokurica, Jaime Gazmuri y el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.
El primero en hacer uso de la palabra fue el senador Espina quien planteó sus aprensiones respecto de lo que podría suceder en caso de que una de las fuentes registradas en la obra audiovisual señale que ha cometido un delito grave. Esto, pues en su opinión se podría estar legislando en el sentido opuesto a lo que ha hecho el Senado con otros cuerpos legales, con los consiguientes efectos, por lo que consideró importante que se generen legislaciones coherentes y no antagónicas.
A su turno, el senador Núñez -quien integra la Comisión de Educación- explicó que la instancia se puso en el caso citado por el senador Espina y puso especial preocupación en tomar los resguardos necesarios para salvaguardar los derechos comunes. Asimismo, manifestó su molestia por el hecho de que se optara por remitir la iniciativa a la Comisión de Constitución, pues en la instancia que integra se trabajó acuciosamente.
Por su parte, el senador Vásquez también planteó sus dudas respecto de la eventualidad de que en un determinado reportaje alguien comunique que cometerá un atentado o un delito. No obstante, señaló que de aprobarse en general presentará indicaciones durante la discusión en particular.
A su turno, el senador Larraín reconoció que es complejo legislar sobre la materia pues se debe tomar una opción que permita salvaguardar la libertad de expresión y de información, con los debidos resguardos para proteger los derechos del resto de la comunidad.
En tanto, el senador Prokurica planteó que, dadas las diferencias de argumentos, era conveniente que la Comisión de Constitución se pronuncie jurídicamente sobre el tema.
Por su parte el senador Gazmuri precisó que los argumentos contrastantes no tienen que ver con dudas respecto de su constitucionalidad, sino que con cuáles son los criterios que están en contradicción. En tal sentido, se mostró partidario de que se tome en consideración el informe emitido por la Comisión de Educación.
Comentarios