Diputados:Comisión de Constitución avanza en la aprobación de proyecto de ley de probidad
Diputados:Comisión de Constitución avanza en la aprobación de proyecto de ley de probidad
Publicado el 01 de septiembre del 2011
Diputados de la instancia despacharon la mayoría de los artículos sobre declaraciones de patrimonio e intereses de autoridades públicas y centraron su debate en la obligación de traspaso de administración a terceros en casos calificados.
Con la presencia del Ministro Secretario General de la Presidencia y el presidente del Consejo para la Transparencia, la Comisión de Constitución avanzó sustantivamente este miércoles en la aprobación del articulado del proyecto sobre probidad en la función pública, iniciativa que, entre otros aspectos, amplía la obligación de declarar patrimonio e intereses de las autoridades públicas y de traspasar la administración de patrimonio a terceros, en casos calificados, para prevenir conflictos de interés
El diputado Felipe Harboe (PPD), integrante de la Comisión, señaló al término de la sesión que “estamos avanzando en este proyecto, que es bastante delicado por todas las aristas que tiene, y yo espero que se vaya consolidando un sistema en virtud del cual los ciudadanos tengan derecho a acceder a información adicional del patrimonio de sus autoridades y que además quede absolutamente clara la separación entre los negocios y la política, particularmente a los eventuales conflictos de interés que se puedan generar en el ejercicio de las funciones públicas”.
El parlamentario valoró la creación de una figura de “mandato ciego” por parte de las autoridades con alto patrimonio. “Tiene que ser cada vez más restringida la posibilidad de que el mandante intervenga en la administración de los negocios durante el ejercicio en el cargo público, justamente para que el mandato sea ciego y no un “mandato tuerto” que facilite a la autoridad no preocuparse de su gestión pública sino de la administración de su patrimonio privado”.
Harboe precisó que uno de los puntos de mayor debate en la Comisión de Constitución fue la amplitud del mandato y la posibilidad de que el mandante pueda intervenir en la administración cuando se produzcan “cambios manifiestos” en el mercado.
”Creo que ese término de “cambios manifiestos” es muy genérico y hay que acotarlo. Yo entiendo que es importante que se resguarde el patrimonio del mandante pero no me parece lógico que éste pueda estar permanentemente dando instrucciones a un mandatario, con lo cual en la práctica va a tener una especie de junior que le va a administrar el patrimonio sin ningún tipo de separación de funciones”, puntualizó.
En el mismo sentido el diputado solicitó a la Biblioteca del Congreso un informe en derecho comparado en relación con la distinción que se hace en el texto propuesto por el Gobierno entre los bancos autorizados para operar en Chile y los bancos con oficinas de representación, como eventuales mandatarios para administrar el patrimonio de autoridades públicas.
“En este ámbito, mientras más personas jurídicas participen, tengan grados de responsabilidad y estén sujetos a la fiscalización de nuestro país mejor, porque lo que no queremos es crear otro mercado igual de concentrado al que tenemos hoy día, pero ahora en el ámbito de la administración de mandato”, sostuvo Harboe.
En tanto, el presidente de la Comisión, Alberto Cardemil (RN), informó que se avanzó significativamente en el proyecto, que a su juicio, va a poner a Chile en la punta en materia de probidad y transparencia.
“Hoy día vimos las características que tiene que tener la modificación del mandato, si la situación internacional cambia dramáticamente y se puede hacer un cambio en las instrucciones que se le dan al mandatario, cuando las alteraciones del mercado son graves y delicadas. Ese aspecto hay que regularlo pero objetivamente, que se sepa bajo qué condiciones se puede hacer la modificación y que ésta tenga la misma publicidad que tuvo el mandato original”, explicó el parlamentario.
Especificó que otro tema que concentró el debate es qué tipo de agentes pueden desempeñarse como mandatarios de este tipo de administración de cartera de valores. “Las personas naturales o jurídicas que van a ser mandatarios van a quedar establecidas en la ley, por tanto ninguna otra va a poder serlo”, precisó.
“También discutimos si los bancos extranjeros con representación en Chile pueden ejercer ese mandato. La Comisión determinó que tienen que ser empresas fiscalizables de modo que si el día de mañana hay un escándalo podamos traer a la Cámara de Diputados a los superintendentes de bancos y de sociedades anónimas o al fiscal nacional económico para que rinda cuenta”, agregó el diputado Cardemil.
Publicado el 01 de septiembre del 2011
Diputados de la instancia despacharon la mayoría de los artículos sobre declaraciones de patrimonio e intereses de autoridades públicas y centraron su debate en la obligación de traspaso de administración a terceros en casos calificados.
Con la presencia del Ministro Secretario General de la Presidencia y el presidente del Consejo para la Transparencia, la Comisión de Constitución avanzó sustantivamente este miércoles en la aprobación del articulado del proyecto sobre probidad en la función pública, iniciativa que, entre otros aspectos, amplía la obligación de declarar patrimonio e intereses de las autoridades públicas y de traspasar la administración de patrimonio a terceros, en casos calificados, para prevenir conflictos de interés
El diputado Felipe Harboe (PPD), integrante de la Comisión, señaló al término de la sesión que “estamos avanzando en este proyecto, que es bastante delicado por todas las aristas que tiene, y yo espero que se vaya consolidando un sistema en virtud del cual los ciudadanos tengan derecho a acceder a información adicional del patrimonio de sus autoridades y que además quede absolutamente clara la separación entre los negocios y la política, particularmente a los eventuales conflictos de interés que se puedan generar en el ejercicio de las funciones públicas”.
El parlamentario valoró la creación de una figura de “mandato ciego” por parte de las autoridades con alto patrimonio. “Tiene que ser cada vez más restringida la posibilidad de que el mandante intervenga en la administración de los negocios durante el ejercicio en el cargo público, justamente para que el mandato sea ciego y no un “mandato tuerto” que facilite a la autoridad no preocuparse de su gestión pública sino de la administración de su patrimonio privado”.
Harboe precisó que uno de los puntos de mayor debate en la Comisión de Constitución fue la amplitud del mandato y la posibilidad de que el mandante pueda intervenir en la administración cuando se produzcan “cambios manifiestos” en el mercado.
”Creo que ese término de “cambios manifiestos” es muy genérico y hay que acotarlo. Yo entiendo que es importante que se resguarde el patrimonio del mandante pero no me parece lógico que éste pueda estar permanentemente dando instrucciones a un mandatario, con lo cual en la práctica va a tener una especie de junior que le va a administrar el patrimonio sin ningún tipo de separación de funciones”, puntualizó.
En el mismo sentido el diputado solicitó a la Biblioteca del Congreso un informe en derecho comparado en relación con la distinción que se hace en el texto propuesto por el Gobierno entre los bancos autorizados para operar en Chile y los bancos con oficinas de representación, como eventuales mandatarios para administrar el patrimonio de autoridades públicas.
“En este ámbito, mientras más personas jurídicas participen, tengan grados de responsabilidad y estén sujetos a la fiscalización de nuestro país mejor, porque lo que no queremos es crear otro mercado igual de concentrado al que tenemos hoy día, pero ahora en el ámbito de la administración de mandato”, sostuvo Harboe.
En tanto, el presidente de la Comisión, Alberto Cardemil (RN), informó que se avanzó significativamente en el proyecto, que a su juicio, va a poner a Chile en la punta en materia de probidad y transparencia.
“Hoy día vimos las características que tiene que tener la modificación del mandato, si la situación internacional cambia dramáticamente y se puede hacer un cambio en las instrucciones que se le dan al mandatario, cuando las alteraciones del mercado son graves y delicadas. Ese aspecto hay que regularlo pero objetivamente, que se sepa bajo qué condiciones se puede hacer la modificación y que ésta tenga la misma publicidad que tuvo el mandato original”, explicó el parlamentario.
Especificó que otro tema que concentró el debate es qué tipo de agentes pueden desempeñarse como mandatarios de este tipo de administración de cartera de valores. “Las personas naturales o jurídicas que van a ser mandatarios van a quedar establecidas en la ley, por tanto ninguna otra va a poder serlo”, precisó.
“También discutimos si los bancos extranjeros con representación en Chile pueden ejercer ese mandato. La Comisión determinó que tienen que ser empresas fiscalizables de modo que si el día de mañana hay un escándalo podamos traer a la Cámara de Diputados a los superintendentes de bancos y de sociedades anónimas o al fiscal nacional económico para que rinda cuenta”, agregó el diputado Cardemil.
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