Cámara de Diputados solicita al gobierno suprimir medidas que afectan actividades portuarias
Sala de la Cámara solicita suprimir medidas que afectan actividades portuarias
Publicado el 13 de julio del 2011
Con 57 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados dio su aprobación al Proyecto de Acuerdo 385, que solicita al Presidente de la República suprimir seis medidas de la “Agenda de Impulso Competitivo” referidas a la actividad que se desarrolla en las ciudades puertos de nuestro país.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Víctor Torres (DC), del distrito de San Antonio, quien precisó que todos los sectores económicos y laborales de las ciudades puerto se han manifestado en contra de la aplicación de algunas de las medidas de la “Agenda de Impulso Competitivo” que afectan la actividad portuaria porque consideran que dichas propuestas afectan el empleo y sus potencialidades futuras.
Las medidas cuestionadas de la citada agenda son seis: Más competencia en transporte marítimo de carga y pasajeros dentro de Chile (18); Almacenes extra portuarios, más opciones (23); Trámites aduaneros: más competencia (24); Transporte caminero: normas técnicas más modernas (25); Transportistas multimodales: nueva modalidad logística (26); y Aduanas (27).
El Proyecto de Acuerdo 385 señala en sus fundamentos que el ingreso de naves extranjeras al cabotaje va contra las normas contempladas en todos los países para proteger el cabotaje nacional, que genera empleo a la población local. También cuestiona los almacenes extraportuarios planteando que al aumentar la distancia de éstos con los puertos marítimos generan mayores costos por los desplazamientos y dificultan las labores de control y fiscalización, así como un encarecimiento de los seguros.
Asimismo, se rechaza la modificación de los trámites aduaneros argumentando que ello produciría una mayor concentración en el mercado generando un oligopolio de oferentes de estos servicios, con un esperable aumento en los precios.
Del mismo modo, advierte del riesgo de una disminución importante de la recaudación tributaria que aporta Aduana al erario nacional y pérdida de calidad de las estadísticas del comercio exterior, así como el aumento de riesgos para la seguridad nacional, salud de los habitantes y patrimonio fitosanitario.
El Proyecto de Acuerdo refuta también las medidas antes descritas previniendo que dificultarán la modernización de los servicios ligados al comercio exterior.
Publicado el 13 de julio del 2011
Con 57 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados dio su aprobación al Proyecto de Acuerdo 385, que solicita al Presidente de la República suprimir seis medidas de la “Agenda de Impulso Competitivo” referidas a la actividad que se desarrolla en las ciudades puertos de nuestro país.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Víctor Torres (DC), del distrito de San Antonio, quien precisó que todos los sectores económicos y laborales de las ciudades puerto se han manifestado en contra de la aplicación de algunas de las medidas de la “Agenda de Impulso Competitivo” que afectan la actividad portuaria porque consideran que dichas propuestas afectan el empleo y sus potencialidades futuras.
Las medidas cuestionadas de la citada agenda son seis: Más competencia en transporte marítimo de carga y pasajeros dentro de Chile (18); Almacenes extra portuarios, más opciones (23); Trámites aduaneros: más competencia (24); Transporte caminero: normas técnicas más modernas (25); Transportistas multimodales: nueva modalidad logística (26); y Aduanas (27).
El Proyecto de Acuerdo 385 señala en sus fundamentos que el ingreso de naves extranjeras al cabotaje va contra las normas contempladas en todos los países para proteger el cabotaje nacional, que genera empleo a la población local. También cuestiona los almacenes extraportuarios planteando que al aumentar la distancia de éstos con los puertos marítimos generan mayores costos por los desplazamientos y dificultan las labores de control y fiscalización, así como un encarecimiento de los seguros.
Asimismo, se rechaza la modificación de los trámites aduaneros argumentando que ello produciría una mayor concentración en el mercado generando un oligopolio de oferentes de estos servicios, con un esperable aumento en los precios.
Del mismo modo, advierte del riesgo de una disminución importante de la recaudación tributaria que aporta Aduana al erario nacional y pérdida de calidad de las estadísticas del comercio exterior, así como el aumento de riesgos para la seguridad nacional, salud de los habitantes y patrimonio fitosanitario.
El Proyecto de Acuerdo refuta también las medidas antes descritas previniendo que dificultarán la modernización de los servicios ligados al comercio exterior.
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