diputados:Moción exige a los establecimientos de educación superior comunicar al Registro Civil los títulos que otorgan. El proyecto busca imponer a las universidades, institutos y centros de formación técnica que comuniquen al Registro Civil los grados o títulos que otorgan para que dicho servicio mantenga un registro de las personas que se encuentran habilitadas para ejercer una determinada profesión.
Moción exige a los establecimientos de educación superior comunicar al Registro Civil los títulos que otorgan
Publicado el 20 de septiembre del 2011
El proyecto busca imponer a las universidades, institutos y centros de formación técnica que comuniquen al Registro Civil los grados o títulos que otorgan para que dicho servicio mantenga un registro de las personas que se encuentran habilitadas para ejercer una determinada profesión.
Los parlamentarios firmantes del proyecto de ley (boletín 7880) consideran que actualmente nuestro país carece de un Registro Nacional de Títulos y Grados, lo que posibilita que personas inescrupulosas, aprovechando este vacío, aparenten poseer estudios, grados académicos o una determinada calificación o instrucción, engañando a personas que de buena fe contratan determinados servicios.
De esta manera, sostienen que un Registro Nacional de Títulos y Grados constituye una herramienta de evidente utilidad para la ciudadanía, considerando que la preparación académica de los profesionales es un asunto de interés público donde está comprometida la fe pública, ya que sólo las instituciones debidamente reconocidas por el Estado pueden otorgar grados académicos y títulos profesionales y técnicos.
Por lo anterior, la iniciativa establece que todos los establecimientos de educación superior deberán, cada seis meses, remitir al Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación toda la información referida a las personas a quienes hubieren otorgado grados académicos y/o títulos profesionales ó técnicos, de conformidad a la ley.
Esta información, una vez recibida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, será de carácter público. Además, se dispone que esta ley comenzará a regir 6 meses después de su publicación, teniendo los establecimientos de educación superior el plazo de un año para enviar las información histórica.
El proyecto de ley fue presentado por los diputados Enrique Accorsi (PPD), Juan Luis Castro (PS), Marcos Espinosa (PRSD), Cristina Girardi (PPD), Enrique Jaramillo (PPD), Andrea Molina (UDI), Karla Rubilar (RN), Gabriel Silber (DC), Guillermo Teillier (PC) y Orlando Vargas (PPD) y será analizado en la Comisión de Educación.
Publicado el 20 de septiembre del 2011
El proyecto busca imponer a las universidades, institutos y centros de formación técnica que comuniquen al Registro Civil los grados o títulos que otorgan para que dicho servicio mantenga un registro de las personas que se encuentran habilitadas para ejercer una determinada profesión.
Los parlamentarios firmantes del proyecto de ley (boletín 7880) consideran que actualmente nuestro país carece de un Registro Nacional de Títulos y Grados, lo que posibilita que personas inescrupulosas, aprovechando este vacío, aparenten poseer estudios, grados académicos o una determinada calificación o instrucción, engañando a personas que de buena fe contratan determinados servicios.
De esta manera, sostienen que un Registro Nacional de Títulos y Grados constituye una herramienta de evidente utilidad para la ciudadanía, considerando que la preparación académica de los profesionales es un asunto de interés público donde está comprometida la fe pública, ya que sólo las instituciones debidamente reconocidas por el Estado pueden otorgar grados académicos y títulos profesionales y técnicos.
Por lo anterior, la iniciativa establece que todos los establecimientos de educación superior deberán, cada seis meses, remitir al Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación toda la información referida a las personas a quienes hubieren otorgado grados académicos y/o títulos profesionales ó técnicos, de conformidad a la ley.
Esta información, una vez recibida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, será de carácter público. Además, se dispone que esta ley comenzará a regir 6 meses después de su publicación, teniendo los establecimientos de educación superior el plazo de un año para enviar las información histórica.
El proyecto de ley fue presentado por los diputados Enrique Accorsi (PPD), Juan Luis Castro (PS), Marcos Espinosa (PRSD), Cristina Girardi (PPD), Enrique Jaramillo (PPD), Andrea Molina (UDI), Karla Rubilar (RN), Gabriel Silber (DC), Guillermo Teillier (PC) y Orlando Vargas (PPD) y será analizado en la Comisión de Educación.
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