Diputados: Cruch y Ues privadas entregaron su visión en torno al proyecto de Educación Superior
Cruch y Ues privadas entregaron su visión en torno al proyecto de Educación Superior
Publicado el 29 de agosto del 2016
Ante la Comisión de Educación, el Vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile aseguró que el proyecto carece de una propuesta integral para un nuevo sistema de educación superior. Asimismo, el Presidente de la Corporación de Universidades Privadas señaló que el proyecto restringe la autonomía y atenta contra la diversidad.
Con el propósito de continuar con el ciclo de audiencias relativo al debate del proyecto de ley sobre Educación Superior (boletín 10783), la Comisión de Educación de la Cámara recibió hoy al Vicepresidente del Cruch y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle; al Presidente de la Corporación de Universidades Privadas y rector de la Universidad Bernardo O'Higgins, Claudio Ruff, además del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quienes expusieron su visión en torno a la iniciativa.
En la oportunidad, Aldo Valle, Vicepresidente del Cruch, resaltó que si bien el proyecto presentado al Congreso avanza en el propósito de establecer un marco regulatorio necesario, así como en el objetivo de fortalecer la institucionalidad pública, carece de una propuesta integral para un nuevo sistema de educación superior y confunde el objetivo de desarrollo del mismo con una consolidación de la cobertura docente predominantemente privada.
Agregó que, a su vez, determina que la adscripción de gratuidad sea el eje ordenador y simplificador de todo el sistema de financiamiento público y la relación del Estado con todas las instituciones. “Este efecto reductivo no permite reconocer la complejidad del sistema de educación superior que el país ya logró construir gracias a un valioso esfuerzo público y privado”, sostuvo.
En cuanto al fortalecimiento de las universidades regionales, Valle añadió que dicha reforma será ineficaz, si no contiene un cambio en los indicadores para asignar los recursos del Estado a las instituciones universitarias regionales. “Estas deben ser actores principales del desarrollo de sus respectivas regiones, por lo que deberán contar con el apoyo del Estado para lograr el cumplimiento cabal de su misión”, declaró.
Asimismo, sumó que la reforma debe corregir gradualmente la diferencia que existe entre estas instituciones y promover el desarrollo en investigación e innovación, así como su vinculación con los desafíos de los sistemas productivos, sociales y culturales de las respectivas regiones.
En otro aspecto, Valle sostuvo que la Subsecretaria de Educación Superior avanza al establecer una red de instituciones de educación superior estatales, sin embargo no se observan mecanismos de coordinación con otras instituciones, de manera que en ella se reconozca la provisión mixta de nuestro sistema de educación terciaria.
Sobre el financiamiento, expresó que la propuesta lejos de fortalecer a las universidades del Consejo de Rectores incorpora graves amenazas sobre su futuro al modificar estructuralmente su participación en el financiamiento público. “La eliminación del principal aporte basal que reciben estas universidades desconoce la valiosa contribución que todas sus instituciones han hecho al país”, detalló.
En lo que respecta al lucro en las universidades, aclaró que el proyecto minimiza el reproche social a estas conductas, al no atribuirles sanción penal, ya que solo considera una infracción que puede ser sancionada administrativamente por la Superintendencia de Educación Superior con una multa de hasta 10 mil UTM.
Nuevo sistema de créditos
En tanto, Claudio Ruff, Presidente de la Corporación de Universidades Privadas, manifestó que el gremio cuenta con la convicción de que Chile necesita un nuevo paradigma de Educación Superior. En ese sentido, reiteró que el proyecto restringe la autonomía, homogeniza y atenta contra la diversidad. “Sentimos que la innovación no es posible si no se dan los espacios en todos los niveles”, acotó.
Asimismo, aseguró que nuestro país debe comenzar a tener un nuevo sistema de créditos que vaya evolucionando y que se asemeje al crédito solidario.
En cuanto a la calidad en la educación superior, Ruff ratificó su apoyo a la obligatoriedad de la acreditación constitucional. “Creemos que es un mecanismo que contribuye significativamente a mejorar la calidad de la gestión, la docencia e instalar una cultura de calidad en las instituciones”, indicó.
Varias iniciativas
Por su parte, Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, afirmó que el proyecto incurre en variados excesos, debido a que tiene una Subsecretaría de la Educación demasiado abundante en las facultades que se le confieren. “A la hora de regular la Subsecretaría de Educación el proyecto trata promiscuamente en una misma regla cuestiones que son propias del reglamento y cuestiones que son propias de la ley”, puntualizó.
En este contexto, manifestó que la mejor manera de llevar este proyecto es desmembrando cada una de las materias que contempla distinguiendo que hay varias iniciativas. “Necesitamos un organismo que termine con la ceguera, porque no sabemos quien cumple la ley y quien no”.
Agregó que en lo que respecta al consejo de aseguramiento de la calidad, esta es la parte menos lograda del proyecto, la menos innovadora y la que más se apega al diseño hoy día vigente. “En realidad lo que hace el proyecto es reiterar el actual consejo nacional de acreditación”.
En cuanto a la autonomía, Peña planteó que se logran observar severos problemas. “El Estado no es dueño de las universidades, este es un error mayúsculo que espero no se siga cometiendo, porque cualquier abogado sabe que las universidades son personas jurídicas. No hay relaciones de dominio”.
Finalmente, hizo sus reparos al fondo de investigación al que podrán optar las instituciones que forman parte de la gratuidad. "El lapso que media entre hoy día y la entrada en vigencia de la ley no va a existir ese fondo especial de investigación, con lo cual las universidades que adscriban a la gratuidad hoy día, en espera de la reforma final, van a sólo recibir la transferencia por gratuidad por docencia", explicó.
Diputados
Concluidas las exposiciones, el presidente de la Comisión, diputado Alberto Robles (PRSD), dijo concordar con los dichos de los rectores, quienes afirmaron estar en presencia de una ley muy compleja, la cual se legislará nuevamente sobre la gratuidad.
“Comparto lo que dicen en relación con que las universidades estatales sean el eje de la educación superior en nuestro país, para darle preeminencia a estas universidades que son del Estado, pero quiero saber cómo plasmar eso para que las universidades tengan este carácter”, preguntó.
En tanto, la diputada Cristina Girardi (PPD) coincidió con lo expuesto en relación a asegurar la preeminencia y la hegemonía del sistema y asimismo, concordó con que la iniciativa aporta gran parte de lo que ya existe.
Por su parte, la diputada Camila Vallejo (PC) se refirió a la retribución social de las universidades y expresó que la educación no solo tiene que ser entendida como un derecho, sino como una inversión social. “Las universidades tienen que ser pluralistas y tener elementos donde nosotros digamos que la universidad está avanzando con ciudadanos preparados para las exigencias actuales”, remató.
Publicado el 29 de agosto del 2016
Ante la Comisión de Educación, el Vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile aseguró que el proyecto carece de una propuesta integral para un nuevo sistema de educación superior. Asimismo, el Presidente de la Corporación de Universidades Privadas señaló que el proyecto restringe la autonomía y atenta contra la diversidad.
Con el propósito de continuar con el ciclo de audiencias relativo al debate del proyecto de ley sobre Educación Superior (boletín 10783), la Comisión de Educación de la Cámara recibió hoy al Vicepresidente del Cruch y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle; al Presidente de la Corporación de Universidades Privadas y rector de la Universidad Bernardo O'Higgins, Claudio Ruff, además del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quienes expusieron su visión en torno a la iniciativa.
En la oportunidad, Aldo Valle, Vicepresidente del Cruch, resaltó que si bien el proyecto presentado al Congreso avanza en el propósito de establecer un marco regulatorio necesario, así como en el objetivo de fortalecer la institucionalidad pública, carece de una propuesta integral para un nuevo sistema de educación superior y confunde el objetivo de desarrollo del mismo con una consolidación de la cobertura docente predominantemente privada.
Agregó que, a su vez, determina que la adscripción de gratuidad sea el eje ordenador y simplificador de todo el sistema de financiamiento público y la relación del Estado con todas las instituciones. “Este efecto reductivo no permite reconocer la complejidad del sistema de educación superior que el país ya logró construir gracias a un valioso esfuerzo público y privado”, sostuvo.
En cuanto al fortalecimiento de las universidades regionales, Valle añadió que dicha reforma será ineficaz, si no contiene un cambio en los indicadores para asignar los recursos del Estado a las instituciones universitarias regionales. “Estas deben ser actores principales del desarrollo de sus respectivas regiones, por lo que deberán contar con el apoyo del Estado para lograr el cumplimiento cabal de su misión”, declaró.
Asimismo, sumó que la reforma debe corregir gradualmente la diferencia que existe entre estas instituciones y promover el desarrollo en investigación e innovación, así como su vinculación con los desafíos de los sistemas productivos, sociales y culturales de las respectivas regiones.
En otro aspecto, Valle sostuvo que la Subsecretaria de Educación Superior avanza al establecer una red de instituciones de educación superior estatales, sin embargo no se observan mecanismos de coordinación con otras instituciones, de manera que en ella se reconozca la provisión mixta de nuestro sistema de educación terciaria.
Sobre el financiamiento, expresó que la propuesta lejos de fortalecer a las universidades del Consejo de Rectores incorpora graves amenazas sobre su futuro al modificar estructuralmente su participación en el financiamiento público. “La eliminación del principal aporte basal que reciben estas universidades desconoce la valiosa contribución que todas sus instituciones han hecho al país”, detalló.
En lo que respecta al lucro en las universidades, aclaró que el proyecto minimiza el reproche social a estas conductas, al no atribuirles sanción penal, ya que solo considera una infracción que puede ser sancionada administrativamente por la Superintendencia de Educación Superior con una multa de hasta 10 mil UTM.
Nuevo sistema de créditos
En tanto, Claudio Ruff, Presidente de la Corporación de Universidades Privadas, manifestó que el gremio cuenta con la convicción de que Chile necesita un nuevo paradigma de Educación Superior. En ese sentido, reiteró que el proyecto restringe la autonomía, homogeniza y atenta contra la diversidad. “Sentimos que la innovación no es posible si no se dan los espacios en todos los niveles”, acotó.
Asimismo, aseguró que nuestro país debe comenzar a tener un nuevo sistema de créditos que vaya evolucionando y que se asemeje al crédito solidario.
En cuanto a la calidad en la educación superior, Ruff ratificó su apoyo a la obligatoriedad de la acreditación constitucional. “Creemos que es un mecanismo que contribuye significativamente a mejorar la calidad de la gestión, la docencia e instalar una cultura de calidad en las instituciones”, indicó.
Varias iniciativas
Por su parte, Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, afirmó que el proyecto incurre en variados excesos, debido a que tiene una Subsecretaría de la Educación demasiado abundante en las facultades que se le confieren. “A la hora de regular la Subsecretaría de Educación el proyecto trata promiscuamente en una misma regla cuestiones que son propias del reglamento y cuestiones que son propias de la ley”, puntualizó.
En este contexto, manifestó que la mejor manera de llevar este proyecto es desmembrando cada una de las materias que contempla distinguiendo que hay varias iniciativas. “Necesitamos un organismo que termine con la ceguera, porque no sabemos quien cumple la ley y quien no”.
Agregó que en lo que respecta al consejo de aseguramiento de la calidad, esta es la parte menos lograda del proyecto, la menos innovadora y la que más se apega al diseño hoy día vigente. “En realidad lo que hace el proyecto es reiterar el actual consejo nacional de acreditación”.
En cuanto a la autonomía, Peña planteó que se logran observar severos problemas. “El Estado no es dueño de las universidades, este es un error mayúsculo que espero no se siga cometiendo, porque cualquier abogado sabe que las universidades son personas jurídicas. No hay relaciones de dominio”.
Finalmente, hizo sus reparos al fondo de investigación al que podrán optar las instituciones que forman parte de la gratuidad. "El lapso que media entre hoy día y la entrada en vigencia de la ley no va a existir ese fondo especial de investigación, con lo cual las universidades que adscriban a la gratuidad hoy día, en espera de la reforma final, van a sólo recibir la transferencia por gratuidad por docencia", explicó.
Diputados
Concluidas las exposiciones, el presidente de la Comisión, diputado Alberto Robles (PRSD), dijo concordar con los dichos de los rectores, quienes afirmaron estar en presencia de una ley muy compleja, la cual se legislará nuevamente sobre la gratuidad.
“Comparto lo que dicen en relación con que las universidades estatales sean el eje de la educación superior en nuestro país, para darle preeminencia a estas universidades que son del Estado, pero quiero saber cómo plasmar eso para que las universidades tengan este carácter”, preguntó.
En tanto, la diputada Cristina Girardi (PPD) coincidió con lo expuesto en relación a asegurar la preeminencia y la hegemonía del sistema y asimismo, concordó con que la iniciativa aporta gran parte de lo que ya existe.
Por su parte, la diputada Camila Vallejo (PC) se refirió a la retribución social de las universidades y expresó que la educación no solo tiene que ser entendida como un derecho, sino como una inversión social. “Las universidades tienen que ser pluralistas y tener elementos donde nosotros digamos que la universidad está avanzando con ciudadanos preparados para las exigencias actuales”, remató.
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