Proponen notificar por oficio a empresas por pago de servicios básicos adeudados
El proyecto, fue presentado por los diputados independientes Álvaro Escobar, Marco Enríquez-Ominami y Esteban Valenzuela y por el PPD Guido Girardi, y será estudiado por la Comisión de Constitución.
El texto legal (boletín 6658) señala que el arrendamiento de predios urbanos se encuentra regulado por la Ley 18.101, posteriormente modificada por la Ley 19.866, publicada en abril de 2003, para equilibrar la relación arrendador-arrendatario y agilizar y abreviar la tramitación de los juicios que se derivan del incumplimiento de los contratos de arriendo, a fin de evitar mayores perjuicios para ambas partes.
Al respecto, se establece que al ejercitarse la acción de reconvención por no pago del arriendo, podrán deducirse también, conjuntamente, la de cobro de las rentas impagas en que aquélla se funde y las de pago de consumos de luz, energía eléctrica, gas, agua potable y de riego; gastos por servicios comunes y de otras prestaciones análogas que se adeuden. Demandadas esas prestaciones, se entenderán comprendidas en la acción las de igual naturaleza a las reclamadas que se paguen durante la tramitación del juicio y hasta que la restitución o el pago se efectúe.
En los juicios en que se solicite la entrega del inmueble, el arrendador podrá hacer notificar la demanda a las empresas que suministren gas, energía eléctrica o agua potable, y en tal caso el demandado será el único responsable de los consumos mientras dure la ocupación del inmueble por él o por las personas a su cargo. Las empresas no podrán excepcionarse alegando ignorancia del domicilio del deudor.
Los autores indican que “en la práctica, el demandante debe pagar tantas notificaciones como empresas haya que notificar, lo que puede implicar un gasto extra que puede superar los $100.000 en materia de notificaciones a estas empresas, lo que sin duda encarece la tramitación del juicio por lo que el arrendador demandante lo pensará dos veces antes de ejercer este derecho”.
Por ello, la moción propone sustituir la notificación por receptor por el despacho de un oficio del Tribunal a estas empresas, con el objeto de hacer posible el cumplimiento de la finalidad última de la norma.
El texto legal (boletín 6658) señala que el arrendamiento de predios urbanos se encuentra regulado por la Ley 18.101, posteriormente modificada por la Ley 19.866, publicada en abril de 2003, para equilibrar la relación arrendador-arrendatario y agilizar y abreviar la tramitación de los juicios que se derivan del incumplimiento de los contratos de arriendo, a fin de evitar mayores perjuicios para ambas partes.
Al respecto, se establece que al ejercitarse la acción de reconvención por no pago del arriendo, podrán deducirse también, conjuntamente, la de cobro de las rentas impagas en que aquélla se funde y las de pago de consumos de luz, energía eléctrica, gas, agua potable y de riego; gastos por servicios comunes y de otras prestaciones análogas que se adeuden. Demandadas esas prestaciones, se entenderán comprendidas en la acción las de igual naturaleza a las reclamadas que se paguen durante la tramitación del juicio y hasta que la restitución o el pago se efectúe.
En los juicios en que se solicite la entrega del inmueble, el arrendador podrá hacer notificar la demanda a las empresas que suministren gas, energía eléctrica o agua potable, y en tal caso el demandado será el único responsable de los consumos mientras dure la ocupación del inmueble por él o por las personas a su cargo. Las empresas no podrán excepcionarse alegando ignorancia del domicilio del deudor.
Los autores indican que “en la práctica, el demandante debe pagar tantas notificaciones como empresas haya que notificar, lo que puede implicar un gasto extra que puede superar los $100.000 en materia de notificaciones a estas empresas, lo que sin duda encarece la tramitación del juicio por lo que el arrendador demandante lo pensará dos veces antes de ejercer este derecho”.
Por ello, la moción propone sustituir la notificación por receptor por el despacho de un oficio del Tribunal a estas empresas, con el objeto de hacer posible el cumplimiento de la finalidad última de la norma.
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