El presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz resolvió poner en conocimiento del pleno del máximo tribunal los antecedentes vinculados al proceso penal seguido en contra del juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, Carlos Alberto Cosma Inojosa, condenado el pasado 9 de diciembre por conducir bajo la influencia del alcohol
El presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz resolvió poner en conocimiento del pleno del máximo tribunal los antecedentes vinculados al proceso penal seguido en contra del juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, Carlos Alberto Cosma Inojosa, condenado el pasado 9 de diciembre por conducir bajo la influencia del alcohol, “para los efectos de determinar si resulta procedente la apertura de cuaderno de remoción (…) de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 80 de la Constitución Política de la República".
En este caso, el Poder Judicial ya había resuelto un procedimiento de sanción administrativa hacia el juez, previo a la sanción de carácter penal, donde se le había aplicado una amonestación privada.
La máxima autoridad judicial ordenó también remitir copia de todo lo obrado en el procedimiento disciplinario al Ministerio de Justicia, “para los efectos a que haya lugar, al tenor de lo prescrito en el artículo 53 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público”, referido a la facultad del Presidente de la República para solicitar la remoción de fiscales.
De acuerdo a los antecedentes que constan en el procedimiento disciplinario, la Corte Suprema ofició en reiteradas oportunidades a la Fiscalía de Iquique, comenzando el 28 de marzo de 2012, a fin de que informara sobre la situación procesal del juez investigado, no obteniendo una respuesta definitiva.
Al no existir un pronunciamiento de la Fiscalía de Iquique, el máximo tribunal dispuso el 20 de septiembre de 2012 oficiar al fiscal regional de Tarapacá para que aportara los antecedentes necesarios para continuar con el procedimiento disciplinario al juez.
La respuesta del fiscal llegó 8 meses después, el 17 de mayo de 2013. En esa fecha, el fiscal regional de Tarapacá respondió indicando que se había fijado fecha para la realización de una audiencia de formalización de la investigación en contra del magistrado por conducción en estado de ebriedad.
Con posterioridad a la formalización, volvió a solicitarse informe al fiscal regional acerca del avance del caso penal y, luego de reiterar la petición, el máximo tribunal recibió como respuesta que se habían fijado 6 meses como plazo de investigación.
A lo largo del proceso disciplinario, la Corte Suprema emitió 12 oficios solicitando información al Ministerio Público sobre el estado de la investigación seguida en contra del juez, los que no fueron respondidos oportunamente.
Atendidas las demoras evidenciadas por la Fiscalía Local de Iquique y de la Fiscalía Regional de Tarapacá, el 30 de octubre de 2013, el Pleno de la Corte Suprema emitió un oficio al Fiscal Nacional del Ministerio Público, en que informó “la demora injustificada que se observa en la remisión de los informes que esta Corte requiriera al Ministerio Público de Iquique”.
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