Proponen impedir acceder a libertad condicional a condenados por violación con resultado de muerte
La moción de un grupo de diputados UDI, se justifica en que existen delitos que por su gravedad y dolorosos efectos, deben ser sancionados con una cadena perpetua real, que no signifique la excarcelación del condenado de por vida.
El proyecto (boletín 6652) fue presentado por los diputados Felipe Salaberry, Julio Dittborn, Enrique Estay y José Antonio Kast.
La iniciativa indica que nuestra legislación penal establece sanciones proporcionales a cada delito, siendo la pena más alta el presidio perpetuo calificado, es decir, una condena de prisión con la posibilidad de que el reo opte a beneficios carcelarios sólo a partir de los 40 años de pena.
Añade que existen determinados delitos que por su gravedad, alto impacto público y efectos en la sociedad, son sancionados con la pena antes descrita, “situación que lamentablemente no permite que se cumpla con el principio de la proporcionalidad entre el hecho y la pena, pues resulta ser una condena menor en relación a la gravedad del crimen y al efecto que se busca al imponerle determinada sanción”.
Los autores sostienen que la cadena perpetua calificada que establece nuestra legislación, “en la práctica, de perpetua tiene sólo el nombre, pues se trata de una condena efectiva a 40 años de prisión, tiempo tras el cual el condenado puede acceder a su libertad, terminando de esa manera la pena impuesta por los tribunales de justicia”.
No obstante, precisan que hay delitos que por su gravedad y por sus dolorosos efectos, deben ser sancionados con una cadena perpetua real, que no considere la posibilidad de optar a algún beneficio que signifique la excarcelación del condenado de por vida, de manera de aislar de la sociedad, de manera efectiva y a perpetuidad a individuos que se han transformado en un peligro para la ciudadanía.
En el caso de la violación con resultado de muerte en menores de edad, señalan los legisladores que “debe ser el delito más grave que conoce nuestra sociedad, no sólo por tratarse de un homicidio, sino porque involucra a seres indefensos e ingenuos y sus efectos son devastadores, tanto para la familia de la menor víctima, como para la sociedad completa”.
El proyecto será estudiado por la Comisión de Constitución.
El proyecto (boletín 6652) fue presentado por los diputados Felipe Salaberry, Julio Dittborn, Enrique Estay y José Antonio Kast.
La iniciativa indica que nuestra legislación penal establece sanciones proporcionales a cada delito, siendo la pena más alta el presidio perpetuo calificado, es decir, una condena de prisión con la posibilidad de que el reo opte a beneficios carcelarios sólo a partir de los 40 años de pena.
Añade que existen determinados delitos que por su gravedad, alto impacto público y efectos en la sociedad, son sancionados con la pena antes descrita, “situación que lamentablemente no permite que se cumpla con el principio de la proporcionalidad entre el hecho y la pena, pues resulta ser una condena menor en relación a la gravedad del crimen y al efecto que se busca al imponerle determinada sanción”.
Los autores sostienen que la cadena perpetua calificada que establece nuestra legislación, “en la práctica, de perpetua tiene sólo el nombre, pues se trata de una condena efectiva a 40 años de prisión, tiempo tras el cual el condenado puede acceder a su libertad, terminando de esa manera la pena impuesta por los tribunales de justicia”.
No obstante, precisan que hay delitos que por su gravedad y por sus dolorosos efectos, deben ser sancionados con una cadena perpetua real, que no considere la posibilidad de optar a algún beneficio que signifique la excarcelación del condenado de por vida, de manera de aislar de la sociedad, de manera efectiva y a perpetuidad a individuos que se han transformado en un peligro para la ciudadanía.
En el caso de la violación con resultado de muerte en menores de edad, señalan los legisladores que “debe ser el delito más grave que conoce nuestra sociedad, no sólo por tratarse de un homicidio, sino porque involucra a seres indefensos e ingenuos y sus efectos son devastadores, tanto para la familia de la menor víctima, como para la sociedad completa”.
El proyecto será estudiado por la Comisión de Constitución.
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