Senado: Tres años de cárcel podrían arriesgar quienes dañen buses o trenes de transporte público



Foto Senado

Tres años de cárcel podrían arriesgar quienes dañen buses o trenes de transporte público

Así lo propone el proyecto de ley presentado por los senadores Francisco Chahuán y Juan Pablo Letelier, que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada.
29 de marzo de 2019
Detención del servicio de metro trenes por el rayado de jóvenes inescrupulosos, es solo un ejemplo de los cientos que se pueden dar y que –lamentablemente- son parte del cotidiano de los usuarios de buses o trenes del transporte público remunerado y es justamente este tipo de actos los que se espera tengan mayor sanción penal, para inhibir su ocurrencia.
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“El presente proyecto de ley busca sancionar con mayor gravedad los atentados a los medios de transporte público de pasajeros particularmente los buses, sus elementos auxiliares o accesorios y los daños a la infraestructura asociada, tales como paraderos, terminales, luminaria, elementos de las vías, cámaras u otras tecnologías, cuya destrucción perjudica la movilidad de las personas”, explican los senadores Francisco Chahuán y Juan Pablo Letelier, autores de la moción que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290 de Tránsito.

RECLUSIÓN Y MULTAS

¿Cómo se sancionará a quienes intervengan en el buen desempeño del transporte?
Con una pena que va desde los 541 días a los 3 años y una multa de $967.060 (20 UTM) “Si el daño o el atentado, cualquiera fuera su forma y cuantía, se produjere contra un bus o tren prestador de servicio de transporte publico remunerado de pasajeros en circulación o no, o contra la infraestructura asociada al transporte, tales como, refugios, paraderos, cámaras u otros elementos fijos o móviles (…).

¿Y para quienes pinten o rayen o los paraderos, habrá castigo?
Sí, se arriesgan a penas de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días de reclusión y a multas de $483.530 (10 UTM) para “Quienes sin la correspondiente autorización por medio de marcadores, tinta, pintura, materia orgánica o similar de cualquier tipo, procedieran a la pintura de mensajes, firmas, rayados, dibujos, u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismo, sobre cualquier elemento del transporte público, ya sean paraderos, refugios o buses”.

RESGUARDAR EL OPERAR CON NORMALIDAD

¿Qué es lo que hoy en día estamos enfrentando con estos actos vandálicos?
Según los legisladores “el daño a los buses o medios de transporte significa que al día siguiente estos no pueden operar con normalidad, lo que afecta directamente a los usuarios. El gasto de reparación y mantenimiento que las actuaciones antisociales, daños y vandalismo en buses e infraestructura asociada al transporte, es finalmente sufragado por todos los contribuyentes que son los perjudicados directamente (…).
La afectación de buses y su infraestructura no solo afecta a una industria particular, juega un rol negativo que impacta a gran escala en las sociedades de donde el desarrollo de una parte importante de las actividades cotidianas requiere de desplazamientos”.

¿En qué está la tramitación del proyecto?
El texto legal comenzará a ser analizado este miércoles 3 de abril en el seno de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y espera ser “una respuesta jurídica enfática (…)” porque “cualquier problema que afecte su acceso y funcionamiento, impacta negativamente en la población. En efecto, los medios de transporte cumplen un "rol social" pues permiten a las personas la realización de los desplazamientos cotidianos para desarrollar sus actividades diarias laborales, escolares, estudiantiles y sociales”, precisan los autores.

Cabe señalar, que a la instancia parlamentaria invitó, para el análisis del proyecto de ley, al Director de Transporte Público Metropolitano, Fernando Saka; al Director de Metbus, Héctor Moya; al abogado penalista, Juan Carlos Manríquez y al profesor de Derecho Penal, Guillermo Oliver.


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