diputados: Comisión de Vivienda aprueba conclusiones en investigación del llamado “caso Kodama”




Publicado el 14 de octubre del 2011



La instancia sesionó hoy brevemente en la sede parlamentaria de Santiago y, sin la presencia de representantes opositores, aprobó las conclusiones de la investigación sobre el Caso Kodama en base a una propuesta de diputados de la Alianza.





La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados celebró este viernes una breve sesión en la sede parlamentaria de Santiago con el objeto de analizar y votar las conclusiones de la investigación que le encomendó la Sala sobre posibles irregularidades producidas con motivo de la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda, a cargo de la empresa constructora Kodama.



Cabe recordar que la comisión investigadora solicitó esta semana a la Sala una prórroga de quince días de su mandato con el propósito de discutir y acordar las conclusiones del informe, pero el rechazo de las bancadas opositoras no permitió reunir el quórum mínimo de votación requerido para aprobar dicha extensión de plazo.



La instancia especializada de la Cámara fue mandatada para investigar las presuntas irregularidades relacionadas con la negociación de un acuerdo extrajudicial entre el SERVIU y la empresa Kodama que implicaba el desembolso fiscal de 17 mil millones de pesos como indemnización a la constructora por sobrecostos de la obra de construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda, del Transantiago.



Dicho pago fue objetado por la Contraloría, paralizado por la entonces ministra de Vivienda, Magdalena Matte, y es objeto de investigación por parte de la Fiscalía Centro Norte por el presunto delito de fraude al Fisco. Además, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella a raíz de este caso. El episodio derivó en las renuncias de la ministra Matte y el subsecretario Andrés Iacobelli, además de la salida de los directivos del SERVIU que participaron en las tratativas con Kodama, entre ellos el director metropolitano Antonio Llompart, el subdirector jurídico Rafael Marambio y el subdirector de pavimentación Franz Greve. También es objeto de la indagación penal el abogado Álvaro Baeza, asesor jurídico de la ex ministra.



Al término de la sesión de la Comisión de Vivienda, su presidenta, la diputada Claudia Nogueira (UDI), declaró que “el plazo para concluir nuestro trabajo vencía el 18 de octubre pero hoy se han presentado las conclusiones y se sometieron a aprobación en base a un texto aportado por diputados de la Alianza, ya que la Concertación, a pesar de que había plazo para presentar su propuesta de conclusiones, no lo hizo”.



Al resumir dichas conclusiones, la parlamentaria señaló que éstas “van en la dirección de mejorar los mecanismos de control que tiene el SERVIU, que no funcionaron en su oportunidad para impedir que se cometieran los hechos que hoy están siendo investigados por la Fiscalía, donde se trató de burlar a la Contraloría y en que también el Consejo de Defensa del Estado se ha querellado”.



“Queda establecida en el informe la responsabilidad de algunos personeros que intervinieron en la transacción por 17 mil millones de pesos y también se da cuenta de una serie de anomalías que se produjeron desde la licitación del corredor Pedro Aguirre Cerda, el contrato y la posterior ejecución del mismo, donde también hubo varias cosas que no estuvieron en forma y fueron dichas en su oportunidad por algunos invitados ante la Comisión”, puntualizó la diputada Nogueira.



Consultada por eventuales responsabilidades políticas y administrativas que hayan surgido en esta investigación parlamentaria, la presidenta de la Comisión sostuvo que “es de público conocimiento que la ministra asumió su responsabilidad renunciando, al igual que los miembros de la plana mayor del SERVIU que intervinieron directamente en la transacción judicial, como los señores Marambio, Llompart y Greve. En las conclusiones dejamos establecido que ellos actuaron al menos con imprudencia e impericia y no hubo mecanismos de control que dijeran a tiempo que no se permitía llegar a esos montos sin una investigación un poco mas profunda y con informes que acreditaran la legitimidad de los montos que se reclamaban”.



“La Fiscalía está investigando varias aristas de este caso y eso está radicado en sede judicial pero las responsabilidades políticas fueron asumidas en su momento y los funcionarios tanto del Ministerio (de Vivienda) como del SERVIU que tuvieron algún grado de participación en esta transacción judicial asumieron su responsabilidad y renunciaron en su momento”, recalcó la presidenta de la comisión investigadora.



Además de la diputada Nogueira, aprobaron las conclusiones los diputados Ignacio Urrutia (UDI), Nicolás Monckeberg (RN), Felipe Salaberry (UDI) y José Antonio Kast (UDI).

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