Diputados: Lento avance de votación del articulado de proyecto que moderniza sistema de Alta Dirección Pública.El presidente de la Comisión de Hacienda, donde se discute el tema, indicó que buscarán establecer normas que reduzcan la posibilidad del "cuoteo político" en la asignación de cargos.
Diputados: Lento avance de votación del articulado de proyecto que moderniza sistema de Alta Dirección Pública.El presidente de la Comisión de Hacienda, donde se discute el tema, indicó que buscarán establecer normas que reduzcan la posibilidad del "cuoteo político" en la asignación de cargos.
Aunque destinada originalmente a establecer cambios de tipo formal, mejorando la eficiencia y transparencia del proceso, la reforma al sistema de Alta Dirección Pública (ADP) que promueve el Ejecutivo se ha transformado en una iniciativa de cariz más compleja debido a las diferencias planteadas entre oficialismo y oposición en torno al llamado “cuoteo político”.
El diputado Joaquín Godoy (RN), presidente de la Comisión de Hacienda, instancia en donde se discute el proyecto (boletín 7822), reconoció que la discusión “va lenta” por las largas discusiones que se generan entre los parlamentarios para evitar que la ADP vulnere su espíritu, como ocurrió, a su juicio, durante los gobiernos anteriores, en donde no se logró impedir que hubiera cuoteo político.
“Ahora se ve gente de la Oposición que dan argumentos contrarios a los que dieron cuando se discutió este tema por primera vez. Entonces ha sido muy largo y engorroso, pero creo que al final vamos a sacar un buen proyecto, eso beneficia a todos, que en los cargos públicos se ponga a la mejor gente y no la que responde a un partido u otro. Creo que es algo muy positivo para la calidad del servicio público.
El diputado Alberto Robles (PRSD) valoró la existencia de algunos avances positivos en materia de transparencia y en acelerar los procesos de selección, pero estimó que el conjunto de las reformas son sólo un adorno. “Si uno quisiera un Servicio Civil para poder tecnificar la gestión pública, al estilo de algunos países europeos, estamos lejos de eso”, recalcó.
Dijo que han interrogado al Gobierno sobre cuál es su meta en este tema: si es tecnificar el Servicio y darle una impronta de resolver sin sesgos políticos, conforme a las funciones que debe cumplir, o no. “Lo cierto es que el sesgo político queda. No se elimina y, por lo tanto, sigue siendo una forma de seleccionar a los mejores dentro de la tienda del Gobierno que compete”, insistió.
Cabe recordar que el proyecto promueve cinco reformas sustantivas: reducir de seis a un máximo de tres meses, los procesos de selección, a través de la determinación de plazos máximos de respuesta de las autoridades y del Consejo; poner límites a las atribuciones de los profesionales transitorios y reducir el impacto de nombramientos prematuros, reduciendo la posibilidad de concurso de dichos profesionales de forma que no se afecte la posibilidad de tener muchos candidatos idóneos; gestión de candidatos, permitiendo efectuar concursos especiales para completar una terna; reforzar las actuales normas de confidencialidad de las postulaciones y antecedentes de los candidatos; y la creación de un piso para las indemnizaciones de que podrán ser afectos los directivos seleccionados por la ADP, cuando estos se retiren o sean desvinculados.
Aunque destinada originalmente a establecer cambios de tipo formal, mejorando la eficiencia y transparencia del proceso, la reforma al sistema de Alta Dirección Pública (ADP) que promueve el Ejecutivo se ha transformado en una iniciativa de cariz más compleja debido a las diferencias planteadas entre oficialismo y oposición en torno al llamado “cuoteo político”.
El diputado Joaquín Godoy (RN), presidente de la Comisión de Hacienda, instancia en donde se discute el proyecto (boletín 7822), reconoció que la discusión “va lenta” por las largas discusiones que se generan entre los parlamentarios para evitar que la ADP vulnere su espíritu, como ocurrió, a su juicio, durante los gobiernos anteriores, en donde no se logró impedir que hubiera cuoteo político.
“Ahora se ve gente de la Oposición que dan argumentos contrarios a los que dieron cuando se discutió este tema por primera vez. Entonces ha sido muy largo y engorroso, pero creo que al final vamos a sacar un buen proyecto, eso beneficia a todos, que en los cargos públicos se ponga a la mejor gente y no la que responde a un partido u otro. Creo que es algo muy positivo para la calidad del servicio público.
El diputado Alberto Robles (PRSD) valoró la existencia de algunos avances positivos en materia de transparencia y en acelerar los procesos de selección, pero estimó que el conjunto de las reformas son sólo un adorno. “Si uno quisiera un Servicio Civil para poder tecnificar la gestión pública, al estilo de algunos países europeos, estamos lejos de eso”, recalcó.
Dijo que han interrogado al Gobierno sobre cuál es su meta en este tema: si es tecnificar el Servicio y darle una impronta de resolver sin sesgos políticos, conforme a las funciones que debe cumplir, o no. “Lo cierto es que el sesgo político queda. No se elimina y, por lo tanto, sigue siendo una forma de seleccionar a los mejores dentro de la tienda del Gobierno que compete”, insistió.
Cabe recordar que el proyecto promueve cinco reformas sustantivas: reducir de seis a un máximo de tres meses, los procesos de selección, a través de la determinación de plazos máximos de respuesta de las autoridades y del Consejo; poner límites a las atribuciones de los profesionales transitorios y reducir el impacto de nombramientos prematuros, reduciendo la posibilidad de concurso de dichos profesionales de forma que no se afecte la posibilidad de tener muchos candidatos idóneos; gestión de candidatos, permitiendo efectuar concursos especiales para completar una terna; reforzar las actuales normas de confidencialidad de las postulaciones y antecedentes de los candidatos; y la creación de un piso para las indemnizaciones de que podrán ser afectos los directivos seleccionados por la ADP, cuando estos se retiren o sean desvinculados.
Comentarios