Diputados: Ministra Schmidt comprometió voluntad para encontrar solución a estudiantes de la Universidad del Mar
Diputados: Ministra Schmidt comprometió voluntad para encontrar solución a estudiantes de la Universidad del Mar
Publicado el 29 de abril del 2013
Ante la Comisión Investigadora de la Cámara, Carolina
Schmidt alertó, sin embargo, que no existe una vía única de solución y
recalcó que hoy no existe la confianza para entregar nuevos recursos a
la institución. Destacó que se hará cargo personalmente del tema y
anunció modificaciones legales para evitar situaciones similares en el
futuro.
Como una prioridad para su gestión calificó la recién asumida Ministra de Educación, Carolina Schmidt, resolver la compleja situación que viven los estudiantes de la Universidad del Mar, al tiempo que comprometió ante los diputados de la Comisión Investigadora sobre Educación Superior, su voluntad para buscar todos los mecanismos factibles que vayan en pos de hallar vías de solución a las diversas situaciones presentes en este caso.
“En los pocos días que llevo en este Ministerio tengo una cosa muy clara: no existe ni va a existir una solución única que le permita a todos los alumnos de la Universidad (del Mar) y a sus familias resolver los problemas en el presente estado. Vamos a tener que buscar una malla de soluciones que se vaya adaptando a las realidades muy diversas que están enfrentando los alumnos”, enfatizó durante la sesión especial de la instancia.
Sostuvo que va a seguir personalmente este tema e informó que está estudiando los procesos y entrevistándose con estudiantes, apoderados y profesores para requerir antecedentes sobre el cierre de la universidad y las dificultades que están enfrentando los alumnos y sus familias, por una parte, y los académicos, por otra.
Recalcó que a los problemas de continuidad de los estudios, ya sea en la misma institución o en otra, y a las dificultades económicas asociadas, se debe tener en cuenta la aprensión de los estudiantes sobre la validez de obtener un título profesional otorgado en la Universidad del Mar.
“Fue muy destacado por los alumnos que muchos de ellos sienten que terminando la carrera en la Universidad del Mar, el nombre de ese cartón está tan desprestigiado, que finalmente no les va a servir para lo que ellos sueñan, que es tener una mejor oportunidad en su vida”, reconoció ante la Comisión, instancia que preside el diputado Mario Venegas (DC).
Destacó también que, junto con encontrar los mecanismos que permitan solucionar los actuales problemas de los alumnos y académicos, es necesario desarrollar una reforma legal que asegure que situaciones como ésta no se van a repetir y que regule los procesos de cierre que se puedan dar a futuro y no se tenga el vacío legal que existe hoy.
Consultada sobre la posibilidad de entregar recursos estatales para garantizar que los estudiantes que lo deseen terminen sus estudios en la Universidad del Mar, la Ministra fue enfática en señalar que es necesario contar con un sistema que permita tener la seguridad que dineros como los entregados vía CAE se utilizarán en procesos académicos y no terminarán en manos de los controladores. “Tenemos la obligación de resguardar esos recursos para que vayan destinados a educación y a pagar a los profesores. Hoy no tenemos esa seguridad y no podemos seguir permitiendo que se siga defraudando con dinero de todos los chilenos”, sentenció.
Subsecretario
El Subsecretario de Educación, Fernando Rojas, entregó a la Comisión un resumen del estado actual del proceso de cierre de la Universidad del Mar, aunque reconoció que aún faltan antecedentes de cerca de cinco mil estudiantes que no han sido entregados por las autoridades de la casa de estudio.
Comunicó que se tiene el registro de 13.996 estudiantes, de los cuales 4.365 permanecerían con matrícula actual en la Universidad del Mar, en sus distintas sedes, y 4.427 estarían reubicados en otras casas de estudios: 1904 en universidades del CRUCH; 1815 en universidades privadas; y 708 en institutos profesionales o centros de formación técnica.
Destacó que, en algunos casos, se ha promovido un sistema de reubicación masiva. En dicho plano estaría la sede de Copiapó, absorbida hoy por la Universidad de Atacama, y la sede de Arica (salvo la carrera de arquitectura), respecto de la cual se hizo cargo la Universidad de Tarapacá. A éstas se podrían sumar las sedes de Iquique, Antofagasta y de Magallanes.
En todo caso, reconoció que existen casos particularmente difíciles de enfrentar en cuanto a su reubicación, que se centran en las carreras del área de la salud, particularmente en medicina, y los estudiantes que seguían la modalidad de cursos vespertinos. Además, confirmó, existirían diferentes grados de reconocimiento académico, lo que obligaría a los alumnos a bajar de año, a repetir cursos o a seguir otros que no estaban contemplados en sus mallas originales.
Opiniones
La diputada Cristina Girardi (PPD) llamó a la Ministra a usar todas las herramientas disponibles para investigar a las universidades privadas respecto de las cuales hay sospecha en que hay infracción a la ley y expresó su preocupación por el hecho que algunas de las instituciones que están recibiendo alumnos de la Universidad del Mar están hoy cuestionadas por el mismo problema del lucro.
Recalcó que el Estado, como aval frente al pueblo para el cumplimiento de la ley, debe responder ante los alumnos y hacerse cargo del mayor costo que significará para ellos reubicarse en otras casas de estudio. En este plano, estimó que son “irrisorios” los 120 mil pesos por alumno destinados por el Gobierno para ayudar en sus procesos de nivelación.
La diputada Alejandra Sepúlveda (Ind) solicitó revisar las cifras, estimando que los datos entregados por el Subsecretario no cuadran con la realidad. Manifestó su preocupación por los alumnos que no están considerados en las estadísticas y que, presumiblemente, desertaron del plantel por los diversos problemas presentados.
Criticó también que muchos de los acuerdos mencionados por el Subsecretario fueron alcanzados con las casas de estudio por gestiones propias de los estudiantes y no por los representantes del Ejecutivo y afirmó que datos entregados como generalidades en materia de reubicaciones, son más bien casos particulares de estudiantes.
El diputado Romilio Gutiérrez (UDI) recalcó que, si bien la situación no fue creada por los estudiantes, sino por los controladores de la Universidad y por las autoridades que no fiscalizaron correctamente su accionar, son los ellos los que asumen el mayor costo del cierre de la casa de estudio.
Sostuvo que el Ministerio de Educación debe tomar un rol protagónico y garantizar por todas las vías la continuidad estudiantil de dichos alumnos, signifique ello extender la vida de la Universidad del Mar o entregar recursos adicionales para mantener sus operaciones.
Además, afirmó que los delegados del Ministerio no han funcionado como deben, dado que no serían proactivos y solicitó que el Gobierno estudie medidas legales para que los controladores paguen por el mayor costo que este proceso irrogará al Estado. Asimismo, pidió que se investigue a otras casas de estudio y que se corrija la situación de los infractores prontamente.
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