Diputados: Ministra de Justicia continúo defensa ante Acusación Constitucional por Gendarmería
Ministra de Justicia continúo defensa ante Acusación Constitucional por Gendarmería
Publicado el 30 de agosto del 2016
Durante la sesión de este martes 30 de agosto, la Secretaria de Estado respondió las preguntas de los miembros de la comisión especial, mientras que su abogado, Javier Cousso, insistió en las imprecisiones que presenta el libelo.
Continuando con la exposición que busca aclarar los hechos que se le imputan, la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, asistió este martes a la comisión especial que revisa la Acusación Constitucional en su contra, en relación a los problemas de remuneraciones y pensiones en Gendarmería.
Ante la instancia, la Secretaria de Estado respondió, en primer lugar, las preguntas formuladas por la diputada Marcela Sabat (RN), quien se refirió a los actos personales que pueden dar lugar a una Acusación Constitucional. En ese sentido, la parlamentaria pidió precisar cuándo un acto de una autoridad pública, en el desempeño de sus funciones, es funcional y cuando no. Además, solicitó conocer qué ocurre con las acciones realizadas por un subordinando que acata instrucciones de un ministro.
A lo anterior, el abogado de la Ministra, Javier Cousso, respondió que un acto personal es un requisito para que se acuse y se condene a un alto funcionario del Estado, en sede de acusación constitucional, “esto por el sencillo motivo de que las consecuencias de esta acusación son personales y no es el Ministerio quien queda como persona jurídica, sino que la persona natural que en este caso es la Ministra Blanco”.
Asimismo, la Ministra agregó que es importante establecer que el libelo se basa en un intercambio epistolar entre dos personas y en dichos del director en una entrevista, donde tampoco se le atribuye a la Ministra responsabilidad, sino que se habla de terceros. “Es gratis mencionar a una persona sin que nos conste si esa persona, efectivamente, tuvo participación o no en los hechos”, puntualizó.
En relación a las faltas de probidad que se imputan, la diputada Sabat agregó que no solo se señalan principios constitucionales, sino que también se habla de reglas legales de la Ley de Bases, donde se establece el estándar de un tercero valiéndose de su posición funcionaria. “Ahí hay que dejar claro que la falta de probidad no tiene que ver con la capacidad del director de negarse, sino que tan solo con la respuesta de una gestión directa o indirecta de la Ministra puede darse esta falta de probidad según lo que, también, se dice aquí en el libelo”, planteo.
Ante la interrogante, Cousso aclaró que no es menor acusar a una Ministra sin pruebas fehacientes de que estuvo involucrada en una especie de conspiración. “Esto es lo que hace el libelo, aparte de muchas cosas confusas, este es uno de los problemas que tiene”, acotó.
La Ministra, por su parte, aseguró que el verbo rector que se ocupa al hacer una solicitud, como la realizada al exdirector de Gendarmería, es la misma que la Cámara hace en los proyectos de acuerdos, donde se hacen solicitudes a la Presidenta de la República. “Sería difícil pensar que alguien bajo ese verbo rector estuviera suponiendo que la Presidenta tenga que sí o sí proceder al envío de un proyecto de ley cuando uno manda un acuerdo en el que se solicita algo. Este es el mismo ejemplo, porque nosotros no podemos instruir respecto de algo que son facultades privativas del director nacional de Gendarmería”, comparó.
Asimismo, Blanco resaltó que existe un problema histórico en el Ministerio, donde se cuenta con una planta muy restrictiva y donde, además, desde hace años existen comisiones de servicio, para lo cual muchas veces se solicita personas con un perfil determinado.
Designación de funcionarios
En tanto, el diputado Sergio Ojeda (DC) quiso saber por qué el abogado Cousso cree que el libelo lo único que hace es culpar a la Ministra de hacer contrataciones y aumentar remuneraciones. “Quiero saber si se trata de actos propios o de terceros, de existir, quiero saber quién es el responsable de estos actos”, preguntó.
En ese sentido, el parlamentario añadió que la designación de funcionarios es una práctica de buen servicio que se ha realizado en todos los gobiernos. “Este tipo de situaciones, nombramientos y pensiones es algo que se ha producido a través del tiempo”, afirmó.
Por su parte, el diputado René Saffirio (IND) preguntó a la Ministra si solicitó el nombramiento o la remoción de Hugo Espinoza, exdirector de Gendarmería, quien fue desvinculado de su cargo en julio del presente año. Asimismo, si pidió la contratación de Rodrigo Sepúlveda, concejal despedido de la institución a fines de 2015 por el exdirector Tulio Arce. A lo anterior, la Ministra respondió que en ningún caso tuvo participación.
En ese contexto, el diputado Jaime Pilowsky (DC) señaló que, de ser así, el libelo podría cometer errores al hablar de la contratación de Hugo Espinoza por instrucción de la Ministra, el pasado 18 de agosto de 2014. “Creo que tenemos dos problemas, porque en el libelo acusatorio mal se podría estar nombrando o solicitando el nombramiento de una persona cuando la Ministra en esa época era Ministra del Trabajo, salvo que haya enviado un oficio con ese cargo”, enfatizó.
Finalmente, el presidente de la Comisión, diputado Marcelo Schilling (PS), argumentó que hasta ahora su convicción es desestimar la razón de exculpación de la Ministra, debido a que, indicó, para tratar gran parte del origen de ambas acusaciones constitucionales hubo una interpelación. “Esto es una causal de exoneración de responsabilidad constitucional de la Ministra en la acusación que estamos viendo”, reiteró.
En esta línea, el legislador declaró que la comisión debería escuchar no solo a constitucionalistas, sino que a expertos en derecho administrativo que les puedan hacer ver cuál es la situación y la diferencia entre ser el jefe director del servicio y Ministro. “En el libelo acusatorio se esgrimen sobre todo referencias a la Constitución y por lo mismo, la relevancia que tiene el haber hecho la lista de invitados es para conocer los fundamentos de la acusación constitucional”, concluyó.
Para las próximas sesiones se espera que los diputados escuchen a abogados constitucionalistas, expertos en derecho administrativo y testigos sugeridos por los acusadores, entre los cuales se encuentra el exdirector de Gendarmería, Tulio Arce.
Publicado el 30 de agosto del 2016
Durante la sesión de este martes 30 de agosto, la Secretaria de Estado respondió las preguntas de los miembros de la comisión especial, mientras que su abogado, Javier Cousso, insistió en las imprecisiones que presenta el libelo.
Continuando con la exposición que busca aclarar los hechos que se le imputan, la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, asistió este martes a la comisión especial que revisa la Acusación Constitucional en su contra, en relación a los problemas de remuneraciones y pensiones en Gendarmería.
Ante la instancia, la Secretaria de Estado respondió, en primer lugar, las preguntas formuladas por la diputada Marcela Sabat (RN), quien se refirió a los actos personales que pueden dar lugar a una Acusación Constitucional. En ese sentido, la parlamentaria pidió precisar cuándo un acto de una autoridad pública, en el desempeño de sus funciones, es funcional y cuando no. Además, solicitó conocer qué ocurre con las acciones realizadas por un subordinando que acata instrucciones de un ministro.
A lo anterior, el abogado de la Ministra, Javier Cousso, respondió que un acto personal es un requisito para que se acuse y se condene a un alto funcionario del Estado, en sede de acusación constitucional, “esto por el sencillo motivo de que las consecuencias de esta acusación son personales y no es el Ministerio quien queda como persona jurídica, sino que la persona natural que en este caso es la Ministra Blanco”.
Asimismo, la Ministra agregó que es importante establecer que el libelo se basa en un intercambio epistolar entre dos personas y en dichos del director en una entrevista, donde tampoco se le atribuye a la Ministra responsabilidad, sino que se habla de terceros. “Es gratis mencionar a una persona sin que nos conste si esa persona, efectivamente, tuvo participación o no en los hechos”, puntualizó.
En relación a las faltas de probidad que se imputan, la diputada Sabat agregó que no solo se señalan principios constitucionales, sino que también se habla de reglas legales de la Ley de Bases, donde se establece el estándar de un tercero valiéndose de su posición funcionaria. “Ahí hay que dejar claro que la falta de probidad no tiene que ver con la capacidad del director de negarse, sino que tan solo con la respuesta de una gestión directa o indirecta de la Ministra puede darse esta falta de probidad según lo que, también, se dice aquí en el libelo”, planteo.
Ante la interrogante, Cousso aclaró que no es menor acusar a una Ministra sin pruebas fehacientes de que estuvo involucrada en una especie de conspiración. “Esto es lo que hace el libelo, aparte de muchas cosas confusas, este es uno de los problemas que tiene”, acotó.
La Ministra, por su parte, aseguró que el verbo rector que se ocupa al hacer una solicitud, como la realizada al exdirector de Gendarmería, es la misma que la Cámara hace en los proyectos de acuerdos, donde se hacen solicitudes a la Presidenta de la República. “Sería difícil pensar que alguien bajo ese verbo rector estuviera suponiendo que la Presidenta tenga que sí o sí proceder al envío de un proyecto de ley cuando uno manda un acuerdo en el que se solicita algo. Este es el mismo ejemplo, porque nosotros no podemos instruir respecto de algo que son facultades privativas del director nacional de Gendarmería”, comparó.
Asimismo, Blanco resaltó que existe un problema histórico en el Ministerio, donde se cuenta con una planta muy restrictiva y donde, además, desde hace años existen comisiones de servicio, para lo cual muchas veces se solicita personas con un perfil determinado.
Designación de funcionarios
En tanto, el diputado Sergio Ojeda (DC) quiso saber por qué el abogado Cousso cree que el libelo lo único que hace es culpar a la Ministra de hacer contrataciones y aumentar remuneraciones. “Quiero saber si se trata de actos propios o de terceros, de existir, quiero saber quién es el responsable de estos actos”, preguntó.
En ese sentido, el parlamentario añadió que la designación de funcionarios es una práctica de buen servicio que se ha realizado en todos los gobiernos. “Este tipo de situaciones, nombramientos y pensiones es algo que se ha producido a través del tiempo”, afirmó.
Por su parte, el diputado René Saffirio (IND) preguntó a la Ministra si solicitó el nombramiento o la remoción de Hugo Espinoza, exdirector de Gendarmería, quien fue desvinculado de su cargo en julio del presente año. Asimismo, si pidió la contratación de Rodrigo Sepúlveda, concejal despedido de la institución a fines de 2015 por el exdirector Tulio Arce. A lo anterior, la Ministra respondió que en ningún caso tuvo participación.
En ese contexto, el diputado Jaime Pilowsky (DC) señaló que, de ser así, el libelo podría cometer errores al hablar de la contratación de Hugo Espinoza por instrucción de la Ministra, el pasado 18 de agosto de 2014. “Creo que tenemos dos problemas, porque en el libelo acusatorio mal se podría estar nombrando o solicitando el nombramiento de una persona cuando la Ministra en esa época era Ministra del Trabajo, salvo que haya enviado un oficio con ese cargo”, enfatizó.
Finalmente, el presidente de la Comisión, diputado Marcelo Schilling (PS), argumentó que hasta ahora su convicción es desestimar la razón de exculpación de la Ministra, debido a que, indicó, para tratar gran parte del origen de ambas acusaciones constitucionales hubo una interpelación. “Esto es una causal de exoneración de responsabilidad constitucional de la Ministra en la acusación que estamos viendo”, reiteró.
En esta línea, el legislador declaró que la comisión debería escuchar no solo a constitucionalistas, sino que a expertos en derecho administrativo que les puedan hacer ver cuál es la situación y la diferencia entre ser el jefe director del servicio y Ministro. “En el libelo acusatorio se esgrimen sobre todo referencias a la Constitución y por lo mismo, la relevancia que tiene el haber hecho la lista de invitados es para conocer los fundamentos de la acusación constitucional”, concluyó.
Para las próximas sesiones se espera que los diputados escuchen a abogados constitucionalistas, expertos en derecho administrativo y testigos sugeridos por los acusadores, entre los cuales se encuentra el exdirector de Gendarmería, Tulio Arce.
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