diputados: Comisión de Trabajo inició investigación al proceso de entrega de beneficios a exonerados políticos

Publicado el 17 de octubre del 2011



La sesión contó con la exposición del Ministro Hinzpeter y del Subsecretario Ubilla, quienes explicaron los alcances de las indagatorias efectuadas por el Ministerio del Interior para determinar los casos que, habiendo sido calificados positivamente, no contaban con los requerimientos legales.





Con la participación del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, y del Subsecretario del ramo, Rodrigo Ubilla, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados inició su investigación respecto de las posibles irregularidades en el proceso de otorgamiento de beneficios previsionales a exonerados políticos.



El Ministro indicó que hoy hay 157 mil personas que están calificadas como exonerados políticos y que reciben diversos beneficios fiscales, siendo el más importante el de carácter previsional. Dijo que, con el fin de obtener dichas garantías hubo personas que, incluso, llegaron a falsear documentos públicos, antecedentes que ya fueron entregados a la justicia para su investigación y eventual proceso.



El Subsecretario Ubilla explicó que las tres leyes que abordan esta materia definen un beneficio de carácter previsional a los exonerados de la administración del Estado, empresas públicas, organismos públicos y empresas privadas que fueron intervenidas. Acotó que, para obtenerlo, las personas debían acreditar haber trabajado en dichos lugares en los períodos en que duró el Gobierno Militar, esto es, hasta 1989, y que su exoneración se debió a razones políticas.



Precisó que los beneficios fiscales son: un abono de tiempo por gracias (se completan lagunas previsionales); pensión de por vida de 150 mil pesos, la cual es heredada hasta por dos tercios de la misma; y un programa de salud para el beneficiario y sus familias.



Dijo que la investigación, iniciada el año pasado y profundizada este año a través de un estudio aleatorio de 4.500 casos, pudimos distinguir siete tipos de situaciones irregulares:



1. Exonerados de empresas no calificadas (las empresas nunca fueron intervenidas o se señala un período en que la intervención ya no corría).

2. Certificados de parlamentarios y autoridades políticas (más que un apoyo o referencia, se presentaron como el único respaldo para acreditar la calidad de exonerado político, sin mediar otro documento).

3. Documento alterados o falsificados.

4. Calificaciones de menores de edad (74 casos en que las personas tenían edades entre 14 a 17 años y en que no hubo ningún otro respaldo que apoyara la declaración).

5. Partidos políticos y algunos movimientos (calificación de funcionarios de partidos o movimientos políticos)

6. Funcionamiento de la Comisión Asesora Ministerial (decisiones no acuciosas y poco prolijas, citando como ejemplo el hecho que en una sola reunión se revisaran en 540 carpetas, con todos sus documentos, en menos de tres horas).

7. Falta de respuesta a requerimientos de organismo o particulares (125 denuncias de distintas agrupaciones y de personas individuales que habían entregado vía oficio declaraciones de personas que estaban siendo calificadas como exoneradas y no debían tener esa calidad).



Debate



Inicialmente, ambas autoridades señalaron que la intención es llegar a revisar 50 mil carpetas, pero frente a la solicitud de los diputados de la Comisión, aprobada poco antes del término de la sesión, dejaron abierta la posibilidad de emprender una indagatoria mayor abarcando la totalidad de los casos.



Detallaron que, de los casos revisados se pudo detectar que, aproximadamente, dos de cada diez presentaba algún tipo de irregularidad. Precisaron que de los 257 mil expedientes de solicitudes, 157 mil están ya calificados como exonerados, desconociéndose cuántos pudieron haberse rechazado durante los procesos de calificación anteriores. Agregaron que, en la actual administración, se han analizado 218 casos, de los cuales 132 fueron rechazados y 63 fueron aprobados.



Frente a otras consultas, el Ministro informó que el Gobierno Central tenía aproximadamente 105 mil funcionarios hacia 1990 y reconoció que la ley de la época permitía que trabajaran quienes tuvieran entre 14 y 18, con la respectiva autorización del padre, e, incluso, entre los 12 y los 14 años, si los menores tenían cumplida la educación primaria.



En el debate, el oficialismo fue enfático en cuestionar el hecho que se haya emitido una cantidad importante de certificados por parte de parlamentarios en años electorales y, en general, criticaron la presencia en la Comisión Investigadora de diputados de oposición que hayan participado de ese proceso.



Al respecto, el presidente de la instancia, diputado Felipe Salaberry (UDI), recogió el planteamiento en orden a solicitar la inhabilidad de dichos parlamentarios, al momento de votar el informe de esta instancia, recalcando que se hará valer el reglamento.



Por su parte, los diputados de oposición manifestaron su total disposición para investigar hasta las últimas consecuencias los hechos y llamaron a indagar todos los casos que pudieran ser cuestionados, mencionando en el caso, algunos representantes emblemáticos de la derecha que serían beneficiados también como exonerados políticos.



Además, llamaron a hacer una ponderación de la situación que se presentaba en la época, en que muchos casos no quedaron registros ni documentos, ya que fueron destruidos; y solicitaron que no se efectúen acusaciones ni juicios de valor a los parlamentarios que entregaron certificados, antes de que se determine la real situación.



Según acordó la Comisión, los próximos invitados a la instancia serán las distintas agrupaciones de exonerados políticos y el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza.