Penas para robo de cajeros automáticos genera discrepancias entre senadores

La Sala aprobó en general el proyecto, en segundo trámite, haciendo énfasis en la necesidad que sea revisado también en particular por la Comisión de Constitución.





Por 16 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el proyecto que sanciona con hasta cinco años de cárcel el robo de cajeros automáticos.





No obstante, quedó pendiente la definición del plazo de indicaciones y si el proyecto sería también discutido en particular por la Comisión de Constitución.





Durante la sesión intervinieron los senadores Alejandro García-Huidobro, Eugenio Tuma, Alejandro Navarro, Jaime Orpis, Ricardo Lagos Weber, José Antonio Gómez, Hernán Larraín, Juan Pablo Letelier, Jaime Quintana, Isabel Allende, Andrés Zaldívar, Senador Alberto Espina, Mariano Ruiz-Esquide, Jovino Novoa, Camilo Escalona, Patricio Walker y Pedro Muñoz Aburto junto al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristian Larroulet.





En el debate, senadores de diversos sectores insistieron que la iniciativa sea analizada en la Comisión de Constitución, instancia especializada en resolver dichos temas vinculados a la seguridad pública.





El senador García-Huidobro, destacó que "existe en nuestra sociedad, sobre todo, en regiones apartadas una necesidad de contar con cajeros automáticos. Los comercios, tienen el temor de instalarlos, pero tenemos que dar una señal a todos y aprobar el proyecto que aumenta las penas a dichos robos".





El senador Tuma, quien me mostró en contra de la iniciativa, argumentó que "¿por qué será más penalizado robar un cajero automático que un pequeño comercio. Es cierto que los usos de los cajeros facilitan la vida, pero el que nos prestemos como poder del Estado para proteger especialmente a ellos, cuyos propietarios son los bancos, que tienen seguros al respecto, me parece discriminatorio".





En ese mismo sentido, el senador Navarro explicó "la clave para combatir la delincuencia no está en el aumento de las penas, sino en la prevención y en tener una mirada más global al respecto. Son necesarios los cajeros, pero no estamos hablando de un servicio de utilidad pública, sino de uno privado, donde los bancos lucran y ellos deberían pagar en más seguridad".





El senador Orpis, concordó con su par, Navarro, porque este proyecto no eliminará el problema de la delincuencia y comentó que "hay que tener una visión más global sobre el tema. En el Senado se están discutiendo además diversos proyectos sobre reinserción social y rehabilitación".





Mientras, el senador Lagos Weber dijo que "el gobierno tiene errada las prioridades. Los bancos ya están asegurados, y donde se hace más daño es en las comunidades, donde se roban por ejemplo computadores a los clubes. El aumentar las penas para el robo de cajeros automáticos, no va a disuadir a nadie, ellos lo harán igual".





El senador Gómez, calificó que el proyecto como "de mala calidad" y señaló "no entiendo porque el gobierno pretende tipificar algo que ya existe en el Código Penal, en el artículo 442, sobre robo en lugar no habitado, donde se establece, que se castigará en presidio menor en su grado máximo. El debate debiera ser obligar a los bancos a tener más seguridad, además el Ministerio Público ya ha dicho que necesita 156 fiscales y 187 funcionarios más y si tampoco se ha escuchado a ellos al respecto".





El senador Larraín Fernández, insistió que el gobierno cuenta con una serie de iniciativas legales en contra de diversos delitos, "además, los parlamentarios también pueden presentar proyectos en materia sobre prevención de delitos, ¿y por qué no lo hacen? Me preocupa el ideologismo en contra del lucro, entonces si una empresa o una pyme lo persiga, entonces será ¿válido que lo asalten?"





El senador Letelier, afirmó que "llama la atención que los actores públicos debe gastar tanto en algo que tienen que hacer los privados; vemos con tanto optimismo el anuncio del Ministerio de Justicia de avanzar en la Reforma Procesal Civil y en un nuevo Código Civil. Las penalidades de nuestro país ya son altas y no estoy dispuesto de aumentarlas y que hayan más personas en las cárceles".





El senador Quintana aseguró que este proyecto "responde a una política criminal errada del gobierno, al igual como lo fue el proyecto "anti tomas". Los bancos han sido negligentes y no han actuado con mínimo de prudencia; es inconveniente crear una legislación a la medida de ellos, además algunos ya han implementado los dispositivos de marchar los billetes, en caso de que se muevan los cajeros de su lugar".





La senadora Allende señaló que "comparto cuando se dice que está errado el enfoque del proyecto, porque ya está tipificado el delito. Pero destaco el artículo 2 que obliga a las instituciones financieras a reñirse a las normas del Ministerio del Interior".





Una visión distinta presentó el senador Zaldívar, quien se mostró a favor de la iniciativa y también subrayó la importancia del artículo 2 del proyecto, "las instituciones bancarias deben tomar todas las medidas de seguridad, el uso de los cajeros es un beneficio muy importante para las comunidades".





El senador Espina advirtió que "quienes asaltan los cajeros automáticos, usan el dinero robado para inducirse en el mundo del microtráfico de drogas, donde venden al por menor, en organizaciones mafiosas que están instaladas en las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Este delito ha aumentado en los últimos cinco años cerca de 178%, no debemos olvidar que esos delincuentes, tienen vehículos y actúan en grupos".





El senador Novoa, criticó que "cada vez que se trata cualquier proyecto nuestros sectores son acusados de defender a los más poderosos; para mí es tan grave los delitos de cuello y corbata como aquellos donde las personas que se hacen pasar falsamente por exonerados. No hay que olvidar que el objetivo del proyecto es proteger un sistema que le da beneficio a mucha gente, y no se está tipificando ningún delito nuevo".





Los senadores Escalona y Muñoz Aburto indicaron la presencia de políticas contradictorias del gobierno, con respecto a que hay iniciativas que apuntan a establecer indultos, para alivianar el número de encarcelados y por otro lado, las que buscan incrementar las penas.





En tanto, los senadores Ruiz-Esquide y Walker, quienes se abstuvieron de votar, manifestaron que esperan que la Comisión de especializada de Constitución analice dicho tema, en la siguiente tramitación legal.





Finalmente, el ministro Cristián Larroulet, precisó que "este proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas legales y no legales, que apuntan a combatir la delincuencia. Por ejemplo, ya se están tramitando el uso de brazaletes electrónicos, penas alternativas para no congestionar las cárceles, y se acaba de aprobar el proyecto sobre registro de prófugos y pedófilos, entre tantos otros".