Comisión de Salud aprobó proyecto que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques

La instancia aprobó esta iniciativa que prohíbe que los prestadores de salud, tanto individuales como hospitales y clínicas, exijan dinero en efectivo o cheques en garantía por el pago de las atenciones de salud. Pese a ello, permite a los prestadores garantizar la atención por otros medios idóneos, como tarjetas de crédito, pagarés y letras de cambio.

El texto (boletín 4269) también señala que quien voluntariamente desee efectuar el pago de una prestación mediante cheque podrá hacerlo, por lo que el proyecto de ley, pese a avanzar en esta materia, tampoco excluye su uso para quien quiera hacerlo.

El diputado UDI Patricio Melero, explicó que este texto legal ya había sido visto por la Comisión, pero que en la ocasión se votó un veto aditivo enviado por la Presidenta de la República, que “permite eliminar de forma definitiva el cheque en garantía como forma de pago a ser exigida por el prestador de salud, tanto institucional (hospitales y clínicas) como individualmente (médicos y consultas), al momento de solicitar una intervención quirúrgica programada”.

El parlamentario aclaró que de esta manera, a cualquier paciente que vaya a un establecimiento público o privado a solicitar un intervención quirúrgica, una atención médica, un examen o cualquier tipo de prestación, no se le podrá bajo ningún aspecto exigir un cheque en garantía como forma de asegurar el pago, ya que para esto ahora la ley establece otros procedimientos.

El diputado Melero también señaló que el texto legal “establece altísimas multas que van desde los $70 mil hasta los $300 millones para quien sea sorprendido en esta infracción. Creemos que es un avance muy importante porque hay muchos sectores, especialmente en la clase media y popular, en donde esto generaba una dificultad tremenda”.

Por su parte, el Superintendente de Salud, Manuel Inostroza, dijo estar muy contento con el avance y se mostró confiado en que el proyecto será aprobado también en la Sala. “Creemos que nuestro poder de proteger los derechos de los ciudadanos tanto de FONASA como de Isapres ha crecido con este veto aditivo enviado por la Presidenta. Nosotros hicimos ver, cuando este proyecto estaba a punto de ser promulgado, que aquí faltaba un ente fiscalizador y esto finalmente fue recogido por el Gobierno”.

Sin embargo, el diputado radical Alberto Robles, dijo estar disconforme con la aprobación del proyecto y con el veto aditivo del Ejecutivo, debido a que en su redacción incorpora a los prestadores individuales, es decir a los médicos, ante lo cual el parlamentario sostuvo que esto significará un problema para los pacientes.

“Hoy en día hay una práctica médica común en todo Chile, en que todas las personas que tienen Fonasa, muchas veces van a la consulta del médico sin el bono porque no tuvieron tiempo de comprarlo y lo que hace normalmente esa persona es dejar una garantía a la secretaria del doctor”. Agregó que el facultativo que realice esta práctica será severamente sancionado. “Me parece que esto está fuera de lo que planteamos cuando discutimos este proyecto”.

El diputado Robles aclaró que la intención inicial del proyecto era medir lo que pasa en instituciones de salud desde un punto de vista macro, es decir, las clínicas, los hospitales, donde efectivamente no se puede exigir cheques en garantías. “Es ahí donde queríamos introducir nuestro trabajo y la verdad la Superintendencia lo que está haciendo a mi modo de ver es provocar un problema que puede llegar a ser serio”.

El proyecto de ley fue despachado a la Sala, en donde será informado por el diputado Patricio Melero.